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Fabiola Pomareda García
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Una de las mineras nicaragüenses sancionadas por el Departamento de Tesoro de Estados Unidos, Thomas Metal S.A., está en Las Cruces, a 3 kilómetros de la margen derecha del Río San Juan y dentro de la Reserva Biológica Indio Maíz, donde según la organización ambiental nicaragüense Fundación del Río se está procesando y comercializando el oro extraído de forma ilegal de Crucitas y ahora del cerro Conchudita.
El pasado 16 de abril, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento de Tesoro de EE. UU. anunció la aplicación de sanciones a siete compañías mineras que operan en Nicaragua.
De acuerdo con el comunicado, “la dictadura Ortega Murillo ha buscado llenar sus propios cofres mediante el uso de estas compañías mineras de oro y co-conspiradores, confiscando inversiones estadounidenses en Nicaragua y usándolas para generar recursos y mantener su poder político”, dijo el Secretario del Tesoro de EE. UU. Scott Bessent.
Se trata de las empresas Exportadora de Metales Sociedad Anonima (EMSA), Grupo Minero Xiloa S.A., Nicaragua Xinxin Linze Mineria Group S.A. (Xinxin), Brother Metal S.A., Zhong Fu Development S.A., Santa Rita Mining Company S.A. y Thomas Metal S.A. –descrita como una empresa de oro nicaragüense a la que el régimen le ha otorgado concesiones mineras que abarcan decenas de miles de acres-.
Las sanciones significan que, a partir de ahora, la OFAC bloquea todas las propiedades, cuentas y bienes de estas empresas en EE. UU. y prohíbe las transacciones financieras por parte de personas o compañías en EE. UU. con estas.
Concesiones para la explotación de oro
Según el Departamento del Tesoro, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha colocado a sus familiares en puestos clave para mantener el control de sectores cruciales de la economía nicaragüense. Desde 2020, ha reestructurado el sector minero en una compleja red de “empresas fachada” diseñadas para “generar moneda extranjera, lavado de activos sancionados y reforzar el control político para su propio beneficio”.
También afirmó que este “esquema de control gubernamental corrupto” es manejado por dos individuos que también fueron sancionados: Laureano Ortega Murillo, hijo de Murillo y de Ortega; y Salvador Mansell Castrillo, ministro de Energía y Minas de Nicaragua, sancionado desde el 15 de noviembre de 2021.
Asimismo, el Departamento manifestó que altos funcionarios de la dictadura Ortega Murillo se han beneficiado del aumento en las exportaciones de oro de Nicaragua en años recientes, gracias “al rol descomunal que juega la empresa minera estatal Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas) en canalizar ganancias a aliados del sector privado y personas del interior del régimen”.
“Eniminas -sancionada por la OFAC desde el 17 de junio de 2022 – ha sido autorizada por el régimen Ortega-Murillo para decidir cuáles compañías usa para la explotación de las reservas de oro y otros materiales mineros”, añadió la comunicación.
La OFAC también sancionó a Daniel Edmundo Ortega y Maurice Ortega, hijos de Daniel Ortega y Rosario Murillo; el viceministro de Energía y Minas, Santiago Hernán Bermúdez Tapia; el representante legal de la Compañía Minera Internacional S.A. (Comintsa), Nelson Francisco Sobalvarro; y el abogado Lester Matus Tamariz. Todos fueron señalados por EE. UU. de haber facilitado la confiscación de propiedades pertenecientes a ciudadanos estadounidenses.
Hasta el momento no ha habido declaraciones inmediatas de las personas o empresas sancionadas, según la agencia Reuters.
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Organización expone cómo se procesa y comercializa el oro de Crucitas en Las Cruces, al otro lado del río San Juan
Minería ilegal en el lado costarricense no se detendrá si no se cierra procesamiento semi-industrial en el sector de Las Cruces, Nicaragua, advirtió la Fundación del Río.
“Les compran el oro en efectivo”
El biólogo Amaru Ruiz, de Fundación del Río, afirmó a inicios de marzo, que la minería ilegal en el lado costarricense no se detendrá mientras no se cierre la actividad ilegal de procesamiento semiindustrial que se está dando en Las Cruces, Nicaragua.
En un estudio realizado por la Fundación, se identificaron al menos 11 lotes mineros en zonas limítrofes de Nicaragua con Honduras y con Costa Rica. En el caso de los cuatro lotes de concesiones otorgadas en la zona limítrofe con Costa Rica, el lote La Guinea, que le pertenece a la empresa Thomas Metal S.A., “es el que ha generado mayor tensión”, señala la investigación.
Ese lote se ubica a menos de 300 metros del Río San Juan, y dentro de este se practica la minería ilegal en el sector de Las Cruces, indicó la Fundación. Las Cruces es un campamento donde hay entre 3.000 y 4.000 personas dedicándose a esta actividad, añadió.
“En este sitio es donde se está procesando el material minero que viene de la extracción ilegal de Crucitas y Conchudita de Costa Rica; además, se han registrado compras de oro en efectivo”, denunció la Fundación.
Ruiz explicó que este fenómeno es muy reciente, ya que desde aproximadamente junio de 2025 se empezó a reportar la salida de material de Crucitas y cerro Conchudita hacia Las Cruces.
“En Las Cruces, a los mineros artesanales le están comprando el oro al ‘cash’, en efectivo”, dijo Ruiz, quien aclaró que la empresa minera no tiene planta instalada en el sitio; pero dentro del lote se recibe y se comercializa el oro.
“Es importante señalar que toda la actividad que se realice dentro de una concesión otorgada es responsabilidad directa de la empresa minera dueña de la concesión”, agregó.
Cambios a partir de 2022
De acuerdo con un estudio realizado por Fundación del Río, a partir de 2022 se generó un cambio importante en las concesiones para la explotación minera en Nicaragua, que se ha caracterizado por procesos compactos de entrega de concesiones, cambios en las salvaguardas ambientales y sociales, incremento de la minería ilegal y en el tráfico de mercurio.
Entre otras cosas, la Fundación ha denunciado que con la aprobación de la Ley 1248, “Ley de Áreas de Conservación Ambiental y Desarrollo Sostenible”, en mayo de 2025 se derogó el Decreto Ejecutivo 01-2007 para legalizar las actividades mineras dentro de los territorios de áreas protegidas.
Asimismo, se refirió a las reformas realizadas a nivel municipal, que ahora permiten a los municipios otorgar el aval ambiental a la actividad minera en su territorio administrativo mediante «consultas exprés», que evitan procedimientos participativos con los gobiernos locales y regionales, facilitando el avance minero a pesar del rechazo de las comunidades indígenas.
Ruiz detalló que al menos 29 lotes mineros otorgados están afectando territorios indígenas y afrodescendientes del país, violando estándares de consulta a pueblos indígenas.
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