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Memorándum previamente secreto dio base legal a misión estadounidense para atrapar a Maduro
El Departamento de Justicia concluyó que ni el derecho de EE. UU. ni el internacional limitaban la autoridad del presidente Trump.
The Washington Post/Jeremy Roebuck, John Hudson
15 de enero de 2026
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00:05h
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Nicolás Maduro enfrenta ahora un proceso legal en Estados Unidos que podría costarle una larga condena a prisión. (Foto Prensa Libre:shutterstock)
El Departamento de Justicia concluyó en una opinión legal el mes pasado que ni el derecho estadounidense ni el derecho internacional limitaban la autoridad del presidente Donald Trump para ordenar el arresto con respaldo militar del presidente venezolano Nicolás Maduro, según una copia del documento hecho público el martes. El memorando, redactado el mes pasado por la Oficina de Asesoría Jurídica del departamento, argumentaba que el presidente tenía “autoridad constitucional inherente” para desplegar fuerzas militares y respaldar un arresto del FBI en el extranjero, incluso si violaba tratados internacionales. También afirmaba que Trump no necesitaba solicitar autorización previa del Congreso para hacerlo.
“El presidente puede ordenar unilateralmente tal operación, ya que la cantidad de fuerza involucrada sirve a importantes intereses nacionales e implica un uso de fuerza que podría concluir razonablemente que no alcanza el nivel de guerra en un sentido constitucional”, escribió el fiscal general adjunto T. Elliot Gaiser en el memorando, fechado el 23 de diciembre. Aunque la versión publicada del memorando contiene muchos fragmentos censurados, ofrece información sobre los fundamentos legales que sirvieron de base a las acciones de Trump. La administración Trump continúa enfrentando una oleada de cuestionamientos sobre la legalidad del operativo del 3 de enero que condujo a la captura de Maduro y su esposa.
Los críticos han afirmado que el operativo, cuyo nombre en clave es Resolución Absoluta, violó tratados internacionales, incluida la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe a las naciones desplegar fuerza militar dentro de otro país sin su permiso, excepto en casos de legítima defensa o con autorización previa del Consejo de Seguridad de la ONU. El memorando admitió que la operación “constituirá un conflicto armado bajo el derecho internacional” y planteó dudas sobre si cumpliría con los tratados, pero dijo que, de todas formas, el presidente tenía autoridad para proceder.
Al menos 80 personas murieron durante el operativo, entre ellas militares venezolanos, personal de seguridad cubano de Maduro y civiles. Varios soldados estadounidenses resultaron heridos, aunque no se reportaron víctimas mortales estadounidenses. El gobierno ha defendido ampliamente la incursión como una operación policial respaldada por militares, cuyo objetivo era traer a Maduro a Estados Unidos para ser juzgado por narcotráfico. Sin embargo, en entrevistas, miembros del gabinete presidencial se han mostrado reticentes a detallar los fundamentos legales de la operación.
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“Permítame hacer la pregunta nuevamente: ¿Cuál es la autoridad legal para que Estados Unidos controle Venezuela?”, le preguntó el presentador del programa This Week de ABC, George Stephanopoulos, al secretario de Estado Marco Rubio el 4 de enero, el día después de la redada. Rubio no respondió directamente pero defendió la presencia de una armada estadounidense alrededor de Venezuela para detener barcos que han sido sancionados por el Departamento del Tesoro. Los funcionarios de la administración comenzaron a informar a los legisladores sobre el memorando de diciembre de la Oficina de Asesoría Jurídica en sesiones a puertas cerradas esta semana.
El memorando se basa en una controvertida opinión legal de 1989 del entonces fiscal general adjunto William P. Barr que concluyó que los tratados internacionales no impiden a Estados Unidos llevar a cabo “secuestros forzosos” en el extranjero para hacer cumplir las leyes nacionales. Ese memorando se utilizó ese año para justificar el despliegue de fuerzas estadounidenses por parte del presidente George H. W. Bush para capturar al general Manuel Antonio Noriega, quien, al igual que Maduro, había sido acusado de narcotráfico en Estados Unidos. Los tribunales confirmaron el derecho del gobierno a juzgar a Noriega, quien fue declarado culpable de narcotráfico en 1992 y condenado a 40 años de prisión federal.
Al redactar la opinión legal sobre la operación contra Maduro el mes pasado, Gaiser afirmó haber dado por sentado el memorando anterior de Barr y haber centrado su análisis legal principalmente en si la incursión planeada violaba la legislación estadounidense y si se requería la autorización del Congreso. En ambos casos, concluyó Gaiser, la respuesta fue no. Gaiser reconoció que la operación plantearía una serie de cuestiones de derecho internacional, pero escribió que no llegó a una conclusión firme sobre si el ataque, tal como le habían descrito de antemano los funcionarios de la administración, constituiría una violación de los tratados.
En cuanto a si el presidente podría desplegar unilateralmente la fuerza militar para llevar a cabo la misión, Gaiser señaló años de opiniones del Departamento de Justicia que han concluido que un presidente tiene la autoridad de emitir tales órdenes si un despliegue es de interés nacional y si su “naturaleza, alcance y duración” no alcanzan lo que se consideraría una guerra en un sentido constitucional. La operación, realizada antes del amanecer, involucró a más de 150 aviones lanzados desde 20 lugares diferentes, incluidos aviones de combate, aviones que se especializan en interferencias electrónicas, bombarderos supersónicos B-1 y otros que están diseñados para detectar advertencias tempranas de lanzamientos de misiles.
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Gaiser señaló que la operación propuesta implicaba el tipo de fuerza que probablemente requeriría la aprobación del Congreso: desplegar tropas sobre el terreno. Sin embargo, dado que el gobierno le aseguró que no existía ningún plan para ocupar el país a largo plazo ni para emprender un esfuerzo militar sustancial y sostenido en Venezuela tras la captura de Maduro, no era necesario solicitar la aprobación previa del Congreso, afirmó. Un legislador estadounidense que leyó la versión clasificada del memorando afirmó que la Casa Blanca claramente tiene un estándar muy alto para lo que considera una guerra.
El legislador habló bajo condición de anonimato para poder hablar sobre el memorando clasificado. Presidentes anteriores también han establecido estándares muy altos para los tipos de acciones militares que requieren la aprobación del Congreso. Al defender su punto, Gaiser argumentó que se esperaba que el número de posibles bajas estadounidenses previstas para la operación contra Maduro fuera mucho menor que lo que “equivaldría a una guerra constitucional”. Señaló que Estados Unidos sufrió más de 40 mil bajas en la guerra de Vietnam y más de 4,000 en la guerra de Irak. La versión sin editar del memorando también señalaba que cada año, 300 militares estadounidenses mueren en accidentes, según el legislador estadounidense que tuvo acceso al documento.
Esta opinión de que el derecho internacional y la Carta de la ONU no vinculan al presidente estadounidense es muy significativa y muy peligrosa.
“Dice que no tenemos un umbral numérico específico para el sentido constitucional de guerra, pero es un número que debemos tener en cuenta”, dijo el legislador. En entrevistas realizadas el martes, expertos legales y algunos miembros del Congreso criticaron duramente el razonamiento jurídico del memorando. Brian Finucane , experto legal del International Crisis Group, criticó duramente lo que describió como un desprecio del memorando por el derecho internacional en beneficio de teorías jurídicas que podrían justificar una amplia gama de conflictos militares estadounidenses.
“Esta opinión de que el derecho internacional y la Carta de la ONU no vinculan al presidente estadounidense es muy significativa y muy peligrosa”, afirmó. “Sin duda, esto envalentona al presidente”, añadió, y “podría ser parte de la razón por la que hemos visto estas referencias a acciones en México, Colombia, Irán e incluso contra Dinamarca”. La representante Sara Jacobs (demócrata de California), miembro del Comité de Servicios Armados, acusó a los abogados del Departamento de Justicia de “intentar hacer todo lo posible” para justificar los deseos de Trump. “Pero así no funciona el derecho estadounidense ni el internacional”, dijo. “Me preocupa muchísimo que, si este es su criterio de lógica y el estado de derecho, entonces crean que cualquier lugar es blanco legítimo para ataques militares estadounidenses o cambios de régimen, incluso sin autorización del Congreso, y actúen en consecuencia”.
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