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Moisés Cáceres
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El cierre del puente internacional sobre el río San Miguel cambió la dinámica económica en la frontera entre Ecuador y Colombia. La medida, vigente desde finales de diciembre de 2025, interrumpió el paso entre ambos países y dejó en pausa uno de los principales corredores de intercambio en la región amazónica.
En esta zona del departamento de Putumayo, el comercio, el transporte y la movilidad dependen de la conexión fronteriza, que ahora permanece bloqueada por decisión del Gobierno de Ecuador como parte de acciones de seguridad en zonas limítrofes.
La crisis se refleja en la ausencia de clientes, pasajeros y oportunidades. Pedro Grijalba, conductor de transporte público, describe el impacto desde el puente cerrado con rejas metálicas del lado ecuatoriano: “no sale ni un viaje”. Antes del cierre realizaba hasta tres recorridos diarios, con ingresos que sostenían a su familia.
Ahora, su situación cambió. Indica que apenas cubre lo básico y que debe buscar alternativas “a veces para la media comidita”. También advierte que el poco movimiento que queda se desplaza hacia la informalidad, donde “la gente se pasa ilegal y hay mucha piratería”.
La dinámica comercial se trasladó a la orilla del río San Miguel. Canoas con motor sustituyen al puente como vía de conexión y convierten un paso regulado en un cruce improvisado sin control oficial.
José Mesa, comerciante del lado ecuatoriano, señala que su negocio dependía del flujo diario de personas. Con el cierre, afirma: “no hay comercio, no hay a quién vender”. Para sostener a su familia, cruza el río hacia Colombia. Reconoce que lo hace “prácticamente de manera ilegal” para intentar recuperar parte de los cerca de 100 dólares diarios que antes obtenía, ingresos que ahora no alcanzan ni una tercera parte.
En el lado colombiano, Francisco Gómez resume la situación: “todo, absolutamente todo, se ha vuelto ilegal”. Según explica, la falta de controles obliga incluso a actividades formales a usar rutas alternas.
El impacto supera lo local. Este paso formaba parte de una vía regional que, según Gómez, “no era solo un puente, era una vía interoceánica”. Su cierre obliga a desviar a los viajeros hacia pasos como Ipiales, en el departamento de Nariño, a cientos de kilómetros, lo que genera costos adicionales.
La tensión entre Ecuador y Colombia aumentó a finales de enero de 2026. Quito impuso aranceles a productos colombianos por temas de seguridad. Bogotá respondió con medidas similares, el cierre al ingreso de productos ecuatorianos y la suspensión de la interconexión eléctrica. Este escenario profundizó una guerra comercial que también golpea la frontera.
Ecuador y Colombia prevén retomar el diálogo en Lima, en el marco de la Comunidad Andina (CAN), con el objetivo de encontrar una salida que permita reabrir este paso estratégico.
Mientras tanto, habitantes de la zona cuestionan la medida. José Mesa afirma: “si es para evitar grupos armados, ellos por aquí no van a pasar”. Pese a las diferencias, coinciden en un reclamo común: una solución pronta que permita recuperar el comercio formal.
También advierten que las decisiones se toman lejos de la frontera y sin considerar la realidad de quienes dependen del flujo diario. La crisis se mantiene y afecta con mayor fuerza a las comunidades más vulnerables.
Con información de EFE
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En esta zona del departamento de Putumayo, el comercio, el transporte y la movilidad dependen de la conexión fronteriza, que ahora permanece bloqueada por decisión del Gobierno de Ecuador como parte de acciones de seguridad en zonas limítrofes.
Comercio en la frontera Ecuador Colombia cae tras cierre del puente
La crisis se refleja en la ausencia de clientes, pasajeros y oportunidades. Pedro Grijalba, conductor de transporte público, describe el impacto desde el puente cerrado con rejas metálicas del lado ecuatoriano: “no sale ni un viaje”. Antes del cierre realizaba hasta tres recorridos diarios, con ingresos que sostenían a su familia.
Ahora, su situación cambió. Indica que apenas cubre lo básico y que debe buscar alternativas “a veces para la media comidita”. También advierte que el poco movimiento que queda se desplaza hacia la informalidad, donde “la gente se pasa ilegal y hay mucha piratería”.
Cruces ilegales reemplazan el paso formal en el río San Miguel
La dinámica comercial se trasladó a la orilla del río San Miguel. Canoas con motor sustituyen al puente como vía de conexión y convierten un paso regulado en un cruce improvisado sin control oficial.
José Mesa, comerciante del lado ecuatoriano, señala que su negocio dependía del flujo diario de personas. Con el cierre, afirma: “no hay comercio, no hay a quién vender”. Para sostener a su familia, cruza el río hacia Colombia. Reconoce que lo hace “prácticamente de manera ilegal” para intentar recuperar parte de los cerca de 100 dólares diarios que antes obtenía, ingresos que ahora no alcanzan ni una tercera parte.
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En el lado colombiano, Francisco Gómez resume la situación: “todo, absolutamente todo, se ha vuelto ilegal”. Según explica, la falta de controles obliga incluso a actividades formales a usar rutas alternas.
Cierre del puente San Miguel impacta la economía regional
El impacto supera lo local. Este paso formaba parte de una vía regional que, según Gómez, “no era solo un puente, era una vía interoceánica”. Su cierre obliga a desviar a los viajeros hacia pasos como Ipiales, en el departamento de Nariño, a cientos de kilómetros, lo que genera costos adicionales.
La tensión entre Ecuador y Colombia aumentó a finales de enero de 2026. Quito impuso aranceles a productos colombianos por temas de seguridad. Bogotá respondió con medidas similares, el cierre al ingreso de productos ecuatorianos y la suspensión de la interconexión eléctrica. Este escenario profundizó una guerra comercial que también golpea la frontera.
Diálogo entre Ecuador y Colombia busca salida a la crisis fronteriza
Ecuador y Colombia prevén retomar el diálogo en Lima, en el marco de la Comunidad Andina (CAN), con el objetivo de encontrar una salida que permita reabrir este paso estratégico.
Mientras tanto, habitantes de la zona cuestionan la medida. José Mesa afirma: “si es para evitar grupos armados, ellos por aquí no van a pasar”. Pese a las diferencias, coinciden en un reclamo común: una solución pronta que permita recuperar el comercio formal.
También advierten que las decisiones se toman lejos de la frontera y sin considerar la realidad de quienes dependen del flujo diario. La crisis se mantiene y afecta con mayor fuerza a las comunidades más vulnerables.
Con información de EFE
- Información extra: Frontera entre Colombia y Ecuador
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