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Daniela Muñoz Solano
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Una mayoría de las personas que aspiran a ocupar la presidencia de la República desde el primero de mayo del 2026 y hasta el 2030 antagonizan el actual proyecto de ley 24.290 que legalizaría las jornadas laborales de 12 horas sin pago de horas extras.
UNIVERSIDAD remitió a las 20 candidaturas un cuestionario con 10 preguntas relacionadas con temas económicos, sociales y ambientales para que indicaran si estaban a favor o en contra de ciertas medidas o proyectos, al cual 13 candidatos dieron respuesta.
Las personas candidatas que no dieron respuesta a nuestras preguntas fueron José Aguilar, Luis Amador, Luz Mary Alpízar, Fabricio Alvarado, Douglas Caamaño, Ana Virginia Calzada y Laura Fernández.
De quienes respondieron la pregunta “¿Está usted de acuerdo con la legalización de jornadas laborales ordinarias de 12 horas en el régimen conocido como 4×3”, solo cuatro personas candidatas dijeron estar a favor, sin objeciones a la propuesta actual que discute la Asamblea Legislativa; mientras que otros dos candidatos dijeron estar a favor, pero con reservas; y siete dijeron estar totalmente en contra o en contra a menos que se garantizaran ciertas garantías específicas.
Entre quienes sí aprueban la medida sin objeciones están Natalia Díaz —ex ministra de Presidencia del actual gobierno—, el liberal Eliécer Feinzaig, Juan Carlos Hidalgo —candidato del partido promotor del proyecto— y Fernando Zamora.
Mientras tanto, Ronny Castillo de Aquí Costa Rica Manda y Walter Hernández del Partido Justicia Social Costarricense dijeron estar a favor solo si la medida implicaba avanzar hacia jornadas laborales semanales de 40 horas.
Mientras tanto, Claudio Alpízar de Esperanza Nacional dijo estar a favor de una ampliación de la jornada laboral diaria a 10 horas con un máximo semanal de 40 horas, parecido a Marco Rodríguez del Partido Esperanza y Libertad, quién dijo estar a favor de jornadas laborales diarias de 10 horas pero no de 12.
Claudia Dobles de la Coalición Agenda Ciudadana (antes Partido Acción Ciudadana, que años atrás presentó su propia versión de proyecto de ley para legalizar jornadas laborales de 12 horas) dijo estar en desacuerdo con la versión actual, pero admitió que “es una conversación compleja”.
El liberacionista Álvaro Ramos, por su parte, dijo que su partido estaba en contra de la medida, a menos que se regresara a la versión del proyecto —descartada hace unas semanas por el plenario— en que se garantizaban una serie de medidas a favor de las personas trabajadoras.
Finalmente David Hernández del Partido de la Clase Trabajadora, Boris Molina del Partido Unión Costarricense Democrática y Ariel Robles del Frente Amplio dijeron estar totalmente en contra de la iniciativa, e incluso Molina apuntó que mientras el mundo entero camina hacia la reducción de las jornadas laborales, en Costa Rica hay “unos cabezas calientes” que quieren ampliar las nuestras.
Cabe recordar que desde finales del siglo pasado, en Costa Rica se han discutido diversas iniciativas para ampliar la jornada laboral, entre las que se cuentan proyectos presentados por el Partido Liberación Nacional (PLN), el Partido Acción Ciudadana (PAC) y finalmente el actual, que es de autoridad del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), pero cuenta con el apoyo radical del gobierno.
De hecho, al momento, el plenario legislativo está enfrascado en la discusión de la polémica iniciativa de forma exclusiva, invirtiendo los últimos meses de esta legislatura en un proyecto que parece no tener futuro político.
Las respuestas brindadas por las personas aspirantes a la presidencia reflejan que la clase política del país considera intocable el régimen de Zona Franca, que goza de millonarias exoneraciones fiscales y aporta unos 200.000 empleos directos (menos del 10% de la totalidad de la población empleada).
De las 13 personas que respondieron el cuestionario, 10 indicaron que no revisarían ni modificarían de forma alguna este régimen especial, e incluso algunos dijeron que más bien lo protegerían y potenciarían.
Los únicos candidatos que indicaron que analizarían el régimen excepcional para posibles cambios fueron Claudio Alpízar, quien aseguró que las empresas deben tener un período amplio de exoneración, pero que eventualmente deben contribuir al fisco, y Walter Hernández, quien recordó que incluso la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) le han recomendado al país modificar las exoneraciones para aplicar al menos un impuesto de un 1% sobre las utilidades de las empresas en el régimen especial. David Hernández sencillamente dijo que sí revisaría, modificaría o incluso eliminaría este régimen.
Mientras tanto en el grupo que se niega a siquiera analizar posibles cambios están Ronny Castillo, Natalia Díaz, Claudia Dobles, Eliécer Feinzaig, Juan Carlos Hidalgo, Boris Molina, Álvaro Ramos, Ariel Robles, Marco Rodríguez y Fernando Zamora.
Ramos y Dobles ampliaron su respuesta diciendo que no hay que tocar lo que funciona, y que el país no puede darse el lujo de perder los empleos que ese régimen genera —a pesar de que, según datos del Banco Central, la enorme mayoría de los trabajos en el país los genera la industria nacional en el régimen definitivo—, mientras que Hidalgo, Díaz y Feinzaig aseguraron que protegerían y potenciarían este régimen de forma prioritaria.
Minería y tercerización: males necesarios
De acuerdo a las respuestas de las personas candidatas, la tercerización de los servicios de salud —específicamente de los que brinda la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS)— y la minería metálica son mayormente vistos como males necesarios, medidas que resulta necesario implementar en el contexto actual, pero que no son deseables.
Tanto es así que en el caso de la tercerización de los servicios de salud, solo 3 de 13 personas aspirantes a la presidencia dijeron que usarían la medida sin detallar condiciones específicas, mientras que 7 aceptaron echar mano de contratar servicios al sector privado, pero solo si se cumplen determinadas condiciones.
Natalia Díaz dijo que echaría a mano este mecanismo especialmente en imagenología, el liberal Feinzaig dijo que haría tercerización sin miramientos, y Claudio Alpízar también.
Mientras tanto, el socialcristiano Juan Carlos Hidalgo, reconocido impulsor del sector privado, evitó responder si estaba a favor o no de la tercerización, y más bien dijo que resolvería el problema de las listas de espera a través del uso de jornadas extraordinarias, contratación de especialistas y ampliación de la cobertura de los Equipos Básicos de Atención Integral de Salud (Ebáis).
Claudia Dobles, por su parte, dijo que apostaría por alianzas público privadas, pero de entrada criticó cualquier tipo de intento de privatización de la CCSS.
Walter Hernández dijo que echaría mano de la medida, solo si el precio era fijado por la Caja; el candidato liberacionista dijo que lo consideraría, pero solo si cumple con el bloque de legalidad y se usa estrictamente en situaciones de emergencia; y Rony Castillo dijo que no era una medida óptima, pero se podía usar como un programa temporal.
Mientras tanto David Hernández, Boris Molina y Ariel Robles descartaron por completo utilizar este tipo de mecanismo, y que la crisis debería resolverse desde dentro de la CCSS.
Similares reacciones reticentes generó la pregunta “¿Está usted de acuerdo con el establecimiento de proyectos de minería metálica en el país?”, pues ningún candidato se mostró enteramente a favor. La opinión más favorable fue la de Natalia Díaz, quien afirmó que impulsaría la minería a cielo abierto en el país “para resolver el desastre de Crucitas”.
Otros aspirantes a la presidencia como Claudio Alpízar, Eliécer Feinzaig, Walter Hernández, Marco Rodríguez y Fernando Zamora indicaron que favorecerían la instalación de proyectos de minería solo en el caso de Crucitas.
Incluso Boris Molina detalló que él antes estaba en desacuerdo con el establecimiento de cualquier megaproyecto de extracción metálica, pero que durante su campaña tuvo una reunión con el Colegio de Geólogos —cuya cúpula estuvo vinculada a Infinito Gold cuando pretendía establecer su megamina en Cutris—, que lo convenció de que el proyecto se podía establecer sin usar mercurio y tomando otras medidas de protección ambiental.
Ronny Castillo, Claudia Dobles y Álvaro Ramos respondieron que estaban en desacuerdo con la minería a cielo abierto específicamente, e incluso el liberacionista puntualizó que hay otros tipos de minería artesanal que tienen tradición en el país y que debían seguirse permitiendo.
Por su parte, el social cristiano Juan Carlos Hidalgo dijo que autorizaría la minería solo en Crucitas, pero con proyectos subterráneos.
David Hernández y Ariel Robles se manifestaron en contra de cualquier tipo de establecimiento de proyecto minero en el territorio nacional.
Un aspecto en el que coinciden prácticamente todas las personas candidatas entrevistadas es en su intención de que se cumpla la norma de que se dedique el 8% del Producto Interno Bruto (PIB) a la educación pública nacional.
Solamente hicieron objeciones a esta meta la candidata de Unidos Podemos, Natalia Díaz y el liberal Eliécer Feinzaig.
En palabras de la candidata, si bien esta asignación presupuestaria es un mandato constitucional, eso “no es viable”, implicaría desfinanciar algún otro rubro. Feinzaig a la vez dijo que “el problema nunca ha sido de cuánto se invierte en la educación, sino cómo lo hacemos”.
Mientras tanto, figuras de partidos que ya gobernaron e incumplieron la designación presupuestaria, como el PUSC, el PLN y el PAC (que ahora figura en la papeleta como Coalición Agenda Ciudadana) afirmaron estar comprometidos con esta designación presupuestaria, aunque hicieron pequeñas salvedades.
Juan Carlos Hidalgo afirmó que había que revertir los recortes que se habían dado en las últimas administraciones, pero aseguró que el problema es estructural y que no se resuelve solamente con dinero, y Álvaro Ramos dijo que es lo que constitucionalmente corresponde pero reconoció que no es posible implementarlo de inmediato, aunque se comprometió a que en un gobierno suyo el porcentaje aumentaría paulatinamente. Ronny Castillo, por su parte, coincidió con esta posición y dijo que el país debía regresar de manera progresiva a ese nivel de financiamiento.
Claudia Dobles, Walter Hernández, Boris Molina, Ariel Robles, Marco Rodríguez y Fernando Zamora dijeron simplemente que estaban a favor de otorgar el 8% a la educación, y con ellos coincidió el izquierdista David Hernández, quien agregó que el país debía avanzar a un financiamiento aún mayor, correspondiente al 10% del presupuesto nacional.
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