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Joel Porras Hernández
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El informe de minoría, realizado por las legisladoras Andrea Álvarez y Dinorah Barquero de Liberación Nacional y Rocío Alfaro del Frente Amplio, de la Comisión Legislativa que investiga las presuntas irregularidades en torno a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) determina, tras el análisis de las audiencias recibidas y otros documentos, cuatro sectores de gobernanza como responsables políticos de la crisis actual de la CCSS.
Entre ellos están la presidencia ejecutiva de la CCSS, el Poder Ejecutivo y el Consejo de Gobierno, la Junta Directiva de la CCSS, y los posibles vínculos político-cooperativos, en particular con el presidente de Conacoop, Freddy González.
A contraposición del informe de mayoría, este último no sentó responsabilidades políticas y fue calificado por diputadas de Liberación Nacional y del Frente Amplio como “complaciente” hacia el gobierno. El de mayoría fue realizado y aprobado por el oficialista Diego Vargas, María Marta Carballo de la Unidad Socialcristiana; pero que pidió el voto a Laura Fernández durante la campaña, Olga Morera de Nueva República y Luis Diego Vargas que es independiente.
El informe de minoría, del cual UNIVERSIDAD tiene copia, en cuanto a la presidencia ejecutiva de la CCSS, enfatiza que Marta Esquivel fue señalada “reiteradamente por sindicatos, Auditoría Interna, Dirección Jurídica y diputaciones como un liderazgo caracterizado por la desconexión con la técnica, la inobservancia de criterios legales y financieros, el hostigamiento a mandos técnicos y la promoción de cambios estructurales” durante las audiencias de la Comisión.
Se resaltan acciones como la exclusión del director jurídico de las sesiones, las múltiples denuncias que tiene ante el Ministerio Público, la alta rotación de gerencias y la negativa a renunciar pese a la parálisis institucional “constituyen elementos que configuran una responsabilidad política directa en la crisis de gobernanza que rodea al Caso Barrenador”.
Sobre el Poder Ejecutivo y el Consejo de Gobierno, señalan que tuvieron injerencias en la estructura de gobierno de la CCSS. Se mencionan las referencias al nombramiento de Marta Esquivel como “canal de transmisión de los intereses de Casa Presidencial” y que dicho puesto sugiere “una estrategia política para reorganizar la Junta Directiva y alinear sus decisiones con la línea del Gobierno”.
También resaltaron que las audiencias recogen el testimonio de reuniones en Casa Presidencial donde se insistió en la narrativa de una Caja “quebrada” y en la necesidad de cambios profundos, así como referencias a una “línea superior desde Casa Presidencial” en favor de la tercerización.
Sobre la Junta Directiva de la CCSS, reseñan que tiene un nivel de responsabilidad política en la adjudicación. Toman en cuenta que dicho órgano tomó decisiones claves con conocimiento de criterios técnicos y jurídicos contrarios a la adjudicación, un informe de Auditoría Interna que posteriormente sustentó una denuncia penal e indicaciones explícitas sobre la falta de razonabilidad de los costos.
En relación con los posibles vínculos político-cooperativos y contactos indebidos, emerge la figura de operadores políticos externos a la estructura formal de la CCSS, el presidente de Conacoop, Freddy González. En audiencias lo describieron como “operador político” y “amigo cercano al presidente”, que habría ingresado a “la fórmula operativa” de esta licitación sin competencia legal.
Dudas sobre el nombramiento de Mónica Taylor
El informe de minoría también señala que, a partir de los análisis de las comparecencias y diversa documentación, no se puede acreditar que la actual presidenta ejecutiva, Mónica Taylor, cumpla con el requisito del artículo 6 de la Ley Constitutiva de la CCSS, que exige “reconocida experiencia y conocimientos en el campo correspondiente a la Institución”.
“La ausencia de formación y trayectoria profesional en salud, gestión hospitalaria o administración de sistemas de seguridad social, sumada al reconocimiento expreso de no haber laborado previamente en la CCSS, debilita la acreditación objetiva de idoneidad técnica para dirigir una de las instituciones más complejas del Estado”, se lee en el documento.
También se documentaron otros hallazgos relacionados con diversas situaciones preocupantes que encienden alertas sobre el funcionamiento de la CCSS. El incremento de las listas de espera, la insuficiencia de médicos especialistas, la improvisación y el incumplimiento de promesas y programas específicos, el fracaso del funcionamiento del sistema informático ERP-SAP, entre otros.
Recomendaciones a órganos estatales
El informe tiene un apartado donde brinda diversas recomendaciones a la Junta Directiva de la CCSS, al Poder Ejecutivo, la Contraloría General de la República (CGR), al Ministerio Público y a la Asamblea Legislativa.
A la Junta Directiva de la Caja se le recomienda “ordenar la apertura de procedimientos administrativos disciplinarios contra las personas funcionarias que, a partir de los hechos documentados en este informe”. También se le solicita que analicen la toma de decisiones estratégicas sin estudios técnicos suficientes o sin análisis integral de riesgos, así como establecer as responsabilidades jerárquicas y funcionales en la supervisión y conducción del ERP-SAP.
Al Poder Ejecutivo se le recomienda revisar los mecanismos de nombramiento y remoción de directivos garantizando criterios de idoneidad técnica y estabilidad institucional. También que se adopte una política pública de respeto irrestricto a la autonomía institucional de la CCSS “absteniéndose de incidir directa o indirectamente en decisiones técnicas o procesos licitatorios que correspondan exclusivamente a los órganos competentes”.
A la CGR se le solicita “valorar el inicio de investigaciones administrativas o procedimientos sancionatorios, dentro del ámbito de sus competencias, respecto de la gestión y contratación asociada al sistema ERP”.
Al Ministerio Público le señalan que presenten el informe como insumo técnico para que se valore la eventual existencia de hechos que puedan constituir ilícitos penales relacionados con la implementación del sistema ERP-SAP.
A la Asamblea Legislativa se le recomienda el refuerzo de los deberes de responsabilidad personal y jerárquica de las personas funcionarias que toman decisiones estratégicas, para evitar la dilución de responsabilidades en estructuras colegiadas o técnicas.
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