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Monserrat Cordero Parra
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La contralora general de la República, Marta Acosta, señaló este martes a los diputados de la Asamblea Legislativa que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) que actualmente la CCSS es como un piloto sin control de mando.
Las declaraciones de la contralora se dieron durante una audiencia de la Comisión Investigadora Presuntas Irregularidades en la CCSS, en la que se analizaron diversos hechos alrededor de la implementación del ERP en esta institución, la cual generó la materialización de graves riesgos, los cuales persisten a la fecha.
“Negar que exista una crisis que debe ser gestionada solo profundiza el daño a la entidad. Invocar éxitos sin contar siquiera con estados financieros por 6 meses es desconocer la realidad”, destacó Acosta.
Este órgano contralor, el pasado 11 de septiembre, señaló que la CCSS enfrentaba una crisis institucional tras la salida en vivo de este sistema informático y odenó implementar una serie de acciones con el fin de restablecer un control institucional; sin embargo, días después, los Tribunales suspendieron las órdenes de la CGR.
Durante su intervención, Acosta indicó que las medidas ordenadas por la CGR se generaron por tres denuncias ciudadanas que señalaban presuntas irregularidades. Actualmente la investigación se encuentra en curso.
Contexto
Posterior a esto, la contralora explicó que desde el 2023 se empezó a gestar un debilitamiento del modelo de gobernanza, cuando se definió a la Presidencia Ejecutiva de la CCSS como patrocinadora del proyecto y se eliminaron los roles de las gerencias técnicas.
La Dirección del Plan de Innovación -a cargo del proyecto- pasó además a ser parte de la Gerencia General, que está en recargo actualmente de la Presidencia Ejecutiva, por lo que se centralizó aún más el control.
Recordó que en 2024 múltiples instancias incluyendo la Auditoría Interna de la CCSS coincidieron en que las condiciones necesarias para salida del ERP no estaban concluidas; sin embargo, en enero del 2025 la implementación de este sistema se ejecutó de manera escalonada con algunos de los módulos, y en junio, el resto.
“Firma asesora alertó sobre proyectos complementarios inconclusos, falta de capacitación, entre otros, que eran requisitos indispensables”, destacó la contralora.
En esa línea acotó que semanas previas a la salida en vivo, se dieron una serie de advertencias por parte de contrapesos técnicos que fueron ignoradas. Por ejemplo, las farmacias alertaron fallas críticas que pondrían en riesgo la continuidad de sus servicios, mientras que las gerencias de Logística y Financiera advirtieron riesgo de colapso operativo y desabastecimiento.
“La Junta Directiva conoció esas alertas y se limitó a instruir a las gerencias a tomar decisiones para garantizar la implementación exitosa del ERP. Aunque la firma asesora tres días antes reiteró la existencia de requisitos esenciales pendientes para una salida segura, la Dirección del Plan de Innovación indicó que la implementación seguiría adelante y así se llega a la salida el 2 de junio”, añadió Acosta.
Ese día, según Acosta, se materializaron los riesgos alertados por instancias técnicas, tales como el abastecimiento que se paralizó por más de 48 horas, así como el impago a proveedores.
“A noviembre de este año las afectaciones persisten: pago pendiente a proveedores, contratación de personal para atender afectaciones, millones de recetas no registradas, pérdida de trazabilidad de activos e inventarios, y medio año sin estados financieros, con todo los riesgos que esto implica”, enfatizó la contralora quien agregó que el problema de la CCSS no es de tecnología, sino más bien de “gobernanza y control interno”.
El incumplimiento en la entrega de estos estados financieros, según comentó Acosta, tiene un impacto severo ya que impide consolidar los de todo el sector público. A la fecha, la institución no tiene registros de ejecución presupuestaria que le permitan conocer con precisión cuánto ha ejecutado, cuánto adeuda y cuánto es su disponible
De acuerdo con datos de la CGR, al 28 de noviembre, la CCSS registraba 12.940 facturas pendientes de pago por ₡58.000 millones y 23.000 facturas pendientes de registrar en el ERP por ₡38.000 millones. Estos atrasos a proveedores ponen en riesgo continuidad operativa de servicios hospitalarios
A esta afectación se suman los controles manuales en hospitales, lo que compromete trazabilidad de inventarios y control de medicamentos regulados.
“La implementación forzada en el ERP ha generado una crisis operativa, a partir del 2 de junio las operaciones se vieron afectadas, de ahí la urgencia de que se establezcan condiciones necesarias. Utilizar una narrativa que intenta distorsionar objeto y alcance de órdenes de la CGR está lejos de ser la ruta adecuada. Si la crisis no se atiende, problemas operativos podrían escalar”, finalizó.
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