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Adrián Z. Rivero
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El proyecto de Ley Marco para la Protección de las Infraestructuras Críticas y la Ciberseguridad (24.939) dividió este lunes a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, entre quienes consideran o no que la iniciativa afecta al Poder Judicial.
Esta propuesta legislativa busca establecer un marco regulatorio para la gestión del riesgo de ciberseguridad y la resiliencia de las infraestructuras y servicios críticos del país (aquellos cuya interrupción implica un daño grave, como telecomunicaciones, energía o salud, entre otros).
El proyecto dispone la creación de una Dirección Nacional de Ciberseguridad (DNC), a la cual deberían avisar las entidades públicas y privadas que posean infraestructuras o gestionen servicios críticos cuando se presente incidente de ciberseguridad.
“La Dirección Nacional de Ciberseguridad (DNC) tiene como objetivo fundamental la protección y defensa de las infraestructuras críticas TIC y servicios críticos TIC del Estado costarricense, ante cualquier amenaza de ciberseguridad”, dice el texto de la iniciativa.
Según explicó el magistrado Luis Guillermo Rivas, de la Sala Primera, la Dirección de Tecnologías del Poder Judicial expresó que el proyecto sí afecta la organización y el funcionamiento, en vista de que tendrían que aumentar su personal especializado para atender este tipo de incidentes, así como tener capacitaciones y nuevos equipos.
Por su parte, el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) consideraron que la iniciativa no les afecta, según Rivas.
El magistrado consideró que el proyecto no afecta al Poder Judicial, aunque reconoció que tendría un impacto económico.
Pese a que no hubo manifestaciones en contra de lo que propone el proyecto, sí fue evidente una división entre quienes consideran que este sí afecta o no al funcionamiento judicial, de lo cual depende que la iniciativa requiera mayoría simple o calificada (38 votos) para ser aprobada en el Congreso.
La magistrada Julia Varela, de la Sala Segunda, señaló que, si se requieren capacitaciones, no habría duda de que se tendría que invertir tiempo y recursos: “No nos oponemos, pero me parece que sí impacta la parte económica al Poder Judicial”, indicó.
Por su parte, Iris Rocío Rojas consideró que no habría afectación, en tanto ya se realizan muchas de las cosas que la iniciativa establece y dijo que si se necesitaran más recursos sería cuestión de presupuestarlos:
“Yo voy a votar que no afecta porque me parece que más bien el Poder Legislativo está dando herramientas a esta institución, muy necesarias, acorde con el desarrollo tecnológico”, dijo Rojas.
Por otro lado, el magistrado Carlos Guillermo Zamora, de la Sala Primera, manifestó que, tomando en cuenta que la Dirección de Tecnologías dijo que sí afecta y que además tendría un impacto económico, entonces él considera que sí existe la afectación.
En una primera votación, siete magistrados dijeron que no afecta, seis votaron que sí y cinco se abstuvieron.
Tras esto, la magistrada Sandra Zúñiga, de la Sala Tercera, insistió en el tema financiero, señalando que las herramientas tecnológicas son muy costosas, no solo como inversión inicial, sino también por su mantenimiento.
“Desde luego que sí puede darse una afectación importante a nivel de las estructuras, demandando inclusive más personal especializado”, anotó.
En una segunda votación, ocho magistrados dijeron que la iniciativa no afecta, mientras otros seis manifestaron que sí, y uno de los altos jueces se abstuvo. Este resultado será comunicado por la Corte a la Asamblea Legislativa.
En uno de sus artículos, el proyecto señala que las disposiciones “se ejercerán con pleno respeto a la autonomía constitucional de los Poderes del Estado”.
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