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Maria Nuñez Chacón
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La Asociación de Jubilados en Acción del Magisterio Nacional (AJA), el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC) y la Asociación de Educadores Pensionados (ADEP) presentaron un proyecto de ley para castigar con cárcel inconmutable el desvío de fondos de pensiones y recursos públicos, particularmente aquellos destinados a pensiones, obras sociales e infraestructura, queden en la impunidad.
La iniciativa establece una reforma al 356 del Código Penal a fin de plantear penas de prisión de entre 18 y 36 años, inconmutables y sin prescripción, cuando se compruebe la malversación de este tipo de fondos.
Parte de la presentación se basó en recordar como los jubilados del Magisterio Nacional cotizaron de manera obligatoria y continua durante décadas, en muchos casos con aportes significativamente superiores a los de otros regímenes, pero que esos recursos nunca se constituyeron en un fondo de pensiones, sino que fueron utilizados por el Estado para otros fines.
Ante la inexistencia de ese fondo, el pago de las pensiones pasó posteriormente a realizarse con cargo al Presupuesto Nacional mediante el Régimen Transitorio de Reparto (RTR), situación que ha dado pie a recortes, congelamientos y a una narrativa errónea que desconoce el carácter plenamente contributivo de estas pensiones.
De hecho, dieron a conocer que las candidaturas presidenciales de Ana Virginia Calzada, Ronny Castillo, Douglas Caamaño y Ariel Robles han manifestado su respaldo a una iniciativa que corrija las afectaciones al RTR.
“El país que hoy compite, atrae inversión y se posiciona en indicadores internacionales no se construyó por casualidad. Es el resultado de décadas de trabajo del cuerpo docente y de una apuesta sostenida por la educación pública. El Magisterio ya cumplió con su responsabilidad y la continúa haciendo: cotizó, formó capital humano y sostiene el desarrollo del país, por ello, proteger los recursos públicos y sancionar con firmeza su desvío es una condición indispensable”, indicó Miguel Sobrado, presidente de la AJA.
Fueron claros al indicar que esta propuesta no responde a la coyuntura electoral, sino que nace de la necesidad de corregir una distorsión histórica y fortalecer la institucionalidad democrática.
“La dignificación de la persona jubilada es una urgencia nacional, porque ya dieron sus aportes y esos fondos fueron utilizados con otros fines. En la actualidad tenemos compañeros que están en pobreza extrema, luego de haber realizado años de servicio y como colectivo nacional consideramos que el proyecto debe ser abrazado porque no puede ser que quienes administran los fondos de pensiones y que cubran otros intereses”, añadió Yorgina Alvarado, presidenta del SEC.
Consideraron los voceros de las organizaciones que sancionar con mayor severidad el desvío de recursos públicos es una condición básica para proteger derechos adquiridos, resguardar la inversión social y preservar la confianza ciudadana.
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