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Marcia Ferreira, ABC Color
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La resolución por la cual el juez penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú admitió la acusación y pedido de juicio oral planteado en contra de la exjueza de Paz de La Catedral, 2º turno, Nathalia Guadalupe Soledad Garcete Aquino por presunto prevaricato y otros delitos en una de las causas derivadas de la investigación sobre la “mafia de los pagarés”, fue confirmada.
En una audiencia preliminar que concluyó el 31 de octubre pasado, el magistrado Otazú resolvió que la destituida jueza de Paz Nathalia Garcete deberá afrontar juicio oral y público por supuesto prevaricato y uso de documentos públicos de contenido falso.
Mafia de los pagarés: remueven a jueza de paz Nathalia Garcete
La acusación en esta causa, presentada por los fiscales Belinda Bobadilla, Leonardi Guerrero y Jorge Arce, también está dirigida contra cinco funcionarios judiciales, cinco abogados y tres oficiales de justicia.
La resolución correspondiente, el auto interlocutorio (AI) N° 248 fue apelada por los abogados Norma Thomen y Fernando Beconi en representación de Garcete Aquino y María Raquel Fernández Zalazar, por la defensa de Óscar Fernando Rivela Gregor.
Mafia de los pagarés: piden remover a jueza de paz de La Catedral
Específicamente, los primeros defensores reclamaron el rechazo de los incidentes de nulidad de la acusación, sobreseimiento definitivo, exclusión probatoria de varias testificales e inclusión probatoria de una pericia de gestión contable patrimonial, mientras que Fernández planteó una apelación general contra la mencionada resolución.
Los miembros del Tribunal de Apelación Penal, Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción, primera sala, Arnulfo Arias, Gustavo Amarilla y Silvana Luraghi coincidieron en votar por la inadmisibilidad de la apelación planteada por la abogada Fernández.
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Asimismo, los recursos interpuestos por la defensa de la exjueza fueron admitidos pero tras el análisis correspondiente, los camaristas decidieron por unanimidad, votar por la confirmación de la resolución dictada por el juez Otazú.
“En el fallo recurrido el Juez afirma en forma correcta y conforme a las constancias de autos que en la acusación fiscal los hechos punibles atribuidos a esta acusada son por hechos punibles contra el ejercicio de funciones públicas y contra la prueba documental de donde una pericia contable no es necesaria para la cuantificación o determinación de daño patrimonial y efectivamente se afirma que conforme a principios de auditoria y la prueba documental ofrecida en autos resulta impertinente la practica de pericias sobre expedientes judiciales puesto que ellos no son documentos contables, agregando este Magistrado la imposibilidad jurídica y material de efectuar pericias contables sobre tramitación de causas penales en el desempeño de los Magistrados al dictar sus resoluciones”, explica Amarilla.
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La investigación relacionada a este caso se inició en diciembre de 2024 tras denuncia en redes sociales del abogado Jorge Rolón Luna y prosiguió en enero de 2025, a través de comunicaciones hechas por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y al Ministerio Público, así como por denuncias hechas por abogados y por víctimas.
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Estas publicaciones y denuncias exponían irregularidades supuestamente cometidas en los Juzgados de Paz, en aparente confabulación con empresas de cobranzas teniendo como instrumentos hojas de pagarés que ya habían sido canceladas por las víctimas y en algunos casos, fraguados inclusive, según denunciaron.
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En una audiencia preliminar que concluyó el 31 de octubre pasado, el magistrado Otazú resolvió que la destituida jueza de Paz Nathalia Garcete deberá afrontar juicio oral y público por supuesto prevaricato y uso de documentos públicos de contenido falso.
Mafia de los pagarés: remueven a jueza de paz Nathalia Garcete
Acusación en el caso mafia de los pagarés
La acusación en esta causa, presentada por los fiscales Belinda Bobadilla, Leonardi Guerrero y Jorge Arce, también está dirigida contra cinco funcionarios judiciales, cinco abogados y tres oficiales de justicia.
La resolución correspondiente, el auto interlocutorio (AI) N° 248 fue apelada por los abogados Norma Thomen y Fernando Beconi en representación de Garcete Aquino y María Raquel Fernández Zalazar, por la defensa de Óscar Fernando Rivela Gregor.
Mafia de los pagarés: piden remover a jueza de paz de La Catedral
Apelación general, inadmisible
Específicamente, los primeros defensores reclamaron el rechazo de los incidentes de nulidad de la acusación, sobreseimiento definitivo, exclusión probatoria de varias testificales e inclusión probatoria de una pericia de gestión contable patrimonial, mientras que Fernández planteó una apelación general contra la mencionada resolución.
Los miembros del Tribunal de Apelación Penal, Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción, primera sala, Arnulfo Arias, Gustavo Amarilla y Silvana Luraghi coincidieron en votar por la inadmisibilidad de la apelación planteada por la abogada Fernández.
Informes falsos de “superujieres”: El escandaloso esquema en los juzgados
Pericia ofrecida por defensa de exjueza de Paz, descartada
Asimismo, los recursos interpuestos por la defensa de la exjueza fueron admitidos pero tras el análisis correspondiente, los camaristas decidieron por unanimidad, votar por la confirmación de la resolución dictada por el juez Otazú.
“En el fallo recurrido el Juez afirma en forma correcta y conforme a las constancias de autos que en la acusación fiscal los hechos punibles atribuidos a esta acusada son por hechos punibles contra el ejercicio de funciones públicas y contra la prueba documental de donde una pericia contable no es necesaria para la cuantificación o determinación de daño patrimonial y efectivamente se afirma que conforme a principios de auditoria y la prueba documental ofrecida en autos resulta impertinente la practica de pericias sobre expedientes judiciales puesto que ellos no son documentos contables, agregando este Magistrado la imposibilidad jurídica y material de efectuar pericias contables sobre tramitación de causas penales en el desempeño de los Magistrados al dictar sus resoluciones”, explica Amarilla.
Mafia de los pagarés: abren nuevas causas contra jueces de paz que “torcieron el derecho”
Abogado denunció “mafia de los pagarés” en redes
La investigación relacionada a este caso se inició en diciembre de 2024 tras denuncia en redes sociales del abogado Jorge Rolón Luna y prosiguió en enero de 2025, a través de comunicaciones hechas por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y al Ministerio Público, así como por denuncias hechas por abogados y por víctimas.
“Mafia de pagarés”: Fiscalía pide juicio oral para cuatro jueces de Paz
Estas publicaciones y denuncias exponían irregularidades supuestamente cometidas en los Juzgados de Paz, en aparente confabulación con empresas de cobranzas teniendo como instrumentos hojas de pagarés que ya habían sido canceladas por las víctimas y en algunos casos, fraguados inclusive, según denunciaron.
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