Maduro vuelve a la Corte en EE.UU. y su defensa denuncia un bloqueo que complica el juicio

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Giovanna Alvear

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Nicolás Maduro y Cilia Flores volverán este jueves 26 de marzo de 2026 a la Corte del Distrito Sur de Nueva York para su segunda audiencia. La pareja enfrenta un proceso judicial que avanza en medio de una disputa por el acceso a fondos para su defensa. Sus abogados denuncian un “bloqueo ilegal” que, según sostienen, les impide pagar representación legal privada.

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Maduro permanece recluido en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn desde su captura en enero. El juez federal Alvin Hellerstein dirigirá la audiencia. La comparecencia genera expectativa por el estado físico del exmandatario tras dos meses de detención y por las decisiones que marcarán el rumbo del proceso.

Estado de Maduro y cargos en su contra​


El diputado Nicolás Maduro Guerra afirmó esta semana que su padre se encuentra “muy bien”, con “ánimo” y “fuerza”. Aseguró que realiza ejercicio a diario y que se mantiene en forma. También señaló que Cilia Flores, detenida en el mismo operativo, permanece “firme y alerta”.

La justicia estadounidense acusa a Maduro de cuatro cargos. Tres corresponden a conspiración para cometer narcoterrorismo, importar cocaína y poseer ametralladoras y artefactos destructivos. El cuarto se relaciona con la posesión de esas armas. Flores enfrenta otros cuatro cargos: dos por conspiración para importar cocaína, uno por conspiración para poseer armas y otro por posesión de armas.

En su primera comparecencia, Maduro se declaró no culpable. Además, se definió como un “prisionero de guerra” tras su captura en Caracas por fuerzas especiales estadounidenses a inicios de este año.

Disputa legal y posibles restricciones​


La defensa, encabezada por Barry J. Pollack y Mark E. Donnelly, pidió la desestimación de los cargos. Los abogados sostienen que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) revocó licencias que permitían usar fondos venezolanos para pagar la defensa. Califican esta decisión como un “error administrativo” que vulnera la Sexta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Argumentan que la alternativa de asignar defensores públicos limita el derecho de los acusados a elegir a sus representantes.

La Fiscalía, por su parte, solicitó al juez que impida a los acusados compartir pruebas con coacusados prófugos. Entre ellos figuran el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello; el exministro Ramón Rodríguez Chacín; el propio Maduro Guerra; y Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, señalado como líder del Tren de Aragua.

El Gobierno estadounidense advierte sobre un “riesgo real de violencia”. Sostiene que el entorno de Maduro podría usar la información para identificar testigos y tomar represalias contra ellos o sus familias en Venezuela.

La audiencia de este jueves será clave. El juez deberá resolver los pedidos de ambas partes o mantener el calendario hacia un juicio que expertos prevén para dentro de uno o dos años. El proceso plantea interrogantes adicionales, ya que el magistrado Hellerstein tendría entonces 94 años y enfrenta cuestionamientos sobre su capacidad para conducir un caso de alta complejidad técnica.


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