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Orlando Silva
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Luisa González afronta dos denuncias en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por la rendición de cuentas de la campaña presidencial y legislativa anticipada de 2023. Ambos expedientes se originan en informes económicos que, según el Consejo Nacional Electoral (CNE), presentan inconsistencias.
La presidenta del CNE, Diana Atamaint, presentó la denuncia que el juez subrogante del TCE, Richard González, admitió a trámite. Ese proceso señala a González en su calidad de representante legal de la Revolución Ciudadana (RC), lista 5, junto a la responsable económica y al jefe de campaña, Francisco Hidalgo.
El auto de admisión también incorpora a los candidatos principales y suplentes que encabezaron la lista nacional de la RC en las elecciones anticipadas de 2023: Pierina Correa, José Agualsaca, Paola Cabezas, Ricardo Ulcuango, Liliana Durán, Eustaquio Tuala, Rosa Arotingo, Hoover Delgado, Gladys Rueda, Jaime Marquínez, Nicole Ramos, Gabriel Cruz, Diana Sanmartín y Daniel Montaño.
En este expediente constan dos nombres distintos sobre la responsable económica (Maryuri Zambrano y Karina Zambrano), información que forma parte de la documentación procesal presentada al TCE. La audiencia única de pruebas y alegatos está convocada para el 7 de enero de 2026.
En paralelo, otro juez del TCE admitió una denuncia presentada por Atamaint contra González y Andrés Araúz por el informe económico del binomio presidencial que participó en esos comicios. Ese juez todavía no fija fecha para la audiencia.
Ambos procesos se integran al trabajo de revisión de cuentas de campaña que el CNE realiza a todas las organizaciones que presentaron reportes incompletos o inconsistentes.
La presidenta del organismo ha señalado que se trata de un procedimiento general para todos los partidos, mientras que el expresidente Rafael Correa ha denunciado un intento de sancionar y eliminar a la RC.
Las dos denuncias se fundamentan en el artículo 281 del Código de la Democracia, que regula las infracciones sobre financiamiento político y gasto electoral. La norma obliga a entregar información completa sobre aportes recibidos, su origen, la naturaleza de los recursos, el listado de contribuyentes y los respaldos de ingresos y egresos.
Si el Tribunal determina que existió incumplimiento, las organizaciones políticas y sus responsables económicos pueden recibir multas de entre 20 y 70 salarios básicos unificados, es decir, de 9 400 a 32 900 dólares, además de la suspensión de derechos políticos entre dos y cuatro años.
El artículo también prevé la posible cancelación de la inscripción de la organización política.
El Código establece que los candidatos responden de manera solidaria y pecuniaria, de acuerdo con el nivel de responsabilidad que el Tribunal determine. Por esa razón, quienes integraron la lista nacional y quienes conformaron el binomio presidencial forman parte directa de los expedientes.
González afirmó en su cuenta de X que el movimiento ha tenido que enfrentar “las miserias de un CNE entregado al Gobierno y dedicado a perseguir a todos los oponentes políticos”.
El expresidente Correa anticipó en octubre que el CNE había presentado denuncias contra la RC con la intención de sancionar al movimiento. Atamaint respondió que se trata de un procedimiento que también se aplica a otras organizaciones.
Tras la admisión de ambos expedientes, se abren las etapas de traslado, presentación de pruebas y audiencias. El TCE deberá resolver si Luisa González incurrió o no en infracciones electorales y, de ser el caso, qué sanciones corresponderían según el Código de la Democracia.
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Primera denuncia contra Luisa González en el TCE sobre las cuentas de la lista nacional de la Revolución Ciudadana
La presidenta del CNE, Diana Atamaint, presentó la denuncia que el juez subrogante del TCE, Richard González, admitió a trámite. Ese proceso señala a González en su calidad de representante legal de la Revolución Ciudadana (RC), lista 5, junto a la responsable económica y al jefe de campaña, Francisco Hidalgo.
El auto de admisión también incorpora a los candidatos principales y suplentes que encabezaron la lista nacional de la RC en las elecciones anticipadas de 2023: Pierina Correa, José Agualsaca, Paola Cabezas, Ricardo Ulcuango, Liliana Durán, Eustaquio Tuala, Rosa Arotingo, Hoover Delgado, Gladys Rueda, Jaime Marquínez, Nicole Ramos, Gabriel Cruz, Diana Sanmartín y Daniel Montaño.
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En este expediente constan dos nombres distintos sobre la responsable económica (Maryuri Zambrano y Karina Zambrano), información que forma parte de la documentación procesal presentada al TCE. La audiencia única de pruebas y alegatos está convocada para el 7 de enero de 2026.
Segunda denuncia ante el TCE; cuentas del binomio presidencial Luisa González – Andrés Araúz
En paralelo, otro juez del TCE admitió una denuncia presentada por Atamaint contra González y Andrés Araúz por el informe económico del binomio presidencial que participó en esos comicios. Ese juez todavía no fija fecha para la audiencia.
Ambos procesos se integran al trabajo de revisión de cuentas de campaña que el CNE realiza a todas las organizaciones que presentaron reportes incompletos o inconsistentes.
La presidenta del organismo ha señalado que se trata de un procedimiento general para todos los partidos, mientras que el expresidente Rafael Correa ha denunciado un intento de sancionar y eliminar a la RC.
¿Qué infracción denunció el CNE en el TCE y qué sanciones podrían aplicarse a Luisa González?
Las dos denuncias se fundamentan en el artículo 281 del Código de la Democracia, que regula las infracciones sobre financiamiento político y gasto electoral. La norma obliga a entregar información completa sobre aportes recibidos, su origen, la naturaleza de los recursos, el listado de contribuyentes y los respaldos de ingresos y egresos.
Si el Tribunal determina que existió incumplimiento, las organizaciones políticas y sus responsables económicos pueden recibir multas de entre 20 y 70 salarios básicos unificados, es decir, de 9 400 a 32 900 dólares, además de la suspensión de derechos políticos entre dos y cuatro años.
El artículo también prevé la posible cancelación de la inscripción de la organización política.
El Código establece que los candidatos responden de manera solidaria y pecuniaria, de acuerdo con el nivel de responsabilidad que el Tribunal determine. Por esa razón, quienes integraron la lista nacional y quienes conformaron el binomio presidencial forman parte directa de los expedientes.
Posturas públicas de los involucrados
González afirmó en su cuenta de X que el movimiento ha tenido que enfrentar “las miserias de un CNE entregado al Gobierno y dedicado a perseguir a todos los oponentes políticos”.
El expresidente Correa anticipó en octubre que el CNE había presentado denuncias contra la RC con la intención de sancionar al movimiento. Atamaint respondió que se trata de un procedimiento que también se aplica a otras organizaciones.
Lo que sigue en el proceso
Tras la admisión de ambos expedientes, se abren las etapas de traslado, presentación de pruebas y audiencias. El TCE deberá resolver si Luisa González incurrió o no en infracciones electorales y, de ser el caso, qué sanciones corresponderían según el Código de la Democracia.
- Información extra: Luisa González
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