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Orlando Silva
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Desde su llegada a la presidencia del Consejo de la Judicatura en julio de 2024, la gestión de Mario Godoy ha estado rodeada de cuestionamientos públicos y tensiones políticas. A pocos días de que termine 2025, la denuncia de amenazas al juez Carlos Serrano reactivó el debate en la Asamblea Nacional del Ecuador, donde la bancada de la Revolución Ciudadana impulsa un juicio político contra el funcionario.
Godoy asumió la presidencia de la Judicatura tras un proceso de selección del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), que recibió críticas desde su inicio. El concurso se activó para reemplazar a Wilman Terán, condenado en el caso Metástasis, y tuvo como punto de partida una terna enviada por José Suing.
En una primera votación fue designada Dunia Martínez, pero días después el Cpccs reconsideró la decisión tras presiones políticas. Con la participación del entonces vocal correísta Augusto Verduga, quien interrumpió su licencia por paternidad, se revirtió la votación y Godoy fue nombrado presidente del organismo.
En ese contexto surgieron señalamientos relacionados con su ejercicio profesional previo. Se recordó que en 2014 patrocinó legalmente a los hermanos Juan Pablo y Eduardo Larrea en un caso relacionado con la retención de aeronaves por parte de la DEA en Estados Unidos; tiempo después, ambos fueron detenidos por narcotráfico.
Los cuestionamientos se profundizaron durante el concurso para designar al Consejo de la Judicatura que ejercerá funciones por seis años. Inicialmente, Godoy no constaba en ninguna terna, pero el proceso se retrasó luego de que el presidente Daniel Noboa demorara el envío de su propuesta y el Cpccs no avanzara con la terna de la Corte Nacional de Justicia.
Finalmente, Suing incluyó nuevamente a Godoy. En ese concurso, un excolaborador suyo y exasesor del asambleísta Fausto Jarrín, actualmente vinculado al Gobierno, integró la comisión evaluadora. Aunque Godoy fue el candidato con más impugnaciones, estas no prosperaron.
Entre las observaciones planteadas constaban supuestos abusos de funciones durante su presidencia temporal, la defensa de personas vinculadas al narcotráfico, la caducidad de un proceso disciplinario contra Fabián Fabara —hoy vocal de la Judicatura— y presuntos vínculos con el Ejecutivo.
También se mencionó una presunta intromisión en la justicia en el caso Pendrive, a partir de la denuncia de la jueza Nubia Vera, relacionada con un fallo contra la entonces vicepresidenta Verónica Abad.
Pese a las impugnaciones, Godoy fue posesionado como presidente del Consejo de la Judicatura hasta 2031.
El episodio más reciente se originó en las denuncias del juez Carlos Serrano, quien terminó apartándose de sus funciones tras haber sentenciado a 10 años de prisión al ciudadano serbio Jezdimir Srdan, en el denominado caso Euro 2024.
Durante una audiencia, Srdan amenazó al magistrado con un gesto de muerte, y su defensa estuvo a cargo de Dolores Vintimilla, esposa de Mario Godoy, con quien contrajo matrimonio en noviembre de 2024.
La relación cobró relevancia pública luego de que Serrano denunciara presiones provenientes de un funcionario de la Judicatura para que declare inocente al procesado. Según el juez, estas presiones quedaron registradas en audios que serán entregados para investigación.
Las grabaciones provocaron una serie de reacciones políticas, entre ellas pedidos de fiscalización en la Asamblea Nacional y la intención de iniciar un juicio político contra Godoy. El episodio expuso tensiones internas en la Judicatura y abrió un nuevo debate sobre las garantías y mecanismos de protección para jueces que conocen causas consideradas sensibles.
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Cuestionamientos por su designación y antecedentes profesionales de Mario Godoy
Godoy asumió la presidencia de la Judicatura tras un proceso de selección del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), que recibió críticas desde su inicio. El concurso se activó para reemplazar a Wilman Terán, condenado en el caso Metástasis, y tuvo como punto de partida una terna enviada por José Suing.
En una primera votación fue designada Dunia Martínez, pero días después el Cpccs reconsideró la decisión tras presiones políticas. Con la participación del entonces vocal correísta Augusto Verduga, quien interrumpió su licencia por paternidad, se revirtió la votación y Godoy fue nombrado presidente del organismo.
En ese contexto surgieron señalamientos relacionados con su ejercicio profesional previo. Se recordó que en 2014 patrocinó legalmente a los hermanos Juan Pablo y Eduardo Larrea en un caso relacionado con la retención de aeronaves por parte de la DEA en Estados Unidos; tiempo después, ambos fueron detenidos por narcotráfico.
Un concurso bajo sospecha y críticas a su reelección
Los cuestionamientos se profundizaron durante el concurso para designar al Consejo de la Judicatura que ejercerá funciones por seis años. Inicialmente, Godoy no constaba en ninguna terna, pero el proceso se retrasó luego de que el presidente Daniel Noboa demorara el envío de su propuesta y el Cpccs no avanzara con la terna de la Corte Nacional de Justicia.
Finalmente, Suing incluyó nuevamente a Godoy. En ese concurso, un excolaborador suyo y exasesor del asambleísta Fausto Jarrín, actualmente vinculado al Gobierno, integró la comisión evaluadora. Aunque Godoy fue el candidato con más impugnaciones, estas no prosperaron.
Entre las observaciones planteadas constaban supuestos abusos de funciones durante su presidencia temporal, la defensa de personas vinculadas al narcotráfico, la caducidad de un proceso disciplinario contra Fabián Fabara —hoy vocal de la Judicatura— y presuntos vínculos con el Ejecutivo.
También se mencionó una presunta intromisión en la justicia en el caso Pendrive, a partir de la denuncia de la jueza Nubia Vera, relacionada con un fallo contra la entonces vicepresidenta Verónica Abad.
Pese a las impugnaciones, Godoy fue posesionado como presidente del Consejo de la Judicatura hasta 2031.
Audios del juez Carlos Serrano reactivan la presión política
El episodio más reciente se originó en las denuncias del juez Carlos Serrano, quien terminó apartándose de sus funciones tras haber sentenciado a 10 años de prisión al ciudadano serbio Jezdimir Srdan, en el denominado caso Euro 2024.
Durante una audiencia, Srdan amenazó al magistrado con un gesto de muerte, y su defensa estuvo a cargo de Dolores Vintimilla, esposa de Mario Godoy, con quien contrajo matrimonio en noviembre de 2024.
A los ciudadanos y medios de comunicaciónpic.twitter.com/wMBXfg9qM7
— Mario Godoy (@MarioGodoyEc) December 22, 2025
La relación cobró relevancia pública luego de que Serrano denunciara presiones provenientes de un funcionario de la Judicatura para que declare inocente al procesado. Según el juez, estas presiones quedaron registradas en audios que serán entregados para investigación.
Las grabaciones provocaron una serie de reacciones políticas, entre ellas pedidos de fiscalización en la Asamblea Nacional y la intención de iniciar un juicio político contra Godoy. El episodio expuso tensiones internas en la Judicatura y abrió un nuevo debate sobre las garantías y mecanismos de protección para jueces que conocen causas consideradas sensibles.
- Información extra: Mario Godoy
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