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Criterio urbano
Ley de infraestructura vial prioritaria debe avanzar
Inversiones en carreteras pueden aumentar hasta 1% el PIB.
Juan Carlos Zapata
1 de diciembre de 2025
|
00:03h
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La ley de infraestructura vial prioritaria decreto 29-2024, fue aprobada en noviembre del año pasado y entró en vigor en enero de este año. Luego de varios atrasos y después de varias sesiones se publicó el 9 de octubre por parte del Ministerio de Finanzas Públicas, el acuerdo ministerial número 692-2025, que adiciona al clasificador presupuestario del sector público, la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (Dipp), como un órgano desconcentrado de la administración central.
Incumplimiento de la ley sigue encareciendo la logística.
Tal y como lo establece la ley, la Dipp es un órgano técnico desconcentrado del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, con competencia en los proyectos viales prioritarios. En cuanto a órgano desconcentrado, la Dipp gozará de independencia funcional, económica, financiera, técnica y administrativa y contará con recursos propios. Para garantizar que se contará con personal técnico preparado, las prestaciones de los funcionarios y servidores de la Dipp, serán mejores a las planteadas por la Ley de Servicio Civil, para lo cual estarán basadas en valores competitivos y de mercado para el tipo de actividad realizada.
Estos principios deben velarse que se cumplan, para contar con una institución que pueda pagar salarios de mercado y hacerse cargo de planificar, construir, ampliar, mantener y operar las carreteras centroamericanas incluidas en la ley, así como los anillos metropolitanos y departamentales que están referidos en el artículo 87.
Los avances han sido muy lentos, hasta el 23 de octubre logró tomar posesión la gerente que ya había sido nombrada desde junio. Hasta la fecha no se le ha podido pagar porque la institución carece de presupuesto. Según la ley, desde abril de este año el Ministerio de Finanzas (Minfin) debía haberle trasladado Q10 millones de quetzales al Fondo Operativo del Fondo para Proyectos Viales Prioritarios (Fovip) y los Q20 millones de quetzales al Fondo de Infraestructura del Fovip, lo cual sigue pendiente. En el 2026 el Minfin deberá asignarle Q20 millones de quetzales al Fondo Operativo del Fovip para empezar ejecutar.
Mientras tanto, ya el plazo está corriendo para la contratación del primer estudio del estado de la infraestructura vial que debería estar concluido antes de que termine abril del próximo año y con eso empezar a trabajar el primer plan de infraestructura vial prioritaria que deberá estar concluido doce meses después (por primera vez en la historia del país, tendremos un plan de infraestructura vial vinculante por ley).
Ahora que ya tenemos una quinta ministra de Comunicaciones en lo que va del Gobierno, esperamos que pueda dársele la prioridad que merece el Directorio de la Dipp, ya que hay que ser claros, el ministro anterior faltaba mucho y cancelaba las reuniones sin mucha explicación, lo cual ha venido atrasando decisiones clave que se tienen que tomar, como ocurre en el inicio de cualquier institución. Un punto importante que deberían notar aquellos trasnochados que siguen abogando por directorios de instituciones desconcentradas o descentralizadas, solo integrados por funcionarios públicos.
La ley de infraestructura vial prioritaria es la gran oportunidad del país para contar con carreteras sin peaje de primer nivel, pero requiere definitivamente de la voluntad de los ministros que participan en el directorio para que la institución funcione. El momento de que Guatemala cuente con mejor infraestructura vial es ahora, así que desde la ciudadanía organizada nos toca exigir el cumplimiento de la ley, en beneficio del país.
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