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Orlando Silva
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La causa por supuesto cohecho en la contratación de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair entra en una etapa decisiva. El 8 de diciembre de 2025, el conjuez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Olavo Hernández, comunicará si el expresidente Lenín Moreno y otros 23 procesados son llamados o no a juicio, luego de que la audiencia preparatoria quedará suspendida casi tres meses atrás, mientras el magistrado analizaba lo expuesto durante varias semanas de diligencias.
En la fase de evaluación, el entonces fiscal general encargado, Wilson Toainga, pidió que el conjuez llame a juicio a todos los procesados. La investigación se centra en un presunto esquema de corrupción vinculado al contrato otorgado a la empresa china Sinohydro, responsable de levantar la central Coca Codo Sinclair, una obra ejecutada en el gobierno de Rafael Correa por cerca de 2 000 millones de dólares.
La Fiscalía presentó 28 elementos de convicción comunes y 602 individuales para sustentar su pedido. Con la renuncia de Toainga, será el fiscal general encargado, Carlos Leonardo Alarcón quien participe en la lectura de la resolución.
Toainga detalló que la trama investigada gira en torno a la adjudicación del contrato, financiado con un crédito chino. Según la teoría fiscal, Moreno —cuando se desempeñaba como vicepresidente— habría intervenido para asegurar la participación de Sinohydro, cuyos representantes en el país eran el empresario Conto P., su hija María P., y su yerno Javier M., también procesados.
La Fiscalía sostiene que funcionarios y empresarios habrían acordado favorecer a Sinohydro a cambio de beneficios económicos.
Según los elementos expuestos, Conto P., María P. y Javier M. recibieron, a través de sus empresas —principalmente Recorsa—, el 4% del valor del contrato, monto que supera los 76,1 millones de dólares y que movieron hacia cuentas en Panamá.
Parte de esos recursos, afirma la institución, habría terminado en manos del núcleo familiar de Patiño, de allegados de Moreno y de funcionarios relacionados con la contratista.
Desde Asunción, Paraguay, donde reside con su esposa, Moreno ha defendido su versión mediante un comunicado público. Calificó la acusación como una “farsa” basada en antiguas relaciones familiares con contratistas de Sinohydro.
Recordó que la obra se contrató, financió y ejecutó durante el gobierno de Rafael Correa, y que la dirección del proyecto estuvo a cargo de Jorge Glas, entonces responsable de los sectores estratégicos.
El exmandatario también señaló que la denuncia inicial fue presentada por Ronny Aleaga, exasambleísta de la Revolución Ciudadana, a quien mencionó como uno de los autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio.
Afirmó que su caso busca desviar la atención de los problemas del contrato y reiteró que, como vicepresidente, no tenía control sobre ministerios ni sectores estratégicos.
Moreno afirmó que se trata de un intento de represalia política: “Ellos no perdonan las derrotas electorales ni las investigaciones que frenaron su influencia en Ecuador”, dijo, convencido de que enfrenta un nuevo episodio de lo que considera una persecución del correísmo.
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La Fiscalía busca que Lenín Moreno y 23 acusados enfrenten un juicio por cohecho
En la fase de evaluación, el entonces fiscal general encargado, Wilson Toainga, pidió que el conjuez llame a juicio a todos los procesados. La investigación se centra en un presunto esquema de corrupción vinculado al contrato otorgado a la empresa china Sinohydro, responsable de levantar la central Coca Codo Sinclair, una obra ejecutada en el gobierno de Rafael Correa por cerca de 2 000 millones de dólares.
La Fiscalía presentó 28 elementos de convicción comunes y 602 individuales para sustentar su pedido. Con la renuncia de Toainga, será el fiscal general encargado, Carlos Leonardo Alarcón quien participe en la lectura de la resolución.
#ATENCIÓN | #CasoSinohydro: #FiscalíaEc acusa a 24 personas –entre ellas el exvicepresidente de la República, Lenín M., su esposa e hija– por presunto #Cohecho. Hoy, la Institución solicitó que sean llamadas a juicio.
Más informaciónhttps://t.co/ypG4isX3Fc pic.twitter.com/tUyWozXnhE
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) September 18, 2025
Toainga detalló que la trama investigada gira en torno a la adjudicación del contrato, financiado con un crédito chino. Según la teoría fiscal, Moreno —cuando se desempeñaba como vicepresidente— habría intervenido para asegurar la participación de Sinohydro, cuyos representantes en el país eran el empresario Conto P., su hija María P., y su yerno Javier M., también procesados.
El 4% del contrato habría beneficiado a la red investigada
La Fiscalía sostiene que funcionarios y empresarios habrían acordado favorecer a Sinohydro a cambio de beneficios económicos.
Según los elementos expuestos, Conto P., María P. y Javier M. recibieron, a través de sus empresas —principalmente Recorsa—, el 4% del valor del contrato, monto que supera los 76,1 millones de dólares y que movieron hacia cuentas en Panamá.
Parte de esos recursos, afirma la institución, habría terminado en manos del núcleo familiar de Patiño, de allegados de Moreno y de funcionarios relacionados con la contratista.
Lenín Moreno insiste en que la causa es un ‘montaje’ y una revancha política
Desde Asunción, Paraguay, donde reside con su esposa, Moreno ha defendido su versión mediante un comunicado público. Calificó la acusación como una “farsa” basada en antiguas relaciones familiares con contratistas de Sinohydro.
Recordó que la obra se contrató, financió y ejecutó durante el gobierno de Rafael Correa, y que la dirección del proyecto estuvo a cargo de Jorge Glas, entonces responsable de los sectores estratégicos.
El exmandatario también señaló que la denuncia inicial fue presentada por Ronny Aleaga, exasambleísta de la Revolución Ciudadana, a quien mencionó como uno de los autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio.
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Afirmó que su caso busca desviar la atención de los problemas del contrato y reiteró que, como vicepresidente, no tenía control sobre ministerios ni sectores estratégicos.
Moreno afirmó que se trata de un intento de represalia política: “Ellos no perdonan las derrotas electorales ni las investigaciones que frenaron su influencia en Ecuador”, dijo, convencido de que enfrenta un nuevo episodio de lo que considera una persecución del correísmo.
- Información extra: Lenín Moreno
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