Las seis demandas que llevarán organizaciones en el 8M para alcanzar democracia, derechos y vida digna

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Vinicio Chacón Soto

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Diversas organizaciones feministas convocan a marchar este 8 de marzo (8M) bajo el lema “por la democracia, los derechos y la vida digna de las mujeres”.

Con ello plantean conmemorar el Día Internacional de la Mujer “en una jornada entendida como un espacio de memoria colectiva y de defensa de la democracia y el Estado de Derecho frente a lo que las organizaciones describen como un contexto de avance autoritario, debilitamiento institucional y amenazas a derechos históricamente conquistados”.

De acuerdo con un comunicado, la convocatoria entonces se presenta alrededor de tres ejes: la preocupación por el avance del autoritarismo, el debilitamiento institucional y la regresión democrática; la exigencia de justicia frente a la violencia femicida, así como la defensa de los derechos laborales y de los territorios, y la defensa del derecho a decidir y la autonomía corporal incluyendo el acceso al aborto legal.

A partir de esos ejes se presentan entonces seis demandas principales que marcarán la marcha. En primer lugar, la defensa del Estado social de derecho y “preocupación por el debilitamiento institucional, ante el deterioro de entidades como el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Ministerio de Educación Pública (MEP), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y el Patronato Nacional de la Infancia (PANI)”.

También se exige una “declaratoria de emergencia nacional por violencia basada género, mayor inversión en prevención, refugios y acceso a la justicia, así como la plena ejecución de la Ley de Reparación Integral para familias sobrevivientes de femicidio”; así como el rechazo a las jornadas laborales de doce horas, “por su impacto desproporcionado en las mujeres”.

Además, se reclama “acciones efectivas frente a la violencia política y digital contra las mujeres, incluyendo investigaciones diligentes y sanciones frente al abuso de poder y la impunidad” y la restitución del Programa de Educación para la Afectividad y Sexualidad Integral, con la garantía de “educación sexual científica y laica en todos los niveles, en cumplimiento de estándares internacionales como la Convención CEDAW y la Convención Belém do Pará, así como de las recomendaciones de sus respectivos comités al país”.

Finalmente se demanda la legalización del aborto, con acceso seguro y oportuno dentro del sistema público de salud y respeto a la autonomía corporal.

Las organizaciones hacen un llamado a “tomar las calles como territorio vivo de memoria y resistencia, reivindicando que cada derecho conquistado ha sido fruto de la lucha colectiva”.

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