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Kurt Freund Ruf
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Este es un tema complejo que toca las fibras más sensibles de la economía, la ecología y la soberanía en Ecuador. Aquí analizaremos las perspectivas para retomar el proyecto en el bloque ITT (Ishpingo, Tambococha y Tiputini).
El Bloque 43, mejor conocido como ITT, representa uno de los debates más divisivos en la historia reciente de Ecuador. Tras la consulta popular de 2023 que ordenó con una respuesta afirmativa a una pregunta mal planteada y equivocada, porque la consulta fue: si se debe dejar el crudo de Yasuní debajo del subsuelo. Por ello, el cese de la explotación petrolera en esta zona del Parque Nacional Yasuní, el país se encuentra en una encrucijada. Esto debido a: (1) que no existe extracción de hidrocarburos en el mundo desde debajo del subsuelo y (2) no se sabe a qué crudo se referían que debía encontrarse bajo el subsuelo. ¿Será el crudo que acompaña al hornado en Sangolquí? La IA me informa en todas las plataformas consultadas que no hay crudo bajo el subsuelo!!
La pregunta asi como la respuesta reflejan ignorancia y falta de cumplimiento con la ley de realizar una consulta informada. Pero aceptando tanto la pregunta como la respuesta se puede y debe cumplir sin afectar las operaciones del bloque 43 donde solamente se debe extraer del subsuelo y no debajo de él. Sin embargo, diversos sectores argumentan que, ante la crisis actual, necesariamente se debe reiniciar e impulsar el ITT no es solo una opción económica, sino por una necesidad de supervivencia estatal.
La razón principal para impulsar el ITT es por ser clave para el sostén fiscal. Ecuador enfrenta un déficit presupuestario crónico que impide la provisión de servicios básicos de salud, seguridad y educación adecuados; donde los ingresos provenientes del Bloque 43 han sido fundamentales para financiar estos sectores y el desarrollo de la Amazonia. Detener la producción implica una pérdida estimada de más de 1 500 millones de dólares anuales en exportaciones. En un contexto de creciente inseguridad y falta de empleo, renunciar a estos recursos sin un plan de transición real y financiado puede profundizar la crisis social y aumentar la pobreza en las zonas y sectores más vulnerables.
Otro argumento crítico es el costo del desmantelamiento. Se estima que cerrar los pozos y retirar la infraestructura también costaría más de 1500 millones de dólares. Reiniciar el proyecto bajo estándares de tecnología de punta como la perforación en racimos que minimiza la huella en superficie como lo realizan en las operaciones petroleras vecinas cruzando la frontera el Perú que es extensión de la misma selva y geología, sin sobresaltos. Esto permite aprovechar la inversión ya realizada. En lugar de gastar en “destruir” valor, el país podría reinvertir las ganancias del hidrocarburo en una transición energética responsable, utilizando el petróleo del presente para financiar la energía limpia y desarrollo del país mirando hacia el futuro.
Finalmente, existe un factor de soberanía energética. Mientras Ecuador debate el cierre de sus pozos, los países vecinos y las potencias globales continúan expandiendo su frontera hidrocarburífera. Detener el ITT no frena la demanda global y local de petróleo y simplemente traslada el beneficio económico a otros actores, mientras Ecuador asume solo el costo ambiental global sin beneficio de inventario. Un impulso estratégico del ITT, con una vigilancia ambiental rigurosa y participación de las comunidades locales, permitiría al Estado mantener su relevancia geopolítica y recursos para proteger, irónicamente, el resto del bioma amazónico de actividades ilegales como la minería y la tala, que suelen ocupar (y ya proliferan) los vacíos que deja el Estado.
Impulsar el ITT requiere un equilibrio delicado. No se trata de ignorar la biodiversidad del Yasuní, sino de reconocer que la protección ambiental no puede sostenerse sobre un Estado en quiebra. Un manejo técnico, transparente y con responsabilidad social del Bloque 43 podría ser el puente necesario para que Ecuador alcance la estabilidad económica indispensable para, eventualmente, dejar atrás la era extractivista de manera ordenada y no traumática.
Para profundizar en las pérdidas económicas, es necesario desglosar el impacto en tres dimensiones críticas: la caída de ingresos directos, los costos operativos de salida y el efecto sistémico en el empleo y la inversión. La pérdida de ingresos brutos es la cifra más visible. El Bloque 43 genera entre 1.200 y 1.400 millones de dólares anuales con la producción actual que podría duplicarse, desaprovechando el costo de oportunidad: Según el Banco Central, el cese de operaciones resta casi 0,7 puntos porcentuales al crecimiento del PIB anual, lo que ralentiza toda la economía nacional y obliga a seguir importando mas de 175.000 barriles de combustibles y derivados cuando alternativamente podría seguir fortaleciéndose la industria petrolera en Ecuador y creando miles de puestos de trabajo.
Contrario a lo que se creía inicialmente, cerrar un campo petrolero es extremadamente caro. Petroecuador ha actualizado estas cifras recientemente: Inversión en el cierre: Se estima un costo total de 1.345 a 1.800 millones de dólares para el taponamiento de los 246 pozos y el retiro de infraestructura. Esto implica una logística compleja: Al no haber carreteras (se usa transporte fluvial y aéreo para proteger la selva), el costo de sacar la maquinaria es sustancialmente mayor que en otros bloques. Además, se genera una pérdida de activos productivos de r cerca de 2.000 millones de dólares ya invertidos en plataformas y estaciones que aún tienen vida útil. Y generan ingresos al Estado.
El impacto humano es quizás el más difícil de revertir a corto plazo: Pérdida de puestos de trabajo: El Banco Central del Ecuador (BCE) proyectó que hasta 2025-2026 se podrían perder más de 107 000 empleos (entre directos, indirectos e inducidos) vinculados a la cadena de valor del bloque, y el Estado debe asumir cerca de 251 millones de dólares en indemnizaciones y proyectos de compensación social para las comunidades locales que dependían económicamente de la actividad petrolera.
Si sumamos todos los factores, el escenario a largo plazo es alarmante para las finanzas públicas donde además ya existe una incógnita real que es la sostenibilidad a corto plazo del sistema de Seguridad Social cuando el IESS está técnicamente quebrado y no puede sostener ni el sistema previsional ni el de la salud.
Tanto los actuales aportantes tanto públicos como privados al IESS así como los jubilados, los GAD municipales y provinciales con todos sus empleados y los centros de educación superior públicos (que son la mayoría) deberían salir a defender la operación y ampliación del Bloque 43 para asegurar su funcionamiento y solvencia el siguiente cuarto de siglo hasta crear alternativas de ingresos para sus operaciones.
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El Bloque 43, mejor conocido como ITT, representa uno de los debates más divisivos en la historia reciente de Ecuador. Tras la consulta popular de 2023 que ordenó con una respuesta afirmativa a una pregunta mal planteada y equivocada, porque la consulta fue: si se debe dejar el crudo de Yasuní debajo del subsuelo. Por ello, el cese de la explotación petrolera en esta zona del Parque Nacional Yasuní, el país se encuentra en una encrucijada. Esto debido a: (1) que no existe extracción de hidrocarburos en el mundo desde debajo del subsuelo y (2) no se sabe a qué crudo se referían que debía encontrarse bajo el subsuelo. ¿Será el crudo que acompaña al hornado en Sangolquí? La IA me informa en todas las plataformas consultadas que no hay crudo bajo el subsuelo!!
La pregunta asi como la respuesta reflejan ignorancia y falta de cumplimiento con la ley de realizar una consulta informada. Pero aceptando tanto la pregunta como la respuesta se puede y debe cumplir sin afectar las operaciones del bloque 43 donde solamente se debe extraer del subsuelo y no debajo de él. Sin embargo, diversos sectores argumentan que, ante la crisis actual, necesariamente se debe reiniciar e impulsar el ITT no es solo una opción económica, sino por una necesidad de supervivencia estatal.
La razón principal para impulsar el ITT es por ser clave para el sostén fiscal. Ecuador enfrenta un déficit presupuestario crónico que impide la provisión de servicios básicos de salud, seguridad y educación adecuados; donde los ingresos provenientes del Bloque 43 han sido fundamentales para financiar estos sectores y el desarrollo de la Amazonia. Detener la producción implica una pérdida estimada de más de 1 500 millones de dólares anuales en exportaciones. En un contexto de creciente inseguridad y falta de empleo, renunciar a estos recursos sin un plan de transición real y financiado puede profundizar la crisis social y aumentar la pobreza en las zonas y sectores más vulnerables.
Otro argumento crítico es el costo del desmantelamiento. Se estima que cerrar los pozos y retirar la infraestructura también costaría más de 1500 millones de dólares. Reiniciar el proyecto bajo estándares de tecnología de punta como la perforación en racimos que minimiza la huella en superficie como lo realizan en las operaciones petroleras vecinas cruzando la frontera el Perú que es extensión de la misma selva y geología, sin sobresaltos. Esto permite aprovechar la inversión ya realizada. En lugar de gastar en “destruir” valor, el país podría reinvertir las ganancias del hidrocarburo en una transición energética responsable, utilizando el petróleo del presente para financiar la energía limpia y desarrollo del país mirando hacia el futuro.
Finalmente, existe un factor de soberanía energética. Mientras Ecuador debate el cierre de sus pozos, los países vecinos y las potencias globales continúan expandiendo su frontera hidrocarburífera. Detener el ITT no frena la demanda global y local de petróleo y simplemente traslada el beneficio económico a otros actores, mientras Ecuador asume solo el costo ambiental global sin beneficio de inventario. Un impulso estratégico del ITT, con una vigilancia ambiental rigurosa y participación de las comunidades locales, permitiría al Estado mantener su relevancia geopolítica y recursos para proteger, irónicamente, el resto del bioma amazónico de actividades ilegales como la minería y la tala, que suelen ocupar (y ya proliferan) los vacíos que deja el Estado.
Impulsar el ITT requiere un equilibrio delicado. No se trata de ignorar la biodiversidad del Yasuní, sino de reconocer que la protección ambiental no puede sostenerse sobre un Estado en quiebra. Un manejo técnico, transparente y con responsabilidad social del Bloque 43 podría ser el puente necesario para que Ecuador alcance la estabilidad económica indispensable para, eventualmente, dejar atrás la era extractivista de manera ordenada y no traumática.
Para profundizar en las pérdidas económicas, es necesario desglosar el impacto en tres dimensiones críticas: la caída de ingresos directos, los costos operativos de salida y el efecto sistémico en el empleo y la inversión. La pérdida de ingresos brutos es la cifra más visible. El Bloque 43 genera entre 1.200 y 1.400 millones de dólares anuales con la producción actual que podría duplicarse, desaprovechando el costo de oportunidad: Según el Banco Central, el cese de operaciones resta casi 0,7 puntos porcentuales al crecimiento del PIB anual, lo que ralentiza toda la economía nacional y obliga a seguir importando mas de 175.000 barriles de combustibles y derivados cuando alternativamente podría seguir fortaleciéndose la industria petrolera en Ecuador y creando miles de puestos de trabajo.
Contrario a lo que se creía inicialmente, cerrar un campo petrolero es extremadamente caro. Petroecuador ha actualizado estas cifras recientemente: Inversión en el cierre: Se estima un costo total de 1.345 a 1.800 millones de dólares para el taponamiento de los 246 pozos y el retiro de infraestructura. Esto implica una logística compleja: Al no haber carreteras (se usa transporte fluvial y aéreo para proteger la selva), el costo de sacar la maquinaria es sustancialmente mayor que en otros bloques. Además, se genera una pérdida de activos productivos de r cerca de 2.000 millones de dólares ya invertidos en plataformas y estaciones que aún tienen vida útil. Y generan ingresos al Estado.
El impacto humano es quizás el más difícil de revertir a corto plazo: Pérdida de puestos de trabajo: El Banco Central del Ecuador (BCE) proyectó que hasta 2025-2026 se podrían perder más de 107 000 empleos (entre directos, indirectos e inducidos) vinculados a la cadena de valor del bloque, y el Estado debe asumir cerca de 251 millones de dólares en indemnizaciones y proyectos de compensación social para las comunidades locales que dependían económicamente de la actividad petrolera.
Si sumamos todos los factores, el escenario a largo plazo es alarmante para las finanzas públicas donde además ya existe una incógnita real que es la sostenibilidad a corto plazo del sistema de Seguridad Social cuando el IESS está técnicamente quebrado y no puede sostener ni el sistema previsional ni el de la salud.
Tanto los actuales aportantes tanto públicos como privados al IESS así como los jubilados, los GAD municipales y provinciales con todos sus empleados y los centros de educación superior públicos (que son la mayoría) deberían salir a defender la operación y ampliación del Bloque 43 para asegurar su funcionamiento y solvencia el siguiente cuarto de siglo hasta crear alternativas de ingresos para sus operaciones.
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