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Mario Bermúdez Vives
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Aunque está a las puertas de reiniciar su trámite a partir de este martes 10 de febrero, el futuro del proyecto de ley para regular las jornadas laborales de doce horas se vuelve más incierto, particularmente luego de que 14 mociones de la discordia provocan división incluso entre los defensores de la iniciativa.
El proyecto 24.290, “Establecimiento de Jornadas Laborales excepcionales, para casos que sean excepcionales (sic)”, está previsto para retornar al Plenario este martes 10 de febrero, luego de las consultas que se le debieron realizar tras la aprobación, el 19 de enero, de 14 mociones presentadas por la diputada Monserrat Ruiz, del Partido Liberación Nacional (PLN).
Esto implicará que monopolizará el Plenario, y desplazará otros debates, cuando a los actuales diputados restan menos de tres meses. Esto incomoda a muchos legisladores, ante la improbabilidad de que el proyecto sea votado: apenas se han votado un 17% de mociones y revisiones pendientes antes de iniciar el debate por el fondo: restan 4.256, lo que implicaría que se requieren entre seis meses y más de un año (en el escenario menos optimista, dos años) solo para pasar a este primer debate.
Ante ello, el presidente legislativo Rodrigo Arias, que se declara defensor del proyecto, solicitó a las jefaturas de fracción buscar una salida, ante un trámite que en la oposición consideran “inviable”.
Pero a este calificativo de “inviable” se agregan otros defensores del proyecto, aunque por otras razones. Representantes empresariales han indicado que los cambios provocados precisamente por las 14 mociones de la discordia hacen inviable el proyecto.
La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) afirmó el 20 de enero, un día después de la aprobación de las 14 mociones, que los cambios hacían inviable la reforma. “El sector empresarial considera que las modificaciones impulsadas y aprobadas a la fecha desvirtúan el objetivo original de la iniciativa y comprometen seriamente su viabilidad técnica y operativa, haciendo inviable su aplicación en caso de ser aprobada en el Plenario Legislativo” indicaron en un comunicado en el que pedían a los diputados “dejar sin efecto los cambios” y regresar al texto original, que calificaron de versión equilibrada, viable y necesaria.
Se trata de cambios que van desde prohibiciones expresas de discriminación a trabajadores, condiciones que pueden originar la cancelación del permiso para estas jornadas, y beneficios para los empleados, como descansos de 90 minutos diarios, evaluaciones médicas costeadas por el empleador, y posibilidad de retornar a la jornada ordinaria, entre otras (ver recuadro Mociones de la discordia)
La presidenta electa Laura Fernádez se ubicó dentro de esa visión, al día siguiente de su victoria en las urnas, al pedir a los diputados actuales no avanzar en el proyecto, si no reunía las aspiraciones de los sectores que lo impulsaban. “Si van a aprobar un mamarracho, mejor no aprueben nada, porque puede salirnos peor lo que van a aprobar, y más bien generar una huida de la inversión, o un desestímulo a la inversión extranjera directa”, dijo el 2 de febrero en conferencia de prensa.
Sin embargo, la fracción oficialista parece no valorar este criterio de la presidenta electa, y actual ministra de la Presidencia: tanto la jefa de fracción oficialista Pilar Cisneros, como el subjefe de la bancada, Daniel Vargas, cerraron la puerta a la posibilidad de eliminar la vía rápida de este proyecto en la reunión de jefaturas de fracción, el pasado 5 de febrero. Tanto Cisneros como Vargas insisten en que se debe mantener el avance del actual proyecto de jornadas excepcionales, alegando que en la próxima Asamblea Legislativa no tienen garantía de que una nueva versión será rechazada por la oposición.
Esto deja este trámite en un limbo complicado: continuar con un debate que no tiene visos de ser concluido en la actual Asamblea, con un proyecto que no le gusta ni a opositores, ni a defensores y que paralizará el Plenario en gran medida. O buscar una salida, que sin embargo al oficialismo pareciera disgustarle, al dejar la impresión de que están abandonando la reforma, y que no confían en que los siguientes diputados tampoco la puedan concretar. Un dilema que pone a prueba las capacidades de negociación de la ministra de la Presidencia… la presidenta electa, precisamente.
Las mociones de la discordia
En el trámite al proyecto 24.290 se habían aprobado únicamente cinco mociones, durante las votaciones sin el uso de la palabra: la 652, la 654, la 843, la 852 y la 858. Sin embargo, el 19 de enero una alianza del PLN, el FA y diputados independientes permitió aprobar catorce mociones en una sola sesión, de la 859 a la 872. A continuación, el contenido de esas mociones.
Moción 859: Los trabajadores en este esquema tendrán un tiempo para descansos y comidas de 90 minutos por día, incluido en el tiempo de estas jornadas. Las empresas deberán disponer espacios adecuados para estos fines, auditados anualmente por el Consejo de Salud Ocupacional.
Moción 860: Trabajadores deberán ser sometidos a evaluaciones médicas semestrales, costeadas por el empleador.
Moción 861: La autorización a las jornadas pueda ser revertida si al menos un 50% de los trabajadores bajo ese modelo se manifiestan en contra, mediante consulta secreta supervisada por Ministerio de Trabajo. Se garantiza retorno a jornada ordinaria sin ninguna represalia.
Moción 862: La implementación de las jornadas no dará lugar a prácticas discriminatorias directas ni indirectas en este esquema en razón de género, condición social, de refugio, discapacidad o responsabilidades familiares. Toda diferencia en trato se justificará con razones técnicas.
Moción 863: Prohibió que organizaciones solidaristas puedan sustituir a las organizaciones sindicales en la negociación colectiva. Convenios de jornadas ampliadas que involucren condiciones laborales deberán suscribirse con organizaciones sindicales.
Moción 864: Los trabajadores en este modelo que enfrenten condiciones familiares, médicas o sociales especiales, podrán solicitar su regreso a la jornada ordinaria. Empleador deberá resolver solicitud en quince días, y en caso de negativa, debe ser debidamente motivada y comunicada por escrito.
Moción 865: La Dirección de Asuntos Laborales del Ministerio de Trabajo únicamente podrá homologar convenios colectivos que incluyan la jornada excepcional ampliada si esta ha sido previamente aprobada, mediante consulta secreta a las personas trabajadoras directamente afectadas, con al menos un 50% de participación favorable.
Moción 866: El empleador deberá garantizar la equidad en el acceso beneficios, formación y condiciones laborales, sin discriminación entre quienes se acojan o no a la jornada excepcional. La elección de modalidad no podrá afectar la trayectoria ni el ascenso profesional.
Moción 867: Cualquier autorización de jornada excepcional ampliada será nula de pleno derecho si se demuestra que fue obtenida mediante coacción, falsedad, omisión de información o sin los mecanismos de consulta establecidos en esta ley.
Moción 868: Cuando una persona trabajadora labore en su día libre bajo el régimen de jornada excepcional ampliada, deberá percibir el pago correspondiente al doble de la remuneración ordinaria por hora, además de los incentivos o recargos aplicables. Esta disposición será de carácter irrenunciable.
Moción 869: Los trabajadores bajo el esquema de jornadas excepcionales deben recibir prioridad al solicitar horarios flexibles para cumplir actividades académicas, médicas o familiares, sin perjuicio de su salario o evaluación.
Moción 870: Las empresas deberán presentar un informe de brechas de género cada año al Ministerio de Trabajo y el INAMU. En caso de no cumplir esta obligación, dará lugar a suspender la autorización de las jornadas.
Moción 871: A los 18 meses de la vigencia de la ley, el Ministerio de Trabajo deberá rendir un informe a la Asamblea Legislativa, sobre el impacto de estas jornadas en las condiciones laborales, la salud, la equidad de género y la productividad, con base en datos técnicos y estudios independientes.
Moción 872: La Dirección Nacional de Inspección del Trabajo deberá habilitar un registro público, accesible en línea, que incluya las autorizaciones emitidas para jornada excepcional ampliada, con detalle de empresas, puestos autorizados, duración y condiciones.
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