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Boris Gongora
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El vicepresidente Edmand Lara junto a un grupo de asambleítas presentó este jueves un proyecto de ley con el objetivo de frenar los artículos que considera inconstitucionales de los decretos supremos 5503 y 5515, señalando que la iniciativa busca restituir el rol de la Asamblea Legislativa Plurinacional y proteger los recursos naturales del país.
“Tal como lo manifestamos ayer, junto a los asambleístas que hoy nos acompañan, tenemos listo el proyecto de ley para poner un alto a todos los artículos inconstitucionales de los decretos 5503 y 5515”, declaró Lara durante la presentación pública de la propuesta.
En diciembre, el Gobierno promulgó el Decreto Supremo 5503, que elimina la subvención a los combustibles e impulsa una serie de medidas económicas, lo que generó controversia y protestas sociales debido al aumento de precios y su impacto en la población.
Asimismo, el Ejecutivo emitió el Decreto Supremo 5515, que habilita al presidente a gobernar desde el exterior mediante el uso de tecnologías de la comunicación, además de modificar y reducir algunas atribuciones del Vicepresidente.
Lara aclaró que no se plantea la abrogación total de ambos decretos, sino únicamente de aquellas disposiciones que, a su criterio, vulneran la Constitución Política del Estado.
“No pretendemos la eliminación total, sino frenar lo que es inconstitucional y lo que atenta contra el Estado de Derecho”, precisó.
La autoridad sostuvo que la iniciativa legislativa responde a las movilizaciones y protestas sociales que se registran en distintos puntos del país. “Nos dirigimos no solo como autoridades democráticamente electas, sino como ciudadanos comprometidos con la patria y solidarios con el pueblo que hoy protesta en las calles y carreteras por una demanda justa”, señaló.
Añadió que el proyecto de ley busca devolver a la Asamblea su rol constitucional, resguardar los recursos naturales y evitar que estos queden “a disposición de intereses extranjeros”.
Lea más: Lara anuncia un proyecto de ley para frenar el DS 5503
“Pretendemos que se respete el Estado de Derecho y las funciones de la Asamblea, del vicepresidente y de todos los asambleístas”, reiteró.
Según Lara, la propuesta no busca confrontar al Órgano Ejecutivo, ni generar un conflicto con el presidente. “Lo único que queremos es que entienda que está gobernando con decretos inconstitucionales y que rectifique”, afirmó.
El vicepresidente anunció que el proyecto será remitido a la Comisión de Constitución, a través de la senadora Yasmín, para su correspondiente tratamiento legislativo.
Además, calificó a los decretos cuestionados como “decretos del hambre, del desempleo y de la desesperanza” y reafirmó su compromiso de trabajar por “una Bolivia digna, libre de corrupción y libre de dictadura”.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila, señaló que una ley no puede anular un decreto supremo, y explicó que el Órgano Legislativo no puede regular mediante ley las políticas operativas del Órgano Ejecutivo.
“Hasta el momento es un anuncio. Lo que sí hay que dejar claramente establecido es que existen competencias definidas entre los órganos del Estado y nosotros no podemos legislar sobre competencias operativas del nivel Ejecutivo”, aseveró.
Indicó que, si bien en el orden normativo la Constitución está por encima de las leyes y los decretos, el Legislativo no puede dejar sin efecto un decreto supremo, salvo que se demuestre una invasión de competencias.
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“Tal como lo manifestamos ayer, junto a los asambleístas que hoy nos acompañan, tenemos listo el proyecto de ley para poner un alto a todos los artículos inconstitucionales de los decretos 5503 y 5515”, declaró Lara durante la presentación pública de la propuesta.
En diciembre, el Gobierno promulgó el Decreto Supremo 5503, que elimina la subvención a los combustibles e impulsa una serie de medidas económicas, lo que generó controversia y protestas sociales debido al aumento de precios y su impacto en la población.
Asimismo, el Ejecutivo emitió el Decreto Supremo 5515, que habilita al presidente a gobernar desde el exterior mediante el uso de tecnologías de la comunicación, además de modificar y reducir algunas atribuciones del Vicepresidente.
Lara aclaró que no se plantea la abrogación total de ambos decretos, sino únicamente de aquellas disposiciones que, a su criterio, vulneran la Constitución Política del Estado.
“No pretendemos la eliminación total, sino frenar lo que es inconstitucional y lo que atenta contra el Estado de Derecho”, precisó.
La autoridad sostuvo que la iniciativa legislativa responde a las movilizaciones y protestas sociales que se registran en distintos puntos del país. “Nos dirigimos no solo como autoridades democráticamente electas, sino como ciudadanos comprometidos con la patria y solidarios con el pueblo que hoy protesta en las calles y carreteras por una demanda justa”, señaló.
Añadió que el proyecto de ley busca devolver a la Asamblea su rol constitucional, resguardar los recursos naturales y evitar que estos queden “a disposición de intereses extranjeros”.
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“Pretendemos que se respete el Estado de Derecho y las funciones de la Asamblea, del vicepresidente y de todos los asambleístas”, reiteró.
Según Lara, la propuesta no busca confrontar al Órgano Ejecutivo, ni generar un conflicto con el presidente. “Lo único que queremos es que entienda que está gobernando con decretos inconstitucionales y que rectifique”, afirmó.
El vicepresidente anunció que el proyecto será remitido a la Comisión de Constitución, a través de la senadora Yasmín, para su correspondiente tratamiento legislativo.
Además, calificó a los decretos cuestionados como “decretos del hambre, del desempleo y de la desesperanza” y reafirmó su compromiso de trabajar por “una Bolivia digna, libre de corrupción y libre de dictadura”.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila, señaló que una ley no puede anular un decreto supremo, y explicó que el Órgano Legislativo no puede regular mediante ley las políticas operativas del Órgano Ejecutivo.
“Hasta el momento es un anuncio. Lo que sí hay que dejar claramente establecido es que existen competencias definidas entre los órganos del Estado y nosotros no podemos legislar sobre competencias operativas del nivel Ejecutivo”, aseveró.
Indicó que, si bien en el orden normativo la Constitución está por encima de las leyes y los decretos, el Legislativo no puede dejar sin efecto un decreto supremo, salvo que se demuestre una invasión de competencias.
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