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Laura Martínez Quesada
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La Ley de Radio, No. 1758, data del año 1954. En muchos intentos pasados por actualizarla, lo único que se logró fueron algunos breves retoques y eliminarle artículos completamente obsoletos. Los Medios se encargaron una y otra vez, de que dichas reformas no pasaran, para mantener el statu quo, que, por supuesto les favorece, pues solo pagan ₡6 mil al año por radio y ₡120 mil por televisión.
Sin embargo, aunque una nueva ley de Radio y Televisión es urgente y necesaria, tampoco se justifica una subasta del espectro radioeléctrico para estos servicios, pues no estamos en presencia de ningún cambio estructural en ellos, como sí lo hubo cuando se dio la apertura de los servicios móviles, en el año 2010, autorizada por la Ley General de Telecomunicaciones, No. 8664, aprobada en al año 2008.
En contraste, una intervención del Estado sí debió de haberse dado en el año 2019, cuando se produjo la digitalización de los medios de transmisión, -apagón analógico-, no para afectar a ninguna emisora establecida, sino para recoger los canales adicionales que dicho avance tecnológico produjo. Esto hubiera permitido democratizar mucho más la asignación del espectro, pero en cambio las actuales emisoras se hicieron en automático, de 2 o 3 canales adicionales -ahora digitales- que cada asignación del espectro para transmisiones analógicas permitió alojar.
Volviendo a la subasta, este es un proceso que más obedece a razones hepáticas del señor presidente, (uno más de los hechos con que escribirá su propia historia como presidente de una nación a la que pretendió doblegar a sus caprichos), al ordenar tres subastas, con costos iniciales que iban desde los cinco millones para una frecuencia de radio en AM, 200 millones para una en FM y hasta los 800 millones para la televisión.
En documentos de la Sutel, (Semanario del 27/11/2025), se indica que ese costo “no establece una barrera de entrada que impida a los interesados presentar sus ofertas sino promover la competencia efectiva”.
Sin embargo, -una vez más- los hechos le mostraron al señor presidente que la realidad es muy distinta a la suya, pues el lunes 24 de noviembre pasado, solo se recibieron 4 ofertas para canales de televisión, 20 para radio FM y 1 para radio AM. La gran mayoría de las emisoras no tuvieron la posibilidad de hacer frente a tales exigencias y se vieron amenazadas a abandonar años de trayectoria en ese campo.
Dichosamente, una vez más, la institucionalidad demostró que, a pesar de sus falencias, es garantía de seguridad jurídica, de equilibrio entre poderes y de protección contra vaivenes, caprichos y sueños de reyezuelos y políticos trasnochados o desubicados, a pesar de tontos útiles y funcionarios serviles, que esta administración mantiene en la mayoría de sus puestos ejecutivos.
El efecto equivaldría a un apagón, súbito, forzado y definitivo, de la mayoría de los actuales medios de radio y televisión, poniendo en entredicho la libertad de prensa y de expresión, de un pueblo que si algo lo caracteriza es la libertad de pensamiento crítico, “no siervos menguados”, como advierte nuestro Himno Patriótico al 15 de setiembre.
La concesión y la gestión del espectro radioeléctrico es un tema complejo, que involucra aspectos técnicos, económicos, sociales y regulatorios. En los países desarrollados, las mejores prácticas buscan una gestión eficiente, flexible, dinámica y transparente de dicho recurso.
Las tendencias internacionales en este campo apuntan a modelos que maximicen, principalmente el beneficio social y después el económico del espectro, un recurso natural, limitado y demanial -propiedad del Estado-.
En relación con el cobro, se acostumbra un canon anual de gestión, que cubra los costos administrativos de la gestión del espectro por parte del ente regulador: planificación, monitoreo y control de interferencias. Este canon debe ser pagado por todos los usuarios del espectro -comerciales y no comerciales-, y su monto depende de los costos operativos de la entidad reguladora.
Además, se cobra un canon de uso, que busca compensar al Estado por la explotación privada de un bien público para generar un beneficio económico, y aquí es donde es necesario tener la sensibilidad social para hacer las debidas diferenciaciones, dependiendo de los fines y usos de las emisoras.
Para las emisoras comerciales, además del canon por gestión, se establece un canon mucho más alto, determinado por variables de mercado, como la cobertura, la población a cubrir, la banda del espectro (AM, FM o TV), y el ancho de banda asignado.
Para emisoras no comerciales, llámense culturales, religiosas y de carácter social, se cobra el canon de gestión y uno mucho más reducido o se aplica una exención total, considerando el interés público y social que el mercado no provee, maximizando el beneficio social, antes que el económico.
Un agravante más y que refleja la insensates de un gobierno sin sensibilidad social y capaz de cualquier cosa, es llevar a cabo dicho proceso en medio de un periodo de elecciones nacionales, y más peligroso aún, cuando el señor presidente tiene múltiples y reiteradas denuncias por beligerancia política.
Debemos sentirnos orgullosos de la democracia -ya centenaria-, que nos heredaron nuestros abuelos, que hoy enfrenta en su actual Constitución, la primera prueba de fuego en sus 76 años de vigencia, con un gobierno que un día sí y otro también, dispara como con escopeta y amenaza a toda la institucionalidad que representa nuestro sistema democrático. Gerardo Fumero Paniagua.
La entrada La subasta del espectro para Radio y Televisión aparece primero en Semanario Universidad.
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