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Laura Martínez Quesada
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“La evidencia técnica demostró que regular las comisiones no debilitó el sistema: fortaleció la competencia y devolvió recursos a los hogares y al comercio.”
Durante años se nos dijo que tocar las comisiones del sistema de tarjetas de pago era peligroso. Que regularlas ahuyentaría la inversión, frenaría la innovación y pondría en riesgo la estabilidad del sistema financiero. Era un argumento repetido con firmeza, pero sostenido más en creencias que en evidencia. Hoy, los datos cuentan una historia distinta.
La Ley 9831, aprobada en el año 2020, no nació de un impulso ideológico ni de una improvisación política. Surgió de una realidad concreta que afectaba a miles de comercios y a millones de consumidores: comisiones elevadas y poco transparentes que encarecían el comercio formal, golpeaban con especial dureza a las pequeñas y medianas empresas y, al final, se trasladaban al precio que paga la ciudadanía. Por eso, desde su primer artículo, la ley estableció un objetivo claro y legítimo: garantizar el menor costo posible para los afiliados, siguiendo las mejores prácticas internacionales.
Cinco años después, los estudios técnicos realizados por el Banco Central de Costa Rica, con rigor, profesionalismo y estricto apego al mandato legal, permiten evaluar con serenidad los resultados. Y lo que muestran es contundente: regular funcionó.
La evidencia internacional fue el punto de partida correcto. Al analizar los países líderes en inclusión financiera y uso de pagos digitales, según el Global Findex del Banco Mundial, se observa que la gran mayoría regula las comisiones asociadas a los pagos con tarjetas. De los 22 países que encabezan los rankings de acceso a cuentas, uso de tarjetas y pagos digitales, 20 cuentan con algún tipo de regulación. No se trata de economías marginales ni de experimentos improvisados, sino de países pertenecientes, en su mayoría, a la OCDE y al Espacio Económico Europeo, referentes históricos de sistemas de pago eficientes y modernos.
Costa Rica decidió alinearse con esa práctica internacional. El Banco Central, ha utilizado técnicas de comparación internacional y modelación econométrica para definir rangos razonables de comisiones máximas. Como resultado, para las operaciones locales, la comisión máxima que pagan los negocios se ha fijado en 1,95% para el año 2026. Conviene recordar que apenas cinco años atrás existían comisiones que llegaban hasta el 12%.
Este ajuste no solo es significativo en términos históricos, sino que coloca a Costa Rica por debajo de muchos países de América Latina, e incluso de economías como Estados Unidos o México. Aun así, debemos decirlo con claridad: seguimos lejos de los estándares europeos, donde la comisión de intercambio para tarjetas de crédito es de apenas 0,30%, en CR aún es del 1%. Aspirar a esos niveles no es una utopía; es una meta razonable si se mantiene el rumbo correcto.
La comisión de intercambio es el monto que el banco emisor de la tarjeta cobra al banco dueño del datáfono instalado en el comercio, por permitir el uso de la tarjeta. La comisión de adquirencia, en cambio, es lo que cobra el banco al comercio por el datáfono y el servicio de cobro con tarjeta, y quizás es la más relevante.
El impacto interno de la regulación ha sido notable. Lejos de contraerse, el sistema de tarjetas se expandió. Entre 2020 y 2025, el número de entidades que brindan el servicio de datáfonos pasó de 8 a 13 en los sistemas abiertos, y otros nuevos proveedores se preparan para ingresar. Paralelamente, aumentaron de forma sostenida la cantidad de comercios afiliados y el número de terminales punto de venta, incluso conforme las comisiones máximas se reducían. Este dato es clave, porque desmonta uno de los principales mitos del debate: bajar comisiones no redujo incentivos ni limitó la cobertura del sistema.
El uso de tarjetas también creció con fuerza. En 2024 se realizaron más de 1.139 millones de pagos con tarjetas emitidas por entidades costarricenses, lo que representa un aumento superior al 16% respecto al año anterior. Tres de cada cuatro pagos se efectuaron con tarjetas de débito, cuyo uso se ha más que duplicado desde 2020. No se trata de un fenómeno marginal o coyuntural, sino de una transición estructural hacia medios de pago electrónicos, con menor dependencia del efectivo y mayor trazabilidad económica.
Además, es importante subrayar que no estamos hablando de grandes transacciones financieras. Más del 90% de los pagos presenciales con tarjeta corresponden a montos iguales o inferiores a ₡50.000. Son pagos cotidianos: el supermercado, la soda del barrio, la farmacia, el transporte. En este contexto, cada décima de comisión importa, porque se traduce directamente en costos operativos para el comercio y, finalmente, en el precio que paga la ciudadanía.
Otro hallazgo relevante de los estudios del Banco Central es que, pese a los avances, el mercado de servicios de datáfonos sigue siendo altamente concentrado. Los índices de concentración (Herfindahl-Hirschman) muestran un dominio persistente de pocos proveedores. Precisamente por eso la regulación sigue siendo necesaria: no para castigar al mercado, sino para corregir asimetrías de poder y evitar que la concentración se traduzca en rentas excesivas.
Conviene recordar un dato que suele omitirse en el debate público. Antes de la ley, algunas actividades, como las estaciones de servicio y las organizaciones de beneficencia, ya operaban con comisiones cercanas al 1% de intercambio, definidas por los propios emisores. Es decir, el sistema ya había demostrado, durante décadas, que podía funcionar con comisiones significativamente más bajas. La regulación no creó una realidad artificial: formalizó y extendió condiciones que ya eran viables.
Los efectos sociales de la ley son, quizá, su resultado más importante. Tomando como referencia las comisiones existentes antes de la Ley 9831 y considerando que en 2024 los pagos con tarjetas alcanzaron aproximadamente los ¢15 billones, los costarricenses nos ahorramos ese año cerca de ¢308.000 millones, equivalentes a 0,6 puntos del PIB. En términos prácticos, cada familia costarricense se ahorró en promedio unos ¢180.000. Este no es un dato menor: es ingreso disponible que no se fue en comisiones, sino que quedó en los hogares y en los comercios.
Persisten, sin embargo, desafíos importantes. Hoy existe una dispersión injusta en las comisiones que pagan los comercios: los pequeños suelen pagar el máximo permitido (1,95%), mientras que los grandes pagan entre 0% y 0,1%. Esta situación genera competencia desleal y debe corregirse. Esperemos que el avance tecnológico, el aumento del volumen de transacciones, una mayor competencia y la vigilancia activa de la ciudadanía permitan que las comisiones sigan convergiendo hacia los estándares europeos.
El principal riesgo ahora es retroceder. Persisten presiones para desregular y volver a confiar ciegamente en la llamada “mano invisible”, incluso en mercados altamente concentrados. La evidencia demuestra que ese dogma no se sostiene. La regulación inteligente, técnica y transparente no es enemiga del mercado; es su condición para funcionar con justicia.
La ley cumplió su propósito. Ahora corresponde defenderla, perfeccionarla cuando la evidencia lo indique y recordar una verdad simple, pero fundamental: en economía, como en política pública, los datos importan más que los mitos.
La entrada La rebaja de las comisiones por pagos con tarjetas: cuando la evidencia venció al dogma aparece primero en Semanario Universidad.
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