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Mónica Palm
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La juez de garantías América Vergara suspendió una “orden de protección” solicitada por los hermanos Roberto y Ramón Carretero Napolitano, que impedía que la periodista Sabrina Bacal informara sobre las actividades de ambos.
La orden estaba vigente desde el pasado 6 de noviembre, cuando fue dictada por Isela Mela Peralta, fiscal adjunta de la sección de delitos contra la libertad, el honor, la administración de justicia y la personalidad interna del Estado.
Mela estuvo presente en una audiencia de control por afectación de derechos fundamentales, solicitada por Eduardo Guevara, abogado de Bacal, que se celebró este viernes 6 de marzo.
En dicha audiencia, Guevara expuso que la orden de la fiscal Mela es inconstitucional y limitaba el libre ejercicio del periodismo, al imponer restricciones a la labor de Bacal, quien además es articulista de La Prensa, analista política y expresidenta del Consejo Nacional de Periodismo (CNP).
La fiscal Mela apoyó la solicitud de Guevara. Esta es la misma fiscal que, cuatro meses antes, expidió la orden de protección.
Marcela Araúz, presente en la audiencia, se opuso a dejar sin efecto la medida, alegando que sus clientes no son personalidades públicas. Ambos han sido importantes contratistas del Estado y han estado acusados en casos de alto perfil, como el de las coimas Odebrecht. Adicional, en diciembre pasado, fueron incluidos en la lista sancionatoria de la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por sus vínculos con Nicolás Maduro y el régimen venezolano.
Ni uno de los Carretero acudió a la audiencia; Bacal, que actualmente está en el extranjero, siguió el desarrollo de la misma vía Zoom.
Los hermanos Carretero Napolitano querellaron penalmente a Bacal, al también periodista Roberto Deniz, del portal de noticias Armando Info, y otros, por presunta de calumnia e injuria. Ambos reclaman $1 millón.
Información en desarrollo...
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La orden estaba vigente desde el pasado 6 de noviembre, cuando fue dictada por Isela Mela Peralta, fiscal adjunta de la sección de delitos contra la libertad, el honor, la administración de justicia y la personalidad interna del Estado.
Mela estuvo presente en una audiencia de control por afectación de derechos fundamentales, solicitada por Eduardo Guevara, abogado de Bacal, que se celebró este viernes 6 de marzo.
En dicha audiencia, Guevara expuso que la orden de la fiscal Mela es inconstitucional y limitaba el libre ejercicio del periodismo, al imponer restricciones a la labor de Bacal, quien además es articulista de La Prensa, analista política y expresidenta del Consejo Nacional de Periodismo (CNP).
La fiscal Mela apoyó la solicitud de Guevara. Esta es la misma fiscal que, cuatro meses antes, expidió la orden de protección.
Marcela Araúz, presente en la audiencia, se opuso a dejar sin efecto la medida, alegando que sus clientes no son personalidades públicas. Ambos han sido importantes contratistas del Estado y han estado acusados en casos de alto perfil, como el de las coimas Odebrecht. Adicional, en diciembre pasado, fueron incluidos en la lista sancionatoria de la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por sus vínculos con Nicolás Maduro y el régimen venezolano.
Ni uno de los Carretero acudió a la audiencia; Bacal, que actualmente está en el extranjero, siguió el desarrollo de la misma vía Zoom.
Los hermanos Carretero Napolitano querellaron penalmente a Bacal, al también periodista Roberto Deniz, del portal de noticias Armando Info, y otros, por presunta de calumnia e injuria. Ambos reclaman $1 millón.
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