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Guido Calderón
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La Constitución del 2008 no fue la carta magna de los derechos, sino el caballo de Troya más maligno que la izquierda política haya forjado contra los indígenas ecuatorianos. Bajo la pirotecnia semántica de la Plurinacionalidad y los Derechos de la Naturaleza, se perpetuó con el robo constitucional más siniestro de nuestra historia republicana. A los pueblos ancestrales les dieron el derecho de cantar a la Pachamama en sus lenguas, mientras les arrancaban con un puñal burocrático las entrañas mismas de sus tierras sagradas. Les permitieron ser “diversos” a cambio de ser económicamente mendigos por siempre.
El Artículo 408 no fue un artículo jurídico: fue el asalto moderno que convirtió a comunidades milenarias y a toda organización comunitaria en mendigos sobre montañas de oro. Declarar todo el subsuelo del Ecuador como propiedad estatal fue condenar a los guardianes de la Amazonía a ser espectadores impotentes del saqueo de su propia sangre mineral. Viven sobre fortunas incalculables, pero deben estirar la mano para recibir el bono, la ayuda, el subsidio o la obra, de parte de burócratas de Quito, que juegan a crear empresas estatales que diluyen millones hacia personajes oscuros, que se esconden dentro de cada gobierno.
La izquierda verde, ecológica e indígena, pagó caro su ingenuo romance con el Sumaq Kawsay —el buen vivir de florero— sin ver que entregaban los recursos de los pueblos ancestrales al mismo monstruo del que decían huían. El presidencialismo obtuvo en el 2008 la licencia para violar todos los santuarios naturales cada vez que el Estado —es decir, los políticos en funciones— necesitan dinero fácil de obtener y difícil de auditar. Les dejaron las florestas, los papagayos y los cánticos, pero se reservaron el oro y el petróleo: el trueque colonial del siglo XXI.
Esta centralización no es política: es un crimen organizado contra la tierra. Llaman “ilegal” a la minería que no tiene el sello del burócrata, cuando la verdadera ilegalidad es que el dueño de la piel de la tierra no decide sobre sus entrañas. En una realidad donde el subsuelo perteneciera al dueño del predio —privado o comunitario—, el minero informal no sería un delincuente, sería un socio. El río no se envenena cuando quien bebe de él es también su guardián y beneficiario. El minero informal que hoy opera en la sombra, armándose contra la ley y contaminando ríos, se convertiría en un socio legítimo que paga impuestos y firma el rol de empleados.
El Estado, por su parte, dejaría de ser ese administrador torpe y corrupto que intenta gestionar empresas públicas quebradas para convertirse en un recaudador implacable de impuestos que todos los mineros, grandes y pequeños, estarían pagando. Pero el político de izquierda que armó la trampa del 2008 prefirió que el Estado sea el administrador corrupto de lo ajeno. Creó un vacío de propiedad: lo que es del Estado es de todos…… y de nadie. Hoy las comunidades observan cómo su sangre mineral corre hacia otros bolsillos, con la complicidad de un sistema que les dio banderas multicolores, pero les negó la llave de su propia riqueza.
Si el subsuelo perteneciera a sus legítimos guardianes, el Estado no necesitaría ser petrolero aficionado y minero fracasado. Podría recaudar más de $9 000 millones anuales solo en impuestos de una industria liberada y vigilada por quienes más interés tienen en cuidarla y quienes decidirían si explotan sus recursos o los dejan bajo tierra. Recaudaría dinero limpio, sin la podredumbre de los contratos públicos, sin la sangría de las empresas estatales quebradas.
Las comunidades sin minerales bajo sus tierras podrían cobrar peajes por paso de oleoductos, transporte de crudo y servidumbres, que dinamizarían sus economías locales hoy condenadas al abandono. Pero prefieren el modelo actual: pueblos fotogénicos en fiestas plurinacionales, mientras su futuro se extrae por tuberías que corren bajo sus pies sin su consentimiento y a pesar de su ira.
Sin embargo, el rediseño de esta democracia hacia un orden de libertad y propiedad real: —del cielo al infierno, como dicen los yanquis— no aparece en el radar de nuestra actual clase política, ni siquiera de quienes son electos por los pueblos ancestrales, a los cuales les expropian sus recursos mineros o el Estado o los terroristas que hoy les apuntan con fusiles. Prefieren mantener el engaño de la “Resistencia” para que los indígenas sigan siendo foto de turismo comunitario, mientras les roba el futuro.
La triste verdad es que nuestra clase política —incluidos los que visten poncho y hablan quechua en campaña— prefiere mantener esta farsa. La “plurinacionalidad” se convirtió en el decorado folclórico que distrae del robo del subsuelo. El centralismo sigue siendo el mismo conquistador de siempre con artículos y derechos constitucionales en lugar de espadas y cruces.
La soberanía del subsuelo es la única vía para que las comunidades del Ecuador, dejen de ser una plegaria en lenguas nativas y vivan la verdadera emancipación de pueblos, que no se cansan de ser espectadores de su propio saqueo, por el cual se quejan, hacen paros, tienen docenas de organizaciones y un partido político cómplice, que sigue condenando a la pobreza a las siguientes generaciones, con cantos fúnebres en lenguas nativas, mientras la Pachamama es desangrada con aval constitucional.
Hubo la oportunidad de cambiar esta terrible historia de saqueo, pero los mismos representantes de las nacionalidades ordenaron votar por el NO.
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Propietarios de las neblinas
El Artículo 408 no fue un artículo jurídico: fue el asalto moderno que convirtió a comunidades milenarias y a toda organización comunitaria en mendigos sobre montañas de oro. Declarar todo el subsuelo del Ecuador como propiedad estatal fue condenar a los guardianes de la Amazonía a ser espectadores impotentes del saqueo de su propia sangre mineral. Viven sobre fortunas incalculables, pero deben estirar la mano para recibir el bono, la ayuda, el subsidio o la obra, de parte de burócratas de Quito, que juegan a crear empresas estatales que diluyen millones hacia personajes oscuros, que se esconden dentro de cada gobierno.
La izquierda verde, ecológica e indígena, pagó caro su ingenuo romance con el Sumaq Kawsay —el buen vivir de florero— sin ver que entregaban los recursos de los pueblos ancestrales al mismo monstruo del que decían huían. El presidencialismo obtuvo en el 2008 la licencia para violar todos los santuarios naturales cada vez que el Estado —es decir, los políticos en funciones— necesitan dinero fácil de obtener y difícil de auditar. Les dejaron las florestas, los papagayos y los cánticos, pero se reservaron el oro y el petróleo: el trueque colonial del siglo XXI.
La minería ilegal: Hija constitucional
Esta centralización no es política: es un crimen organizado contra la tierra. Llaman “ilegal” a la minería que no tiene el sello del burócrata, cuando la verdadera ilegalidad es que el dueño de la piel de la tierra no decide sobre sus entrañas. En una realidad donde el subsuelo perteneciera al dueño del predio —privado o comunitario—, el minero informal no sería un delincuente, sería un socio. El río no se envenena cuando quien bebe de él es también su guardián y beneficiario. El minero informal que hoy opera en la sombra, armándose contra la ley y contaminando ríos, se convertiría en un socio legítimo que paga impuestos y firma el rol de empleados.
El Estado, por su parte, dejaría de ser ese administrador torpe y corrupto que intenta gestionar empresas públicas quebradas para convertirse en un recaudador implacable de impuestos que todos los mineros, grandes y pequeños, estarían pagando. Pero el político de izquierda que armó la trampa del 2008 prefirió que el Estado sea el administrador corrupto de lo ajeno. Creó un vacío de propiedad: lo que es del Estado es de todos…… y de nadie. Hoy las comunidades observan cómo su sangre mineral corre hacia otros bolsillos, con la complicidad de un sistema que les dio banderas multicolores, pero les negó la llave de su propia riqueza.
La aritmética de la traición
Si el subsuelo perteneciera a sus legítimos guardianes, el Estado no necesitaría ser petrolero aficionado y minero fracasado. Podría recaudar más de $9 000 millones anuales solo en impuestos de una industria liberada y vigilada por quienes más interés tienen en cuidarla y quienes decidirían si explotan sus recursos o los dejan bajo tierra. Recaudaría dinero limpio, sin la podredumbre de los contratos públicos, sin la sangría de las empresas estatales quebradas.
Las comunidades sin minerales bajo sus tierras podrían cobrar peajes por paso de oleoductos, transporte de crudo y servidumbres, que dinamizarían sus economías locales hoy condenadas al abandono. Pero prefieren el modelo actual: pueblos fotogénicos en fiestas plurinacionales, mientras su futuro se extrae por tuberías que corren bajo sus pies sin su consentimiento y a pesar de su ira.
El oro no es plurinacional
Sin embargo, el rediseño de esta democracia hacia un orden de libertad y propiedad real: —del cielo al infierno, como dicen los yanquis— no aparece en el radar de nuestra actual clase política, ni siquiera de quienes son electos por los pueblos ancestrales, a los cuales les expropian sus recursos mineros o el Estado o los terroristas que hoy les apuntan con fusiles. Prefieren mantener el engaño de la “Resistencia” para que los indígenas sigan siendo foto de turismo comunitario, mientras les roba el futuro.
La triste verdad es que nuestra clase política —incluidos los que visten poncho y hablan quechua en campaña— prefiere mantener esta farsa. La “plurinacionalidad” se convirtió en el decorado folclórico que distrae del robo del subsuelo. El centralismo sigue siendo el mismo conquistador de siempre con artículos y derechos constitucionales en lugar de espadas y cruces.
La soberanía del subsuelo es la única vía para que las comunidades del Ecuador, dejen de ser una plegaria en lenguas nativas y vivan la verdadera emancipación de pueblos, que no se cansan de ser espectadores de su propio saqueo, por el cual se quejan, hacen paros, tienen docenas de organizaciones y un partido político cómplice, que sigue condenando a la pobreza a las siguientes generaciones, con cantos fúnebres en lenguas nativas, mientras la Pachamama es desangrada con aval constitucional.
Hubo la oportunidad de cambiar esta terrible historia de saqueo, pero los mismos representantes de las nacionalidades ordenaron votar por el NO.
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