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Guido Calderón
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Para entender por qué Ecuador se desangra, hay que mirar el mapa con honestidad brutal. No somos un país bajo control. Si sumamos los 586 kilómetros de frontera norte con Colombia y los 1.529 kilómetros de frontera sur con Perú, y multiplicamos esa línea por una franja de apenas 20 kilómetros de profundidad, el resultado es aterrador: 35 000 kilómetros cuadrados de territorio que el Estado ha cedido por omisión.
Esta superficie, que equivale a casi el doble de la provincia de Guayas, es hoy una “tierra liberada” para el delito. Aquí no hay ley, no hay servicios, no hay presencia civil; solo existe la voluntad de los grupos armados que disponen de nuestros recursos y de nuestra gente como señores feudales en pleno siglo XXI.
En los 586 km que nos unen a Colombia, la soberanía es un concepto poético. En la práctica, el territorio está fraccionado y controlado por grupos como los Comandos de la Frontera (CDF) y las disidencias de las FARC (Frente Oliver Sinisterra y Segunda Marquetalia). Aquí, el Estado pierde cerca de $800 millones anuales.
El imperio de esta zona no es solo la droga; es el flujo constante de combustible subsidiado ecuatoriano que cruza los ríos para alimentar laboratorios ajenos. Somos los financistas involuntarios de nuestra propia tragedia, entregando la logística “gratis” a quienes luego inundan nuestras costas de cocaína.
En los 1 529 km con Perú, la moneda es el oro. Este 2025, se estima que han salido ilegalmente más de $1 300 millones en mineral. El mecanismo es un insulto a la nación: el oro de Zamora Chinchipe y Morona Santiago sale por las riberas del río Santiago hacia Perú, donde el sistema de formalización minera (REINFO) sirve de lavandería automática. Con papeles falsos de minas peruanas, nuestro oro se exporta legalmente al mundo.
Pero lo más grave es la retribución. Los mismos ríos que se llevan el oro traen de regreso las armas. Los fusiles y explosivos que ingresan por las trochas del sur son los que hoy fortalecen a grupos como Los Lobos y Los Choneros, permitiéndoles enfrentar a nuestra Policía con un poder de fuego superior. Cada onza de oro que el Estado deja escapar en el sur, regresa convertida en el plomo que mata en Guayaquil, Manta o Quito.
La soberanía no reside en los hitos de piedra, sino en la integración. Si queremos que esos 35 000 km² dejen de ser el patio de los Comandos de la Frontera, de Los Lobos o de las lavanderías de oro del Perú, debemos convertir nuestras fronteras en destinos, no en límites.
Empecemos con fortalecer cinco nodos estratégicos conectados por ejes viales que hoy el Estado tiene casi en el olvido.
HUAQUILLAS (El Oro): Consolidar el eje de la E25 y E15 para que el comercio legal asfixie al contrabando de armas.
PUERTO MORONA (Morona Santiago): Terminar y asegurar la conectividad desde la E46 y E45 (Troncal Amazónica). No podemos permitir que el oro de nuestros ríos fluya más rápido hacia Perú que nuestra presencia civil hacia la frontera.
ZAMORA / CHINAPINTZA (Zamora Chinchipe): Blindar la vía E50 desde Loja para que el mineral sea procesado en suelo ecuatoriano y no regalado en las trochas.
PUERTO EL CARMEN (Sucumbíos): Garantizar la seguridad en la E10 (Vía Interoceánica). Cada galón de combustible que sube desde Quito debe servir para el desarrollo local y no para alimentar laboratorios cruzando el río Putumayo.
SAN LORENZO (Esmeraldas): Recuperar el control total de la vía Ibarra-San Lorenzo (E10), convirtiendo este puerto en una salida legal y próspera al Pacífico, y no en el santuario de los semisumergibles.
La ironía de nuestra crisis de seguridad es que intentamos defender la frontera con operativos de 48 horas, mientras el crimen la ocupa los 365 días del año con pueblos, logística y leyes propias.
Poblar estos 35 000 kilómetros cuadrados con universidades, hospitales y comercio legal es la única forma de fijar nuestra posición. El asfalto y las ciudades y los cuerpos uniformados, son los únicos muros que la delincuencia organizada no puede saltar.
Es hora de dejar de ser un país con fronteras de papel.
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Esta superficie, que equivale a casi el doble de la provincia de Guayas, es hoy una “tierra liberada” para el delito. Aquí no hay ley, no hay servicios, no hay presencia civil; solo existe la voluntad de los grupos armados que disponen de nuestros recursos y de nuestra gente como señores feudales en pleno siglo XXI.
Frontera Norte: El sumidero del narcotráfico
En los 586 km que nos unen a Colombia, la soberanía es un concepto poético. En la práctica, el territorio está fraccionado y controlado por grupos como los Comandos de la Frontera (CDF) y las disidencias de las FARC (Frente Oliver Sinisterra y Segunda Marquetalia). Aquí, el Estado pierde cerca de $800 millones anuales.
El imperio de esta zona no es solo la droga; es el flujo constante de combustible subsidiado ecuatoriano que cruza los ríos para alimentar laboratorios ajenos. Somos los financistas involuntarios de nuestra propia tragedia, entregando la logística “gratis” a quienes luego inundan nuestras costas de cocaína.
Frontera Sur: Oro por balas, la lavandería de la muerte
En los 1 529 km con Perú, la moneda es el oro. Este 2025, se estima que han salido ilegalmente más de $1 300 millones en mineral. El mecanismo es un insulto a la nación: el oro de Zamora Chinchipe y Morona Santiago sale por las riberas del río Santiago hacia Perú, donde el sistema de formalización minera (REINFO) sirve de lavandería automática. Con papeles falsos de minas peruanas, nuestro oro se exporta legalmente al mundo.
Pero lo más grave es la retribución. Los mismos ríos que se llevan el oro traen de regreso las armas. Los fusiles y explosivos que ingresan por las trochas del sur son los que hoy fortalecen a grupos como Los Lobos y Los Choneros, permitiéndoles enfrentar a nuestra Policía con un poder de fuego superior. Cada onza de oro que el Estado deja escapar en el sur, regresa convertida en el plomo que mata en Guayaquil, Manta o Quito.
Una frontera de asfalto y vida
La soberanía no reside en los hitos de piedra, sino en la integración. Si queremos que esos 35 000 km² dejen de ser el patio de los Comandos de la Frontera, de Los Lobos o de las lavanderías de oro del Perú, debemos convertir nuestras fronteras en destinos, no en límites.
Empecemos con fortalecer cinco nodos estratégicos conectados por ejes viales que hoy el Estado tiene casi en el olvido.
HUAQUILLAS (El Oro): Consolidar el eje de la E25 y E15 para que el comercio legal asfixie al contrabando de armas.
PUERTO MORONA (Morona Santiago): Terminar y asegurar la conectividad desde la E46 y E45 (Troncal Amazónica). No podemos permitir que el oro de nuestros ríos fluya más rápido hacia Perú que nuestra presencia civil hacia la frontera.
ZAMORA / CHINAPINTZA (Zamora Chinchipe): Blindar la vía E50 desde Loja para que el mineral sea procesado en suelo ecuatoriano y no regalado en las trochas.
PUERTO EL CARMEN (Sucumbíos): Garantizar la seguridad en la E10 (Vía Interoceánica). Cada galón de combustible que sube desde Quito debe servir para el desarrollo local y no para alimentar laboratorios cruzando el río Putumayo.
SAN LORENZO (Esmeraldas): Recuperar el control total de la vía Ibarra-San Lorenzo (E10), convirtiendo este puerto en una salida legal y próspera al Pacífico, y no en el santuario de los semisumergibles.
Fronteras vivas
La ironía de nuestra crisis de seguridad es que intentamos defender la frontera con operativos de 48 horas, mientras el crimen la ocupa los 365 días del año con pueblos, logística y leyes propias.
Poblar estos 35 000 kilómetros cuadrados con universidades, hospitales y comercio legal es la única forma de fijar nuestra posición. El asfalto y las ciudades y los cuerpos uniformados, son los únicos muros que la delincuencia organizada no puede saltar.
Es hora de dejar de ser un país con fronteras de papel.
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