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Conciencia
La fallida descentralización
Consejos de Desarrollo gastan fondos sin rumbo, mientras el desarrollo local sigue esperando.
María del Carmen Aceña
1 de diciembre de 2025
|
00:02h
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La descentralización nació como una promesa de acercar decisiones al territorio y orientar recursos hacia obras que mejoraran la vida de las comunidades. La Constitución de 1985 y el Decreto 11-2002 crearon un Sistema de Consejos encabezado por el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, integrado por autoridades del Ejecutivo, alcaldes y sectores sociales. En teoría, era un mecanismo moderno para definir prioridades nacionales desde el territorio.
Los recursos de los Consejos se destinan con lógica política, no con visión de desarrollo.
El sistema incluye los Consejos Regionales (COREDE), los Departamentales (CODEDE) y los Comunitarios (COCODES); estos debieran identificar necesidades básicas de las comunidades, priorizar proyectos con gobernadores y alcaldes, y los COREDE articular la visión regional. En la práctica, la articulación se debilitó y el diseño original se perdió.
Con el tiempo La Unidad de Construcción de Edificios del Estado, en el Ministerio de Comunicaciones quedó desplazada frente a estructuras paralelas cuando surgieron los fondos sociales como FONAPAZ y el Fondo de Inversión Social, que también hacían infraestructura, pero “con mayor agilidad”; sin embargo, los proyectos dejaron de responder a políticas sectoriales de los ministerios. Además, obras importantes como agua potable, drenajes, remozamiento de escuelas, caminos vecinales y mejoras básicas quedaron dispersas, sin estándares ni coherencia sectorial. La fragmentación creció y la planificación se volvió irrelevante.
Aunque SEGEPLAN creó el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) para garantizar proyectos pertinentes y bien formulados, el SNIP terminó convertido en un trámite. La mayoría de los expedientes se presentan incompletos, sin estudios previos, análisis de factibilidad ni evaluación de impacto. Sin un filtro técnico real, los Consejos terminan priorizando obras por presión política y no por necesidad.
El deterioro de los CODEDE profundizó la crisis. Lo que nació como un espacio técnico terminó convertido en un instrumento político. Los listados de obras sustituyeron la planificación, y la negociación en el Congreso impuso proyectos sin evaluación y dinero. Conviene recordar que su mandato constitucional es legislar, fiscalizar y representar, no administrar proyectos. Cuando el Legislativo asume ese rol, distorsiona el sistema y debilita la descentralización.
En los últimos años, la captura del sistema es evidente. Diputados distritales influyen en las decisiones, comunidades bloquean proyectos si no reciben beneficios particulares, y el proceso pierde coherencia técnica. La descentralización dejó de servir al desarrollo y se convirtió en moneda de negociación.
Para el 2026, los CODEDE recibirán Q10,821 millones. Si se suman los saldos no ejecutados de 2025 —cerca de Q6,200 millones— la disponibilidad supera los Q17,000 millones. Cada año se acumulan miles de millones sin ejecutar y aun así se asignan más recursos sin claridad ni resultados. La historia muestra baja transparencia, proyectos de impacto limitado, sesgo político-territorial y una fragmentación que impide avanzar.
Guatemala es un país pequeño que debería administrar sus recursos con rigor. Sin embargo, la falta de voluntad política mantiene pendientes reformas esenciales: modernizar la Ley de Servicio Civil, actualizar la Ley de Contrataciones, fortalecer el SNIP y exigir rendición de cuentas a los CODEDE.
La descentralización bien hecha puede acercar el Estado a la gente y mejorar la calidad de vida. Hoy ocurre lo contrario. Con nuevos préstamos, pago de funcionamiento financiado con deuda y miles de millones de quetzales sin rumbo estratégico en los Consejos, el país no avanzará. La conclusión es clara: lo único que realmente se ha descentralizado es la corrupción. Mientras no se ordene este sistema, la ilusión de desarrollo seguirá siendo solo eso, una ilusión.
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