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Daniel Zenteno
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La ejecución de la inversión pública en el país alcanzó solo el 36,5% a octubre de 2025, el nivel más bajo registrado en los últimos seis años, según el informe presentado por el viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo, Fernando Jiménez.
La autoridad advirtió que este desempeño tendrá un impacto directo en la tasa de crecimiento económico del país.
“Este porcentaje está muy por debajo del promedio observado en los últimos seis años”, afirmó Jiménez al señalar que el Ministerio de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente trabaja en reencaminar la eficiencia del gasto público.
En su criterio, el bajo nivel de ejecución responde a “diversas circunstancias” y a una gestión anterior que “no aceleró ni agilizó casi nada” para mejorar la eficacia del sistema.
“Por diversas circunstancias encontramos que siendo este año bastante complicado, no se aceleró, no se agilizó, yo diría casi nada para mejorar la eficacia, la eficiencia y la efectividad de la inversión pública”, indicó la autoridad.
Tras asumir el cargo, el viceministro instruyó una revisión interna y encontró problemas generalizados en la capacidad institucional de las entidades encargadas de ejecutar proyectos. Entre las deficiencias detectadas mencionó la ausencia de equipos técnicos y legales sólidos, alta rotación de funcionarios, falta de términos de referencia listos para contrataciones y escasas habilidades para acelerar procesos administrativos.
Jiménez calificó como “llamativo” el hallazgo de proyectos mal diseñados o con fallas básicas. Como ejemplo, mencionó la construcción de una planta industrial que no contaba con el diseño de conexión eléctrica. En una entidad descentralizada se identificaron 25 proyectos con “serios problemas de ejecución” de un total de 112.
Además, denunció “altísima rotación de funcionarios en las unidades ejecutoras”, limitadas capacidades técnicas para acelerar los procesos administrativos, entre otras observaciones.
La evaluación técnica continúa para determinar si las irregularidades configuran daño económico al Estado y el alcance de las afectaciones. En caso de que se identifiquen pérdidas, las autoridades buscarán activar los mecanismos legales necesarios para recuperar los montos.
Mientras tanto, el Gobierno anunció medidas para corregir las debilidades estructurales y evitar que la baja ejecución siga comprometiendo el desempeño económico del país.
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La autoridad advirtió que este desempeño tendrá un impacto directo en la tasa de crecimiento económico del país.
“Este porcentaje está muy por debajo del promedio observado en los últimos seis años”, afirmó Jiménez al señalar que el Ministerio de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente trabaja en reencaminar la eficiencia del gasto público.
En su criterio, el bajo nivel de ejecución responde a “diversas circunstancias” y a una gestión anterior que “no aceleró ni agilizó casi nada” para mejorar la eficacia del sistema.
“Por diversas circunstancias encontramos que siendo este año bastante complicado, no se aceleró, no se agilizó, yo diría casi nada para mejorar la eficacia, la eficiencia y la efectividad de la inversión pública”, indicó la autoridad.
Inversión
Tras asumir el cargo, el viceministro instruyó una revisión interna y encontró problemas generalizados en la capacidad institucional de las entidades encargadas de ejecutar proyectos. Entre las deficiencias detectadas mencionó la ausencia de equipos técnicos y legales sólidos, alta rotación de funcionarios, falta de términos de referencia listos para contrataciones y escasas habilidades para acelerar procesos administrativos.
Jiménez calificó como “llamativo” el hallazgo de proyectos mal diseñados o con fallas básicas. Como ejemplo, mencionó la construcción de una planta industrial que no contaba con el diseño de conexión eléctrica. En una entidad descentralizada se identificaron 25 proyectos con “serios problemas de ejecución” de un total de 112.
Además, denunció “altísima rotación de funcionarios en las unidades ejecutoras”, limitadas capacidades técnicas para acelerar los procesos administrativos, entre otras observaciones.
La evaluación técnica continúa para determinar si las irregularidades configuran daño económico al Estado y el alcance de las afectaciones. En caso de que se identifiquen pérdidas, las autoridades buscarán activar los mecanismos legales necesarios para recuperar los montos.
Mientras tanto, el Gobierno anunció medidas para corregir las debilidades estructurales y evitar que la baja ejecución siga comprometiendo el desempeño económico del país.
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