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Rodrigo Albuja Chaves
Guest
El triunfo del NO en el referéndum del 16 de noviembre no fue un simple revés electoral; fue un clamor social por un cambio de dirección. Sin embargo, la posterior actitud del presidente de la República ha generado una nueva ola de frustración y estupor. Al parecer, la “hoja de ruta” se mantiene inalterable, como si el dictamen de las urnas no tuviera peso. Los cambios cosméticos en el gabinete, reciclando figuras y negándose a iniciar un diálogo genuino, sugieren un peligroso divorcio entre el Gobierno y la ciudadanía.
El país se enfrenta a problemas acuciantes: recuperación económica, inseguridad rampante, crimen organizado y narcotráfico, y una profunda desigualdad y pobreza. La prioridad del equilibrio macroeconómico, si bien necesaria, no puede seguir siendo un fetiche que postergue la solución a las necesidades más urgentes de la población. La ciudadanía no solo votó contra unas preguntas, sino contra un modelo de gestión que no produce bienestar.
Para evitar una gestión sin brújula, el Gobierno debe redefinir su imagen y su destino, identificando y enfrentando los problemas con objetivos claros:
La pobreza y desigualdad, con estancamiento productivo, ameritan impulsar un modelo de desarrollo inclusivo, que fomente la inversión social productiva, garantice el acceso a oportunidades y reduzca la brecha de ingresos. Ese debe ser el objetivo económico nacional.
La inseguridad rampante es un problema que toca con la invasión del crimen organizado y narcotráfico, que deterioran el orden público. Su adecuado enfrentamiento debe partir de una política de Estado de seguridad, con depuración institucional, inversión tecnológica y una estrategia de largo plazo que desmantele las estructuras criminales y recupere el control territorial y de las fronteras. La inversión social para recuperar la capacidad de producción de la población de territorios es una arista muy importante para la generación de empleo, que evite el atractivo de la actividad delictiva en la que se ve inmersa la juventud, ante la falta de oportunidades.
La crisis de la democracia se expresa, entre otros aspectos, por la desconfianza institucional, la falta de diálogo y la polarización política. Por tanto, se debe reinstaurar el imperio de la democracia y el consenso, abriendo mesas de diálogo multisectorial vinculantes para construir acuerdos nacionales sobre temas esenciales.
Estos objetivos deben ser el destino del país, una imagen clara que la ciudadanía pueda vislumbrar, dejando atrás las hojas de ruta sin sentido de pertenencia.
El Presidente de la República, en su condición de gobernante de todos los ecuatorianos, tiene deberes ineludibles que van más allá de la gestión administrativa. Su gestión y el uso de los recursos deben estar motivados por la búsqueda del bien común, eliminando la influencia de intereses de grupos minoritarios. El interés social debe prevalecer siempre sobre el interés individual o de grupos y eminencias grises.
La búsqueda de soluciones debe sustentarse en la utilización de la inteligencia nacional, buscando el mejor conocimiento disponible para enfrentar la crítica realidad. Esto implica identificar a los ecuatorianos más capaces y honestos, aquellos con conocimiento de la realidad nacional y un compromiso de función social, para conformar grupos de trabajo que pongan sus capacidades al servicio del país. No se trata de reciclar lealtades, sino de convocar a la excelencia cívica.
Ante la inmovilidad gubernamental, la sociedad civil no puede caer en el fatalismo ni el estupor. La frustración debe transformarse en una fuerza organizada. Es urgente la participación directa de la sociedad —gremios, academia, organizaciones sociales, sectores productivos— para presionar sobre la conciencia política del Presidente.
Este no es el momento de aumentar el descontento social por medio de la violencia, sino de canalizar la exigencia de un giro contundente en la gestión. El Gobierno debe comprender que persistir en una “hoja de ruta” rechazada es el camino más corto hacia la ingobernabilidad y el aumento de la tensión social.
El veredicto del 16 de noviembre exige un líder que asuma la magnitud de la crisis, convoque a la unidad nacional y esté dispuesto a modificar el rumbo para conducir a Ecuador hacia la seguridad, la prosperidad y la democracia. Es hora de cambiar el mapa, y no solo de recalcular la ruta.
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El país se enfrenta a problemas acuciantes: recuperación económica, inseguridad rampante, crimen organizado y narcotráfico, y una profunda desigualdad y pobreza. La prioridad del equilibrio macroeconómico, si bien necesaria, no puede seguir siendo un fetiche que postergue la solución a las necesidades más urgentes de la población. La ciudadanía no solo votó contra unas preguntas, sino contra un modelo de gestión que no produce bienestar.
Para evitar una gestión sin brújula, el Gobierno debe redefinir su imagen y su destino, identificando y enfrentando los problemas con objetivos claros:
La pobreza y desigualdad, con estancamiento productivo, ameritan impulsar un modelo de desarrollo inclusivo, que fomente la inversión social productiva, garantice el acceso a oportunidades y reduzca la brecha de ingresos. Ese debe ser el objetivo económico nacional.
La inseguridad rampante es un problema que toca con la invasión del crimen organizado y narcotráfico, que deterioran el orden público. Su adecuado enfrentamiento debe partir de una política de Estado de seguridad, con depuración institucional, inversión tecnológica y una estrategia de largo plazo que desmantele las estructuras criminales y recupere el control territorial y de las fronteras. La inversión social para recuperar la capacidad de producción de la población de territorios es una arista muy importante para la generación de empleo, que evite el atractivo de la actividad delictiva en la que se ve inmersa la juventud, ante la falta de oportunidades.
La crisis de la democracia se expresa, entre otros aspectos, por la desconfianza institucional, la falta de diálogo y la polarización política. Por tanto, se debe reinstaurar el imperio de la democracia y el consenso, abriendo mesas de diálogo multisectorial vinculantes para construir acuerdos nacionales sobre temas esenciales.
Estos objetivos deben ser el destino del país, una imagen clara que la ciudadanía pueda vislumbrar, dejando atrás las hojas de ruta sin sentido de pertenencia.
El Presidente de la República, en su condición de gobernante de todos los ecuatorianos, tiene deberes ineludibles que van más allá de la gestión administrativa. Su gestión y el uso de los recursos deben estar motivados por la búsqueda del bien común, eliminando la influencia de intereses de grupos minoritarios. El interés social debe prevalecer siempre sobre el interés individual o de grupos y eminencias grises.
La búsqueda de soluciones debe sustentarse en la utilización de la inteligencia nacional, buscando el mejor conocimiento disponible para enfrentar la crítica realidad. Esto implica identificar a los ecuatorianos más capaces y honestos, aquellos con conocimiento de la realidad nacional y un compromiso de función social, para conformar grupos de trabajo que pongan sus capacidades al servicio del país. No se trata de reciclar lealtades, sino de convocar a la excelencia cívica.
Ante la inmovilidad gubernamental, la sociedad civil no puede caer en el fatalismo ni el estupor. La frustración debe transformarse en una fuerza organizada. Es urgente la participación directa de la sociedad —gremios, academia, organizaciones sociales, sectores productivos— para presionar sobre la conciencia política del Presidente.
Este no es el momento de aumentar el descontento social por medio de la violencia, sino de canalizar la exigencia de un giro contundente en la gestión. El Gobierno debe comprender que persistir en una “hoja de ruta” rechazada es el camino más corto hacia la ingobernabilidad y el aumento de la tensión social.
El veredicto del 16 de noviembre exige un líder que asuma la magnitud de la crisis, convoque a la unidad nacional y esté dispuesto a modificar el rumbo para conducir a Ecuador hacia la seguridad, la prosperidad y la democracia. Es hora de cambiar el mapa, y no solo de recalcular la ruta.
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