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Santiago Estrella
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La captura del presidente venezolano Nicolás Maduro este sábado en Caracas reabrió una memoria incómoda en América Latina. La fecha coincide, con 36 años de distancia, con la caída del panameño Manuel Antonio Noriega, derrocado por una intervención militar de Estados Unidos y luego juzgado en ese país.
La operación que sacó a Maduro del poder ocurrió el 3 de enero, el mismo día en que, en 1990, Noriega fue trasladado a Estados Unidos tras la invasión a Panamá. Aunque los contextos difieren, la coincidencia temporal refuerza un patrón histórico: mandatarios latinoamericanos procesados por tribunales estadounidenses bajo cargos de narcotráfico, corrupción o crimen organizado.
La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, recordó que desde 2020 pesa sobre Maduro una acusación formal por conspiración para el narcoterrorismo, entre otros cargos. En el mismo proceso figura la primera dama, Cilia Flores, capturada junto al mandatario en la operación especial ejecutada en Caracas.
Manuel Antonio Noriega gobernó Panamá de facto entre 1983 y 1989 como jefe de las Fuerzas de Defensa. Durante años mantuvo una relación ambigua con Washington, al colaborar con agencias de inteligencia mientras consolidaba un régimen autoritario, marcado por represión y denuncias de corrupción.
A finales de los años ochenta, tribunales estadounidenses lo acusaron de narcotráfico y lavado de dinero. En diciembre de 1989, Estados Unidos lanzó la invasión conocida como Operación Causa Justa. Noriega cayó en enero de 1990, fue juzgado y condenado en EE.UU., y luego enfrentó procesos en Francia y Panamá.
El guatemalteco Alfonso Portillo presidió su país entre 2000 y 2004. Tras dejar el cargo, la justicia lo acusó de malversar millones de dólares, incluidos fondos del Ministerio de Defensa.
En 2008 fue extraditado a México y luego a Estados Unidos, donde se declaró culpable de lavado de dinero ante un tribunal federal de Nueva York. Cumplió prisión y regresó posteriormente a Guatemala.
El caso del hondureño Juan Orlando Hernández marcó un punto de quiebre en Centroamérica. Tras dejar la Presidencia, fue acusado en EE.UU. de conspirar para traficar drogas, usar armas y colaborar con organizaciones criminales.
Según la acusación, facilitó durante años el envío de cocaína a territorio estadounidense a cambio de sobornos millonarios. Fue arrestado en 2022, extraditado y, en 2024, condenado a 45 años de prisión. En diciembre pasado recuperó la libertad tras un indulto del presidente Donald Trump.
Otro hondureño, Rafael Leonardo Callejas, se entregó a la justicia estadounidense por el escándalo de corrupción en la FIFA. En 2020, un tribunal de Nueva York lo condenó a tiempo cumplido por su delicado estado de salud.
El peruano Alejandro Toledo litigó durante años en EE.UU. para evitar su extradición. Finalmente, en 2023 fue enviado a Perú y condenado a 20 años y seis meses por sobornos vinculados a Odebrecht. En 2025 sumó una segunda pena por lavado de dinero; ambas se cumplen de forma concurrente.
El caso Maduro se inscribe así en una línea histórica de mandatarios latinoamericanos juzgados por la justicia estadounidense, donde el precedente de Noriega sigue siendo el más simbólico. La coincidencia de fechas refuerza esa lectura y abre un nuevo capítulo en una relación marcada por tensiones, poder judicial extraterritorial y profundas consecuencias políticas para la región.
Con información de EFE
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La coincidencia entre la caída de Maduro y de Noriega
La operación que sacó a Maduro del poder ocurrió el 3 de enero, el mismo día en que, en 1990, Noriega fue trasladado a Estados Unidos tras la invasión a Panamá. Aunque los contextos difieren, la coincidencia temporal refuerza un patrón histórico: mandatarios latinoamericanos procesados por tribunales estadounidenses bajo cargos de narcotráfico, corrupción o crimen organizado.
La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, recordó que desde 2020 pesa sobre Maduro una acusación formal por conspiración para el narcoterrorismo, entre otros cargos. En el mismo proceso figura la primera dama, Cilia Flores, capturada junto al mandatario en la operación especial ejecutada en Caracas.
El precedente de Manuel Antonio Noriega
Manuel Antonio Noriega gobernó Panamá de facto entre 1983 y 1989 como jefe de las Fuerzas de Defensa. Durante años mantuvo una relación ambigua con Washington, al colaborar con agencias de inteligencia mientras consolidaba un régimen autoritario, marcado por represión y denuncias de corrupción.
A finales de los años ochenta, tribunales estadounidenses lo acusaron de narcotráfico y lavado de dinero. En diciembre de 1989, Estados Unidos lanzó la invasión conocida como Operación Causa Justa. Noriega cayó en enero de 1990, fue juzgado y condenado en EE.UU., y luego enfrentó procesos en Francia y Panamá.
Portillo: corrupción y lavado
El guatemalteco Alfonso Portillo presidió su país entre 2000 y 2004. Tras dejar el cargo, la justicia lo acusó de malversar millones de dólares, incluidos fondos del Ministerio de Defensa.
En 2008 fue extraditado a México y luego a Estados Unidos, donde se declaró culpable de lavado de dinero ante un tribunal federal de Nueva York. Cumplió prisión y regresó posteriormente a Guatemala.
Juan Orlando Hernández y el narcotráfico
El caso del hondureño Juan Orlando Hernández marcó un punto de quiebre en Centroamérica. Tras dejar la Presidencia, fue acusado en EE.UU. de conspirar para traficar drogas, usar armas y colaborar con organizaciones criminales.
Según la acusación, facilitó durante años el envío de cocaína a territorio estadounidense a cambio de sobornos millonarios. Fue arrestado en 2022, extraditado y, en 2024, condenado a 45 años de prisión. En diciembre pasado recuperó la libertad tras un indulto del presidente Donald Trump.
Otros expresidentes en la mira
Otro hondureño, Rafael Leonardo Callejas, se entregó a la justicia estadounidense por el escándalo de corrupción en la FIFA. En 2020, un tribunal de Nueva York lo condenó a tiempo cumplido por su delicado estado de salud.
El peruano Alejandro Toledo litigó durante años en EE.UU. para evitar su extradición. Finalmente, en 2023 fue enviado a Perú y condenado a 20 años y seis meses por sobornos vinculados a Odebrecht. En 2025 sumó una segunda pena por lavado de dinero; ambas se cumplen de forma concurrente.
El caso Maduro se inscribe así en una línea histórica de mandatarios latinoamericanos juzgados por la justicia estadounidense, donde el precedente de Noriega sigue siendo el más simbólico. La coincidencia de fechas refuerza esa lectura y abre un nuevo capítulo en una relación marcada por tensiones, poder judicial extraterritorial y profundas consecuencias políticas para la región.
Con información de EFE
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