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Mónica Palm
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La Asamblea Nacional (AN) no autorizó ni tramitó las “licencias sin sueldo por investigación” de 39 funcionarios cuyo salario ha sido suspendido unilateralmente por la Contraloría General de la República (CGR).
La ley establece que solo la entidad nominadora puede autorizar las licencias.
La Dirección de Recursos Humanos de la Asamblea certificó que no se ha tramitado ni autorizado licencia sin sueldo alguna respecto a los 39 funcionarios, “por lo que no existe actuación administrativa de esta institución que sustente la adopción de dicha medida”, señaló el diputado presidente Jorge Herrera en una nota fechada el 22 de abril pasado, dirigida al diputado independiente Luis Duke, subjefe de la bancada de Vamos.
Todos los trabajadores afectados laboran en los despachos de diputados de Vamos. Actualmente lo hacen sin remuneración, ya que la Contraloría inició una investigación porque supuestamente no marcan el listado de asistencia obligatoria.
Los diputados han aportado pruebas que indican que la información que maneja la CGR no es correcta y que muchos de los afectados registran su asistencia a través de sistemas electrónicos.
La medida adoptada por la Contraloría ni siquiera ha sido notificada formalmente, lo que coloca a estos trabajadores en una situación de indefensión.
“No consta en los archivos administrativos de esta institución notificación formal proveniente de autoridad competente relativa a la apertura de procesos, investigaciones o actuaciones administrativas en contra de los servidores públicos mencionados en su nota”, respondió Herrera a Duke.
El pasado miércoles, una nota de prensa de la Contraloría -al mando del contralor Anel Flores- confirmó que se ha suspendido el pago de siete funcionarios de la Asamblea, “como parte de procesos de verificación e investigación iniciados desde la segunda quincena de marzo”.
La Contraloría agregó que a partir de la segunda quincena de abril, “la medida de licencia sin sueldo por investigación será aplicada de manera formal, conforme a lo establecido en el marco normativo vigente, extendiéndose a los funcionarios bajo evaluación”.
De hecho, Vamos replicó que, adicional a los 7 investigados reconocidos por la CGR, hay 39 más que ya saben que no recibirán salario en la próxima quincena, porque la proforma que aparece en el sistema del sitio web contraloria.gob.pa indica que ellos están “en licencia”.
Ni uno de los afectados ha solicitado acogerse a esa medida y ahora la Asamblea, por conducto de su presidente Jorge Herrera, reconoce que nadie ha autorizado eso.
La Contraloría señala que el reglamento de Recursos Humanos de la AN, en su artículo 161, establece que únicamente el presidente y el secretario general de ese órgano pueden autorizar excepciones al registro obligatorio de asistencia, que puede ser mediante lista, reloj o cualquier otro medio que asegure la veracidad de las horas de entrada y salida.
Pero Herrera, en su nota a Duke, recalcó que el mismo reglamento, en su artículo 160, dispone que la jornada y horario laboral serán fijados conforme a las necesidades del servicio que presta cada funcionario.
“La Asamblea no cuenta con un formato único obligatorio aplicable de manera uniforme a todos los despachos de los honorables diputados”, remarcó Herrera.
La entidad que dirige Flores también invoca el Decreto 90-2019-DNMySC del 2 de diciembre de 2019 (firmado por el contralor de aquella época Federico Humbert), como base para sustentar las “licencias sin sueldo por investigación”. Pero ese decreto, en la página 65, menciona que el “origen” de esas licencias está en la Dirección de Recursos Humanos de cada entidad nominadora. En este caso, sería la AN, lo que -como afirmó Herrera- no ocurrió.
Además, el decreto señala que, al otorgar una licencia, se debe anotar la vigencia de la misma y la fecha de retorno del servidor público. Ni uno de los funcionarios suspendidos sabe hasta cuándo se extiende la licencia.
Información en desarrollo...
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La ley establece que solo la entidad nominadora puede autorizar las licencias.
La Dirección de Recursos Humanos de la Asamblea certificó que no se ha tramitado ni autorizado licencia sin sueldo alguna respecto a los 39 funcionarios, “por lo que no existe actuación administrativa de esta institución que sustente la adopción de dicha medida”, señaló el diputado presidente Jorge Herrera en una nota fechada el 22 de abril pasado, dirigida al diputado independiente Luis Duke, subjefe de la bancada de Vamos.
Todos los trabajadores afectados laboran en los despachos de diputados de Vamos. Actualmente lo hacen sin remuneración, ya que la Contraloría inició una investigación porque supuestamente no marcan el listado de asistencia obligatoria.
Los diputados han aportado pruebas que indican que la información que maneja la CGR no es correcta y que muchos de los afectados registran su asistencia a través de sistemas electrónicos.
La medida adoptada por la Contraloría ni siquiera ha sido notificada formalmente, lo que coloca a estos trabajadores en una situación de indefensión.
“No consta en los archivos administrativos de esta institución notificación formal proveniente de autoridad competente relativa a la apertura de procesos, investigaciones o actuaciones administrativas en contra de los servidores públicos mencionados en su nota”, respondió Herrera a Duke.
La excusa de la Contraloría
El pasado miércoles, una nota de prensa de la Contraloría -al mando del contralor Anel Flores- confirmó que se ha suspendido el pago de siete funcionarios de la Asamblea, “como parte de procesos de verificación e investigación iniciados desde la segunda quincena de marzo”.
La Contraloría agregó que a partir de la segunda quincena de abril, “la medida de licencia sin sueldo por investigación será aplicada de manera formal, conforme a lo establecido en el marco normativo vigente, extendiéndose a los funcionarios bajo evaluación”.
De hecho, Vamos replicó que, adicional a los 7 investigados reconocidos por la CGR, hay 39 más que ya saben que no recibirán salario en la próxima quincena, porque la proforma que aparece en el sistema del sitio web contraloria.gob.pa indica que ellos están “en licencia”.
Ni uno de los afectados ha solicitado acogerse a esa medida y ahora la Asamblea, por conducto de su presidente Jorge Herrera, reconoce que nadie ha autorizado eso.
La Contraloría señala que el reglamento de Recursos Humanos de la AN, en su artículo 161, establece que únicamente el presidente y el secretario general de ese órgano pueden autorizar excepciones al registro obligatorio de asistencia, que puede ser mediante lista, reloj o cualquier otro medio que asegure la veracidad de las horas de entrada y salida.
Pero Herrera, en su nota a Duke, recalcó que el mismo reglamento, en su artículo 160, dispone que la jornada y horario laboral serán fijados conforme a las necesidades del servicio que presta cada funcionario.
“La Asamblea no cuenta con un formato único obligatorio aplicable de manera uniforme a todos los despachos de los honorables diputados”, remarcó Herrera.
¿Quién llenó el formulario?
La entidad que dirige Flores también invoca el Decreto 90-2019-DNMySC del 2 de diciembre de 2019 (firmado por el contralor de aquella época Federico Humbert), como base para sustentar las “licencias sin sueldo por investigación”. Pero ese decreto, en la página 65, menciona que el “origen” de esas licencias está en la Dirección de Recursos Humanos de cada entidad nominadora. En este caso, sería la AN, lo que -como afirmó Herrera- no ocurrió.
Además, el decreto señala que, al otorgar una licencia, se debe anotar la vigencia de la misma y la fecha de retorno del servidor público. Ni uno de los funcionarios suspendidos sabe hasta cuándo se extiende la licencia.
Información en desarrollo...
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