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Orlando Silva
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El director ejecutivo (e) de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH), Christian Puente, informó este 19 de enero de 2026 que la entidad presentó escritos ante el tribunal del caso Triple A para solicitar que la audiencia de juicio, prevista para el 30 y 31 de enero, no vuelva a diferirse. El planteamiento se da en un proceso que, según explicó, ha acumulado 13 audiencias fallidas en distintas etapas del procedimiento penal.
De acuerdo con lo señalado, las suspensiones se han producido en momentos clave del proceso, como el inicio de la instrucción fiscal, la vinculación de nuevos procesados y la revisión de medidas cautelares. En esos escenarios, se han registrado inasistencias de abogados defensores, cambios reiterados de patrocinio legal o la presentación de certificados médicos, lo que ha impedido que las diligencias se instalen con normalidad.
Desde la ARCH se expuso que estas situaciones no han sido aisladas, sino reiteradas a lo largo del proceso.
Puente explicó que el pedido presentado al tribunal también se sustenta en lo ocurrido en la audiencia del 24 de diciembre, que el tribunal declaró fallida por la inasistencia de abogados de la defensa.
Tras ese episodio, indicó, se presentaron acciones orientadas a cuestionar la competencia de uno de los jueces del tribunal, lo que, según la entidad, se suma a prácticas que han impedido avanzar a la etapa de juzgamiento.
El director ejecutivo (e) de la ARCH señaló que estos planteamientos se encuentran pendientes de resolución y que, aun así, persiste el riesgo de que se repitan escenarios similares, como nuevos cambios de abogados o la presentación de certificados médicos, lo que podría derivar nuevamente en la postergación de la audiencia.
Desde la entidad se recordó que, desde la emisión del auto de llamamiento a juicio, en julio de 2025, no se ha logrado instalar la etapa de juzgamiento.
En cuanto al impacto del tiempo transcurrido sobre la prueba, el funcionario sostuvo que la demora no afecta la calidad probatoria, porque los elementos del juicio se basan principalmente en documentos e informes periciales, lo que mantiene la integridad de la información que el tribunal deberá examinar.
Frente a la posibilidad de que el juicio vuelva a diferirse, Puente indicó que será necesario evaluar las razones que sustenten una nueva postergación. En ese contexto, señaló que, de identificarse un uso indebido del sistema judicial, la ARCH analizará las acciones legales que correspondan.
Puente explicó además que el proceso involucra a 22 personas y forma parte de una estructura empresarial que, en su momento, operó de manera lícita y articulada. Según detalló, las defensas de las empresas comenzaron con una misma abogada, quien renunció antes de la audiencia de formulación de cargos, lo que dejó temporalmente sin patrocinio legal a los procesados y derivó en la presentación masiva de escritos.
Posteriormente, se produjeron comparecencias intermitentes de distintos abogados, lo que, desde la perspectiva de la ARCH, evidencia un patrón de dilación dentro del proceso.
Ante los señalamientos del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, quien ha sostenido que el caso Triple A responde a una persecución política, Puente explicó que la actuación de la ARCH se limita al análisis de hechos objetivos sustentados en documentos e informes periciales que forman parte del proceso penal.
Señaló que la discusión se centra en la materialidad del delito y en la responsabilidad de los procesados, sin que exista un componente político que deba ser demostrado por la entidad.
Puente detalló que, ante las dilaciones registradas, el tribunal dispuso la designación de cuatro defensores públicos, a quienes se remitió de forma electrónica el expediente íntegro del caso. Según explicó, estos abogados fueron convocados para asistir de manera presencial a la audiencia, con el objetivo de garantizar el derecho a la defensa en caso de que las defensas técnicas de los procesados no comparezcan.
El funcionario señaló que esta medida busca asegurar que los defensores públicos cuenten con el tiempo y los medios necesarios para conocer el proceso y ejercer la defensa dentro de sus competencias, conforme a lo que establece la ley.
Añadió que la intervención de la Defensoría Pública es una práctica frecuente en procesos penales y constituye un mecanismo mediante el cual el Estado garantiza el derecho a la defensa cuando no existe patrocinio particular.
Información extra: Caso Triple A
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El antecedente de la audiencia fallida del 24 de diciembre en el caso Triple A
De acuerdo con lo señalado, las suspensiones se han producido en momentos clave del proceso, como el inicio de la instrucción fiscal, la vinculación de nuevos procesados y la revisión de medidas cautelares. En esos escenarios, se han registrado inasistencias de abogados defensores, cambios reiterados de patrocinio legal o la presentación de certificados médicos, lo que ha impedido que las diligencias se instalen con normalidad.
Desde la ARCH se expuso que estas situaciones no han sido aisladas, sino reiteradas a lo largo del proceso.
Puente explicó que el pedido presentado al tribunal también se sustenta en lo ocurrido en la audiencia del 24 de diciembre, que el tribunal declaró fallida por la inasistencia de abogados de la defensa.
Tras ese episodio, indicó, se presentaron acciones orientadas a cuestionar la competencia de uno de los jueces del tribunal, lo que, según la entidad, se suma a prácticas que han impedido avanzar a la etapa de juzgamiento.
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El director ejecutivo (e) de la ARCH señaló que estos planteamientos se encuentran pendientes de resolución y que, aun así, persiste el riesgo de que se repitan escenarios similares, como nuevos cambios de abogados o la presentación de certificados médicos, lo que podría derivar nuevamente en la postergación de la audiencia.
Una causa estancada desde el auto de llamamiento a juicio
Desde la entidad se recordó que, desde la emisión del auto de llamamiento a juicio, en julio de 2025, no se ha logrado instalar la etapa de juzgamiento.
En cuanto al impacto del tiempo transcurrido sobre la prueba, el funcionario sostuvo que la demora no afecta la calidad probatoria, porque los elementos del juicio se basan principalmente en documentos e informes periciales, lo que mantiene la integridad de la información que el tribunal deberá examinar.
Escenarios ante un nuevo diferimiento del caso Triple
Frente a la posibilidad de que el juicio vuelva a diferirse, Puente indicó que será necesario evaluar las razones que sustenten una nueva postergación. En ese contexto, señaló que, de identificarse un uso indebido del sistema judicial, la ARCH analizará las acciones legales que correspondan.
Puente explicó además que el proceso involucra a 22 personas y forma parte de una estructura empresarial que, en su momento, operó de manera lícita y articulada. Según detalló, las defensas de las empresas comenzaron con una misma abogada, quien renunció antes de la audiencia de formulación de cargos, lo que dejó temporalmente sin patrocinio legal a los procesados y derivó en la presentación masiva de escritos.
Posteriormente, se produjeron comparecencias intermitentes de distintos abogados, lo que, desde la perspectiva de la ARCH, evidencia un patrón de dilación dentro del proceso.
La respuesta frente a los señalamientos de persecución política
Ante los señalamientos del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, quien ha sostenido que el caso Triple A responde a una persecución política, Puente explicó que la actuación de la ARCH se limita al análisis de hechos objetivos sustentados en documentos e informes periciales que forman parte del proceso penal.
Señaló que la discusión se centra en la materialidad del delito y en la responsabilidad de los procesados, sin que exista un componente político que deba ser demostrado por la entidad.
La participación de la Defensoría Pública
Puente detalló que, ante las dilaciones registradas, el tribunal dispuso la designación de cuatro defensores públicos, a quienes se remitió de forma electrónica el expediente íntegro del caso. Según explicó, estos abogados fueron convocados para asistir de manera presencial a la audiencia, con el objetivo de garantizar el derecho a la defensa en caso de que las defensas técnicas de los procesados no comparezcan.
El funcionario señaló que esta medida busca asegurar que los defensores públicos cuenten con el tiempo y los medios necesarios para conocer el proceso y ejercer la defensa dentro de sus competencias, conforme a lo que establece la ley.
Añadió que la intervención de la Defensoría Pública es una práctica frecuente en procesos penales y constituye un mecanismo mediante el cual el Estado garantiza el derecho a la defensa cuando no existe patrocinio particular.
Información extra: Caso Triple A
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