G
Gerardo Villacreces Carbo
Guest
En la semana que hoy termina, saltó un nuevo escándalo. Nada más y nada menos que la latente influencia del narcotráfico en los pasillos judiciales, oficinas administrativas y despachos de jueces.
El audio y el precedente: Salió a la luz pública, según fuentes periodísticas, un audio, presumiblemente de Henry Gaibor, hasta hace poco director provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura (CJ) – hombre propuesto y de confianza de Mario Godoy, presidente de dicho organismo – solicitando al juez anticorrupción a cargo Carlos Serrano, que ponga especial atención a los argumentos de la defensa en una causa en particular. Ese hecho por sí es repudiable por lo que significa, injerencia en la administración de justicia.
Pero el problema no es solo el escándalo, sino el precedente. El tema se complica aún más y prende las alarmas, cuando se llegó a conocer que el sindicado (de nacionalidad serbia) era un procesado por lavado de activos relacionado con el narcotráfico. El mismo que, al ser sentenciado por dicho juez, habría hecho un gesto amenazante en su contra, a quien se le había retirado la seguridad.
Adicionalmente, y como si aquello no fuera suficiente, resulta que dicho extranjero habría sido defendido legalmente hasta hace poco más de un año, por una abogada, que al momento es la esposa de M. Godoy. Éste, que por cierto, antes de asumir la presidencia del CJ, había sido cuestionado por defender, según información periodística, a personas relacionadas con el narco.
¿El diablo operador del poder? Como antecedente, resulta que Godoy fue respaldado inicialmente por la “Liga Azul” y posteriormente por el oficialismo, para ser designado y poder asumir la presidencia del CJ. Cabe indicarse que, Godoy habría dado la espalda a sus primeros auspiciantes, una vez investido del respaldo oficialista y posesionado. Procedimiento de designación que habría sido, por cierto, controversial, compuesto más de tintes políticos que de elementos técnicos.
¿Acaso el oficialismo no conocía los antecedentes y huellas profesionales de Godoy?, el cual fue reclutado de las filas cercanas al correísmo, tal como ocurrió también con Fausto Jarrín (actualmente, de lo que se conoce, asesor del gobierno; antes ex abogado de Rafael Correa en el caso Sobornos 2012-2016 y ex asambleísta por la alianza UNES – Revolución Ciudadana), en una suerte de fichaje – con tinta provocadora – de “jugadores importantes”.
Es de suponer que, sí conocía el oficialismo de los antecedentes de Godoy. La razón del apoyo pudo haber sido, entonces, contar con una persona funcional a los intereses del poder de turno.
Existe el antecedente, el caso de la ex jueza Nubia Vera, quien denunció públicamente haber recibido presiones de Godoy y de Gaibor a fin de que fallara en contra de la exvicepresidenta Verónica Abad, a la época confrontada con Noboa. Lo cual dicho sin eufemismos, de comprobarse, sería intromisión en la justicia, y por ende esa injerencia constituiría un evidente atentado a los principios básicos de la democracia, esto es, no solamente la separación, sino sobre todo la Independencia de poderes.
El dilema del poder: La bancada oficialista ante semejante bomba que ha estremecido los cimientos de la justicia en el Ecuador, ha expresado su voluntad de llamar a Godoy para el 5 de enero de 2026 para que rinda explicaciones, con la posibilidad que se inicie un juicio político en su contra. Frente a lo cual, Godoy ha respondido que el tema – a su criterio – no es jurídico, sino una persecución política y personal, y que estaría dispuesto a hablar.
Expresión que suena a advertencia, si no a amenaza, es decir, podría interpretarse en el sentido de que, si el oficialismo lo ataca, él se defendería contando detalles internos comprometedores. Tesis que pudiera tener sentido, si vemos, que Godoy no ha pensado en renunciar, sino solamente en tomar licencia para preparar su defensa, lo cual pudiera dar a entender que él alimentaría la esperanza de salir ileso de esta grave situación.
Por cierto, está pendiente conocer, cuál será la actitud de Godoy frente a Gaibor, ya que éste claramente indicó al juez Serrano que actuaba a pedido de otra persona. ¿De quién? ¿se refería a Godoy?
Gaibor ya no forma parte del CJ (le pidieron la renuncia, cuando lo que se merecía era la destitución) y un juicio penal quizá en camino. Pero es justamente esta persona la clave para conocer por cuenta de quién actuaba. Y, claro está que, Godoy es el sospechoso por la serie de coincidencias que le rodean y apuntan. Consecuentemente, el más interesado debería ser Godoy si realmente no es responsable, en perseguir a Gaibor para que aclare por cuenta de quién actuó. Veamos qué sucede…
Lo dado, pondría en una encrucijada al oficialismo, ya que, de llevarse a cabo el juicio político y sancionar a Godoy, por un lado, se limpiaría la cara del régimen, pero por otro asume el riesgo que la misma pueda salir salpicada por lo que llegase a decir Godoy.
Y, si el oficialismo optase por dar largas y evitar o no apoyar el juicio político, la ciudadanía podría pensar que toda la lucha contra la delincuencia y el narco es un discurso vacío carente de credibilidad, lo cual sería muy grave para el oficialismo que ha tomado esa bandera como símbolo principal.
Parecería que en el CJ, en los entornos cercanos a Godoy (no está aún claro si él incluido), habría gente que tendría una agenda secreta, a espaldas del oficialismo, orientada en abogar y favorecer, desde adentro, a procesados en temas de lavado de activos y narcotráfico, lo cual realmente sería muy grave.
En todo caso, queda claro hasta aquí, por lo menos que, el que negocia con el diablo termina tarde o temprano salpicado, si no quemado…
Sigue leyendo...
El audio y el precedente: Salió a la luz pública, según fuentes periodísticas, un audio, presumiblemente de Henry Gaibor, hasta hace poco director provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura (CJ) – hombre propuesto y de confianza de Mario Godoy, presidente de dicho organismo – solicitando al juez anticorrupción a cargo Carlos Serrano, que ponga especial atención a los argumentos de la defensa en una causa en particular. Ese hecho por sí es repudiable por lo que significa, injerencia en la administración de justicia.
Pero el problema no es solo el escándalo, sino el precedente. El tema se complica aún más y prende las alarmas, cuando se llegó a conocer que el sindicado (de nacionalidad serbia) era un procesado por lavado de activos relacionado con el narcotráfico. El mismo que, al ser sentenciado por dicho juez, habría hecho un gesto amenazante en su contra, a quien se le había retirado la seguridad.
Adicionalmente, y como si aquello no fuera suficiente, resulta que dicho extranjero habría sido defendido legalmente hasta hace poco más de un año, por una abogada, que al momento es la esposa de M. Godoy. Éste, que por cierto, antes de asumir la presidencia del CJ, había sido cuestionado por defender, según información periodística, a personas relacionadas con el narco.
¿El diablo operador del poder? Como antecedente, resulta que Godoy fue respaldado inicialmente por la “Liga Azul” y posteriormente por el oficialismo, para ser designado y poder asumir la presidencia del CJ. Cabe indicarse que, Godoy habría dado la espalda a sus primeros auspiciantes, una vez investido del respaldo oficialista y posesionado. Procedimiento de designación que habría sido, por cierto, controversial, compuesto más de tintes políticos que de elementos técnicos.
¿Acaso el oficialismo no conocía los antecedentes y huellas profesionales de Godoy?, el cual fue reclutado de las filas cercanas al correísmo, tal como ocurrió también con Fausto Jarrín (actualmente, de lo que se conoce, asesor del gobierno; antes ex abogado de Rafael Correa en el caso Sobornos 2012-2016 y ex asambleísta por la alianza UNES – Revolución Ciudadana), en una suerte de fichaje – con tinta provocadora – de “jugadores importantes”.
Es de suponer que, sí conocía el oficialismo de los antecedentes de Godoy. La razón del apoyo pudo haber sido, entonces, contar con una persona funcional a los intereses del poder de turno.
Existe el antecedente, el caso de la ex jueza Nubia Vera, quien denunció públicamente haber recibido presiones de Godoy y de Gaibor a fin de que fallara en contra de la exvicepresidenta Verónica Abad, a la época confrontada con Noboa. Lo cual dicho sin eufemismos, de comprobarse, sería intromisión en la justicia, y por ende esa injerencia constituiría un evidente atentado a los principios básicos de la democracia, esto es, no solamente la separación, sino sobre todo la Independencia de poderes.
El dilema del poder: La bancada oficialista ante semejante bomba que ha estremecido los cimientos de la justicia en el Ecuador, ha expresado su voluntad de llamar a Godoy para el 5 de enero de 2026 para que rinda explicaciones, con la posibilidad que se inicie un juicio político en su contra. Frente a lo cual, Godoy ha respondido que el tema – a su criterio – no es jurídico, sino una persecución política y personal, y que estaría dispuesto a hablar.
Expresión que suena a advertencia, si no a amenaza, es decir, podría interpretarse en el sentido de que, si el oficialismo lo ataca, él se defendería contando detalles internos comprometedores. Tesis que pudiera tener sentido, si vemos, que Godoy no ha pensado en renunciar, sino solamente en tomar licencia para preparar su defensa, lo cual pudiera dar a entender que él alimentaría la esperanza de salir ileso de esta grave situación.
Por cierto, está pendiente conocer, cuál será la actitud de Godoy frente a Gaibor, ya que éste claramente indicó al juez Serrano que actuaba a pedido de otra persona. ¿De quién? ¿se refería a Godoy?
Gaibor ya no forma parte del CJ (le pidieron la renuncia, cuando lo que se merecía era la destitución) y un juicio penal quizá en camino. Pero es justamente esta persona la clave para conocer por cuenta de quién actuaba. Y, claro está que, Godoy es el sospechoso por la serie de coincidencias que le rodean y apuntan. Consecuentemente, el más interesado debería ser Godoy si realmente no es responsable, en perseguir a Gaibor para que aclare por cuenta de quién actuó. Veamos qué sucede…
Lo dado, pondría en una encrucijada al oficialismo, ya que, de llevarse a cabo el juicio político y sancionar a Godoy, por un lado, se limpiaría la cara del régimen, pero por otro asume el riesgo que la misma pueda salir salpicada por lo que llegase a decir Godoy.
Y, si el oficialismo optase por dar largas y evitar o no apoyar el juicio político, la ciudadanía podría pensar que toda la lucha contra la delincuencia y el narco es un discurso vacío carente de credibilidad, lo cual sería muy grave para el oficialismo que ha tomado esa bandera como símbolo principal.
Parecería que en el CJ, en los entornos cercanos a Godoy (no está aún claro si él incluido), habría gente que tendría una agenda secreta, a espaldas del oficialismo, orientada en abogar y favorecer, desde adentro, a procesados en temas de lavado de activos y narcotráfico, lo cual realmente sería muy grave.
En todo caso, queda claro hasta aquí, por lo menos que, el que negocia con el diablo termina tarde o temprano salpicado, si no quemado…
Sigue leyendo...