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Daniela Muñoz Solano
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El Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José fijó finalmente una nueva fecha para la audiencia preliminar del caso Aldesa.
De acuerdo con una comunicación del órgano judicial recibida por las partes, el periodo para dicha diligencia será desde el 3 de agosto hasta el 30 de octubre de este mismo año.
Ronny García, representante legal de una de las afectadas en el caso, celebró la fijación de una nueva fecha y especialmente que fuera tan pronto pero agregó que espera que no se trate de un “alegrón de burro” y que luego nuevamente se cancelen las audiencias.
Y es que esta es la cuarta fecha que se fija para las diligencias que dan inicio al procedimiento que podría llevar a un juicio penal por estafa contra los dueños y algunos exempleados de la empresa Aldesa Corporación de Inversiones. Ya en tres ocasiones anteriores, en 2024 y 2025, se convocó la audiencia preliminar pero se canceló por conflictos de agenda de los distintos representantes legales de las partes, que son decenas.
Además, el abogado explicó que las agendas todas las partes fueron solicitadas en noviembre, y que mucho puede haber cambiado desde entonces hasta ahora que se está fijando la fecha de la audiencia.
Desde 2018 Aldesa dejó de tener regularidad en los pagos a sus inversionistas y en marzo del 2019 comunicó a quienes le habían confiado su dinero que “la incertidumbre generada por la crisis fiscal entre los inversionistas costarricenses, durante el último trimestre del 2018, condujo a una severa merma de liquidez en el mercado” y que por eso la corporación suspendía los pagos a los inversionistas, que al día de hoy, no han recuperado ni siquiera parte de su dinero.
Simultáneamente la corporación presentó ante el Juzgado Concursal del I Circuito Judicial de San José una solicitud de Administración y Reorganización con Intervención Judicial, que en julio del 2022 resultó en la declaratoria de quiebra de la empresa.
Al día de hoy y según la curaduría del Poder Judicial, Aldesa adeuda $171,582,116 a sus inversores. De ese monto ¢7,681 millones ($12,388,786) corresponde a asociaciones solidaristas que representan unos 27.550 trabajadores, ¢44,839 millones ($72,321,166) a 351 personas físicas y unos ¢53,861 millones ($86,872,164) a personas jurídicas, entre las que se cuentan sociedades anónimas, familiares y emprendimientos.
Además, la empresa le debe ¢31,561 millones ($50,905,503) a sus proveedores y sostiene deudas de más de ¢290 millones con la Caja Costarricense del Seguro Social y de ¢2.463 millones con el Ministerio de Hacienda, sin contemplar intereses y recargos de ley. Estos montos se acumularon desde el 2015, pero no hubo alertas por parte de las autoridades, hasta que el 2019 la misma corporación anunció problemas de liquidez y solicitó intervención judicial.
El 29 de noviembre del 2023 la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y Propiedad Intelectual presentó una acusación contra 23 personas entre quienes conformaron la junta directiva y corredores de la corporación, al determinar que hay pruebas suficientes para elevarlo a juicio por el delito de estafa, proceso que dará sus primeros pasos con la audiencia preliminar.
Flora Fernández agradeció la labor de su abogado (Ronny García) y dijo que el mérito de que este caso se mantenga vivo es de él, pues no ha dejado de insistir en la fijación de fecha para que este caso sea procesado frente a la justicia.
Eso sí, la Fernández dijo que ya no espera justicia, pues “la impunidad ya está dada”, siendo que la mayoría de las personas acusadas ya tienen más de 65 años y aunque sean condenadas “no verán un solo día de prisión”.
“Tampoco van a pagar la plata porque no hay de dónde”, dijo Fernández, quién agregó que solo espera que después de tantos años de lucha al menos las personas afectadas puedan tener una victoria simbólica en la condena de quienes les robaron sus ahorros de toda la vida.
Ella dijo también que espera que esta vez sí se mantenga la fecha de audiencia preliminar pues ya han sido muchos años de espera para al menos acercarse a la justicia, y porque considera que si no se corrige la impunidad que impera “en algún momento este país va a arder”.
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