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Ana Lucía Freire
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La Fiscalía General del Estado formuló cargos contra 60 personas presuntamente implicadas en actividades minería ilegal en el sector de Yutzupino, cantón Tena, en la provincia de Napo. La instrucción fiscal, que tendrá una duración de 90 días, se sustenta en una investigación que revela un daño ambiental masivo en las riberas de los ríos Anzu y Jatunyacu.
Durante la audiencia, que se extendió por más de 16 horas, la Unidad Especializada en Delitos contra el Medio Ambiente presentó 72 elementos de convicción. Entre las pruebas destacan informes de sobrevuelos con drones que evidencian la alteración de suelos, formación de piscinas contaminadas y la intervención antitécnica en zonas de protección hídrica.
Los informes periciales de microscopía electrónica confirmaron que el agua de los ríos locales contiene mercurio, aluminio, hierro, oro y plata. Según versiones recabadas por la Fiscalía:
A pesar de la magnitud del caso, los procesados (con edades entre 25 y 70 años) recibieron medidas cautelares de prohibición de salida del país y presentaciones periódicas ante la autoridad. Asimismo, se dispuso la retención y prohibición de enajenar la maquinaria utilizada.
Este proceso judicial es el resultado de la coordinación iniciada en el megaoperativo de febrero de 2022, donde el Estado movilizó a más de 1 000 funcionarios de instituciones como Arcom, los ministerios de Ambiente y de Transporte y Obras Públicas (hoy Infraestructura y Transporte), el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, la Fiscalía General del Estado y la Dirección de Operaciones de la Policía Nacional.
Entre el 13 y el 25 de febrero de 2022 se ejecutaron 42 allanamientos en puntos específicos, definidos a partir de sobrevuelos con drones. En estas intervenciones se levantaron indicios vinculados al delito investigado. En el área operaban entre 600 y 800 personas con cerca de 200 excavadoras. El caso se tramita bajo el artículo 260 del COIP, que sanciona la actividad ilícita de recursos mineros.
Para estas actividades se habrían utilizado excavadoras, clasificadoras tipo “Z”, motobombas, motores de succión, dragas artesanales, generadores eléctricos y tanques de combustible.
Información externa Minería Ilegal
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Durante la audiencia, que se extendió por más de 16 horas, la Unidad Especializada en Delitos contra el Medio Ambiente presentó 72 elementos de convicción. Entre las pruebas destacan informes de sobrevuelos con drones que evidencian la alteración de suelos, formación de piscinas contaminadas y la intervención antitécnica en zonas de protección hídrica.
Contaminación y testimonios
Los informes periciales de microscopía electrónica confirmaron que el agua de los ríos locales contiene mercurio, aluminio, hierro, oro y plata. Según versiones recabadas por la Fiscalía:
- Invasión de maquinaria: Dirigentes comunitarios denunciaron la presencia de más de 80 excavadoras que dominaban el territorio para fomentar lo ilícito.
- Beneficios económicos: Algunos relatos señalaron que ciertas comunidades permitían el ingreso de maquinaria a cambio de pagos.
- Alertas ambientales: Colectivos ecologistas reportaron que el monitoreo de la zona se realizaba cada 48 horas debido al vertiginoso incremento de la actividad.
Medidas y antecedentes
A pesar de la magnitud del caso, los procesados (con edades entre 25 y 70 años) recibieron medidas cautelares de prohibición de salida del país y presentaciones periódicas ante la autoridad. Asimismo, se dispuso la retención y prohibición de enajenar la maquinaria utilizada.
Este proceso judicial es el resultado de la coordinación iniciada en el megaoperativo de febrero de 2022, donde el Estado movilizó a más de 1 000 funcionarios de instituciones como Arcom, los ministerios de Ambiente y de Transporte y Obras Públicas (hoy Infraestructura y Transporte), el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, la Fiscalía General del Estado y la Dirección de Operaciones de la Policía Nacional.
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Entre el 13 y el 25 de febrero de 2022 se ejecutaron 42 allanamientos en puntos específicos, definidos a partir de sobrevuelos con drones. En estas intervenciones se levantaron indicios vinculados al delito investigado. En el área operaban entre 600 y 800 personas con cerca de 200 excavadoras. El caso se tramita bajo el artículo 260 del COIP, que sanciona la actividad ilícita de recursos mineros.
Para estas actividades se habrían utilizado excavadoras, clasificadoras tipo “Z”, motobombas, motores de succión, dragas artesanales, generadores eléctricos y tanques de combustible.
Información externa Minería Ilegal
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