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Daniel Zenteno
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En una decisión considerada histórica para la Amazonía boliviana, la Sala Plena del Tribunal Agroambiental ordenó la paralización inmediata de toda actividad minera que opere fuera de las áreas autorizadas por la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) en el río Madre de Dios.
De esta manera, la justicia admitió la acción ambiental preventiva presentada hace meses por autoridades del Territorio Indígena Multiétnico (TIM II).
El fallo, emitido el 4 de diciembre, también suspende las concesiones que no cuenten con consulta previa, libre e informada, remarcando que este mecanismo no es una concesión estatal, sino “una manifestación del derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas”.
La demanda fue presentada el 1 de julio y contiene evidencia recopilada por monitores territoriales de la Central Indígena de la Región Amazónica de Bolivia (Cirabo), que documenta contaminación por metales pesados, presencia de grasas y sólidos en niveles superiores a los permitidos, además de deforestación de 8.000 hectáreas y afectaciones a la salud y economía de las familias del TIM II.
Según datos del Centro de Estudios Jurídicos e Investigaciones Sociales (Cejis), en 2024 se registraron entre 300 y 483 balsas auríferas operando en el río Madre de Dios, la mayoría fuera de las zonas legalmente establecidas. Ante este escenario, el Tribunal dispuso la “protección y regeneración integral” del río y la implementación de un sistema de fiscalización permanente junto a las autoridades indígenas.
El fallo llega después de meses de preocupación por la falta de pronunciamiento del Tribunal. En octubre, el Cejis alertó, a través de la Agencia de Noticias Ambientales (ANA), que la acción llevaba cuatro meses sin respuesta, mientras la AJAM seguía promoviendo nuevas áreas de explotación.
La preocupación aumentó cuando el presidente del TIM II, Lucio Ayala, recibió notificaciones para iniciar consultas previas solicitadas por nuevos actores mineros interesados en explotar el río, pese a los impactos documentados. A ello se suma la admisión pública del dirigente aurífero Corcino Cerezo, de la cooperativa Asobal, quien reconoció que sus afiliados “a veces salen del área autorizada” para extraer “oro de arrastre”.
Ahora, el Tribunal Agroambiental anunció una visita al TIM II entre el 7 y 8 de diciembre, en plena vacación judicial, lo que podría permitir que sus magistrados constaten directamente la magnitud del daño.
Por primera vez, la justicia reconoce al Madre de Dios como sujeto colectivo de derechos, un precedente que podría redefinir la protección ambiental y territorial en la Amazonía boliviana, donde la minería aurífera ilegal se ha consolidado como una de las mayores amenazas socioambientales del país.
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De esta manera, la justicia admitió la acción ambiental preventiva presentada hace meses por autoridades del Territorio Indígena Multiétnico (TIM II).
El fallo, emitido el 4 de diciembre, también suspende las concesiones que no cuenten con consulta previa, libre e informada, remarcando que este mecanismo no es una concesión estatal, sino “una manifestación del derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas”.
Madre de Dios
La demanda fue presentada el 1 de julio y contiene evidencia recopilada por monitores territoriales de la Central Indígena de la Región Amazónica de Bolivia (Cirabo), que documenta contaminación por metales pesados, presencia de grasas y sólidos en niveles superiores a los permitidos, además de deforestación de 8.000 hectáreas y afectaciones a la salud y economía de las familias del TIM II.
Según datos del Centro de Estudios Jurídicos e Investigaciones Sociales (Cejis), en 2024 se registraron entre 300 y 483 balsas auríferas operando en el río Madre de Dios, la mayoría fuera de las zonas legalmente establecidas. Ante este escenario, el Tribunal dispuso la “protección y regeneración integral” del río y la implementación de un sistema de fiscalización permanente junto a las autoridades indígenas.
El fallo llega después de meses de preocupación por la falta de pronunciamiento del Tribunal. En octubre, el Cejis alertó, a través de la Agencia de Noticias Ambientales (ANA), que la acción llevaba cuatro meses sin respuesta, mientras la AJAM seguía promoviendo nuevas áreas de explotación.
Acción
La preocupación aumentó cuando el presidente del TIM II, Lucio Ayala, recibió notificaciones para iniciar consultas previas solicitadas por nuevos actores mineros interesados en explotar el río, pese a los impactos documentados. A ello se suma la admisión pública del dirigente aurífero Corcino Cerezo, de la cooperativa Asobal, quien reconoció que sus afiliados “a veces salen del área autorizada” para extraer “oro de arrastre”.
Ahora, el Tribunal Agroambiental anunció una visita al TIM II entre el 7 y 8 de diciembre, en plena vacación judicial, lo que podría permitir que sus magistrados constaten directamente la magnitud del daño.
Por primera vez, la justicia reconoce al Madre de Dios como sujeto colectivo de derechos, un precedente que podría redefinir la protección ambiental y territorial en la Amazonía boliviana, donde la minería aurífera ilegal se ha consolidado como una de las mayores amenazas socioambientales del país.
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