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Orlando Silva
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La audiencia de vinculación de alias Pipo, Lobo Menor y Gordo Luis, prevista para el 26 de diciembre de 2025 dentro del caso por el magnicidio de Fernando Villavicencio, no estará a cargo de la jueza María Daniela Ayala. El Consejo de la Judicatura (CJ) ratificó la sanción que la mantiene fuera de funciones, lo que impide que reasuma el expediente.
El Pleno del CJ revisó el recurso de apelación presentado por Ayala el 12 de diciembre de 2025, último día de su suspensión provisional. La jueza había sido separada temporalmente del cargo desde el 12 de septiembre, por un período inicial de 90 días, mientras avanzaba un sumario administrativo. Posteriormente, el 8 de diciembre, el Director de la Judicatura dispuso una sanción definitiva de 30 días sin sueldo.
Ayala apeló esa resolución y el organismo trató el caso de manera unánime. Con la ratificación, su inhabilitación continuará al menos hasta el 8 de enero de 2026.
Ayala pertenece a la Unidad Judicial Penal de Iñaquito, al norte de Quito, y fue asignada al caso Magnicidio FV, donde la Fiscalía investiga a los autores intelectuales del asesinato de Villavicencio.
El 3 de septiembre de 2025 estuvo al frente de la audiencia de formulación de cargos para José Serrano, Xavier Jordán, Daniel Salcedo y Ronny Aleaga, y en esa diligencia negó el pedido de prisión preventiva contra Serrano y Jordán.
Durante el proceso mantuvo varios roces con Ana Hidalgo, fiscal del caso, a quien llegó a decir que “la Fiscalía no puede ser el brazo ejecutor del político de turno”. Esa declaración motivó una denuncia presentada por el exfiscal General Wilson Toainga ante la Judicatura.
La defensa de las hijas de Villavicencio también manifestó inquietudes. Su abogado, Patricio Rosero, cuestionó que la audiencia de vinculación se difiriera el 12 de diciembre —debido a que Gordo Luis pidió tiempo para contratar un abogado privado tras rechazar a la defensa pública—, ya que el retraso podía coincidir con un eventual retorno de Ayala al expediente.
Te puede interesar: Asesinato de Fernando Villavicencio: Judicatura suspendió a jueza del caso; este es el motivo
La ratificación de la sanción disipó ese riesgo inmediato, pero el futuro de Ayala en la Función Judicial continúa en evaluación. Tras la decisión en la audiencia de formulación de cargos del 3 de septiembre, el ministro del Interior, John Reimberg, la denunció ante la Corte de Pichincha por presuntas infracciones de dolo, negligencia manifiesta y error inexcusable.
El caso está en manos de un Tribunal conformado por Marco Navarrete, quien actúa como ponente, y los jueces Narcisa Pacheco e Inés Romero. Ellos deberán analizar la declaratoria previa por error inexcusable o negligencia manifiesta, un paso exigido antes de decidir una eventual destitución.
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El Consejo de la Judicatura mantuvo en firme la sanción sobre la jueza del caso Villavicencio
El Pleno del CJ revisó el recurso de apelación presentado por Ayala el 12 de diciembre de 2025, último día de su suspensión provisional. La jueza había sido separada temporalmente del cargo desde el 12 de septiembre, por un período inicial de 90 días, mientras avanzaba un sumario administrativo. Posteriormente, el 8 de diciembre, el Director de la Judicatura dispuso una sanción definitiva de 30 días sin sueldo.
Ayala apeló esa resolución y el organismo trató el caso de manera unánime. Con la ratificación, su inhabilitación continuará al menos hasta el 8 de enero de 2026.
Su papel en el expediente y los incidentes previos
Ayala pertenece a la Unidad Judicial Penal de Iñaquito, al norte de Quito, y fue asignada al caso Magnicidio FV, donde la Fiscalía investiga a los autores intelectuales del asesinato de Villavicencio.
El 3 de septiembre de 2025 estuvo al frente de la audiencia de formulación de cargos para José Serrano, Xavier Jordán, Daniel Salcedo y Ronny Aleaga, y en esa diligencia negó el pedido de prisión preventiva contra Serrano y Jordán.
Durante el proceso mantuvo varios roces con Ana Hidalgo, fiscal del caso, a quien llegó a decir que “la Fiscalía no puede ser el brazo ejecutor del político de turno”. Esa declaración motivó una denuncia presentada por el exfiscal General Wilson Toainga ante la Judicatura.
La defensa de las hijas de Villavicencio también manifestó inquietudes. Su abogado, Patricio Rosero, cuestionó que la audiencia de vinculación se difiriera el 12 de diciembre —debido a que Gordo Luis pidió tiempo para contratar un abogado privado tras rechazar a la defensa pública—, ya que el retraso podía coincidir con un eventual retorno de Ayala al expediente.
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Posible destitución y amenazas a jueces
La ratificación de la sanción disipó ese riesgo inmediato, pero el futuro de Ayala en la Función Judicial continúa en evaluación. Tras la decisión en la audiencia de formulación de cargos del 3 de septiembre, el ministro del Interior, John Reimberg, la denunció ante la Corte de Pichincha por presuntas infracciones de dolo, negligencia manifiesta y error inexcusable.
El caso está en manos de un Tribunal conformado por Marco Navarrete, quien actúa como ponente, y los jueces Narcisa Pacheco e Inés Romero. Ellos deberán analizar la declaratoria previa por error inexcusable o negligencia manifiesta, un paso exigido antes de decidir una eventual destitución.
- Información extra: Caso Villavicencio
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