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Orlando Silva
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Los magistrados de la Unidad Judicial Especializada en Corrupción y Crimen Organizado hicieron público un documento dirigido el 22 de diciembre de 2025 al Consejo de la Judicatura en el que exponen las condiciones en las que desempeñan su labor. En el documento advierten sobre carencias estructurales, ausencia de protección y una carga procesal que consideran insostenible, factores que —según señalan— comprometen el ejercicio independiente de la función judicial y la lucha contra el crimen organizado.
El pronunciamiento se conoció en medio de la controversia generada por las denuncias del juez Carlos Serrano Lucero, quien dejó de despachar tras quedarse sin resguardo policial pese a haber reportado amenazas en el marco de procesos de alto riesgo.
En el escrito, los jueces detallan que el sistema creado para enfrentar redes criminales y delitos complejos opera con limitaciones graves. Señalan que la cantidad de causas asignadas supera ampliamente la capacidad operativa de los tribunales y que, pese a los pedidos reiterados, no se ha fortalecido el personal de apoyo ni se han asignado recursos adicionales.
“La carga procesal es excesiva y desproporcionada”, advierten, al tiempo que cuestionan que la falta de respuestas por parte del Consejo de la Judicatura haya normalizado un escenario de precariedad institucional.
Uno de los puntos centrales del reclamo se refiere a la seguridad personal de los jueces. Los magistrados recuerdan que, por la naturaleza de los casos que conocen, están expuestos a amenazas directas y represalias. En ese contexto, subrayan que el riesgo no es eventual, sino permanente, y que la ausencia de esquemas de protección adecuados incrementa la posibilidad de presiones indebidas.
El documento menciona que la falta de resguardo no solo afecta a los jueces, sino que debilita la independencia judicial y expone al sistema a interferencias externas.
Las advertencias coinciden con lo ocurrido al juez Carlos Serrano, integrante del Tribunal de Garantías Penales Anticorrupción. El magistrado denunció que el 3 de diciembre de 2025 que le retiraron la protección policial, pese a que existían amenazas en su contra.
Días antes, el 6 de noviembre, un coche bomba fue detectado en los exteriores de la unidad judicial. Posteriormente, el 20 de noviembre, durante una audiencia del caso Euro2024, el procesado serbio Jezdimir Srdan realizó un gesto de degüello desde el centro de privación de libertad, hecho que quedó registrado en un informe policial de inteligencia.
Serrano presentó su renuncia el 4 de diciembre y anunció que dejaría de despachar desde el día 17 del mismo mes. En su comunicación sostuvo que continuar trabajando sin protección vulneraba su derecho a la vida y al ejercicio independiente de sus funciones, y recordó que la Corte Constitucional ha establecido la obligación del Estado de garantizar la seguridad de los jueces que conocen causas de criminalidad organizada.
En su pronunciamiento colectivo, los jueces insisten en que la falta de atención a sus pedidos envía un mensaje de desprotección institucional. Señalan que no se trata solo de un problema individual, sino de un riesgo estructural para el sistema de justicia.
Además de seguridad, reclaman refuerzos humanos, infraestructura adecuada y herramientas tecnológicas que permitan enfrentar procesos complejos, con múltiples procesados y audiencias prolongadas. También advierten que trabajan con jornadas extendidas, fines de semana y bajo presión constante para evitar la caducidad de la prisión preventiva.
Mientras el Consejo de la Judicatura ha sostenido que la seguridad corresponde al Ministerio del Interior, los magistrados recuerdan que la Corte Constitucional ha señalado que el órgano administrativo de la Función Judicial tiene la responsabilidad de adoptar medidas que eviten intimidaciones o interferencias en el ejercicio jurisdiccional.
“El volumen y la complejidad de los casos no son comparables con otras materias. Aquí se tramitan macroprocesos, con presión mediática, amenazas directas y jornadas que se extienden hasta la madrugada. No son condiciones dignas de trabajo”, concluye el documento.
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Jueces anticorrupción hablan de un sistema especializado bajo presión
El pronunciamiento se conoció en medio de la controversia generada por las denuncias del juez Carlos Serrano Lucero, quien dejó de despachar tras quedarse sin resguardo policial pese a haber reportado amenazas en el marco de procesos de alto riesgo.
En el escrito, los jueces detallan que el sistema creado para enfrentar redes criminales y delitos complejos opera con limitaciones graves. Señalan que la cantidad de causas asignadas supera ampliamente la capacidad operativa de los tribunales y que, pese a los pedidos reiterados, no se ha fortalecido el personal de apoyo ni se han asignado recursos adicionales.
“La carga procesal es excesiva y desproporcionada”, advierten, al tiempo que cuestionan que la falta de respuestas por parte del Consejo de la Judicatura haya normalizado un escenario de precariedad institucional.
Riesgos sin protección efectiva
Uno de los puntos centrales del reclamo se refiere a la seguridad personal de los jueces. Los magistrados recuerdan que, por la naturaleza de los casos que conocen, están expuestos a amenazas directas y represalias. En ese contexto, subrayan que el riesgo no es eventual, sino permanente, y que la ausencia de esquemas de protección adecuados incrementa la posibilidad de presiones indebidas.
El documento menciona que la falta de resguardo no solo afecta a los jueces, sino que debilita la independencia judicial y expone al sistema a interferencias externas.
El antecedente del juez Carlos Serrano
Las advertencias coinciden con lo ocurrido al juez Carlos Serrano, integrante del Tribunal de Garantías Penales Anticorrupción. El magistrado denunció que el 3 de diciembre de 2025 que le retiraron la protección policial, pese a que existían amenazas en su contra.
Días antes, el 6 de noviembre, un coche bomba fue detectado en los exteriores de la unidad judicial. Posteriormente, el 20 de noviembre, durante una audiencia del caso Euro2024, el procesado serbio Jezdimir Srdan realizó un gesto de degüello desde el centro de privación de libertad, hecho que quedó registrado en un informe policial de inteligencia.
Serrano presentó su renuncia el 4 de diciembre y anunció que dejaría de despachar desde el día 17 del mismo mes. En su comunicación sostuvo que continuar trabajando sin protección vulneraba su derecho a la vida y al ejercicio independiente de sus funciones, y recordó que la Corte Constitucional ha establecido la obligación del Estado de garantizar la seguridad de los jueces que conocen causas de criminalidad organizada.
El llamado y pedido de los jueces
En su pronunciamiento colectivo, los jueces insisten en que la falta de atención a sus pedidos envía un mensaje de desprotección institucional. Señalan que no se trata solo de un problema individual, sino de un riesgo estructural para el sistema de justicia.
Además de seguridad, reclaman refuerzos humanos, infraestructura adecuada y herramientas tecnológicas que permitan enfrentar procesos complejos, con múltiples procesados y audiencias prolongadas. También advierten que trabajan con jornadas extendidas, fines de semana y bajo presión constante para evitar la caducidad de la prisión preventiva.
| #ComunicadoOficial
Sobre los hechos de conocimiento público, los vocales del @CJudicaturaEc expresan a la opinión pública.pic.twitter.com/wLP2JeLq59
— Consejo de la Judicatura (@CJudicaturaEc) December 22, 2025
Mientras el Consejo de la Judicatura ha sostenido que la seguridad corresponde al Ministerio del Interior, los magistrados recuerdan que la Corte Constitucional ha señalado que el órgano administrativo de la Función Judicial tiene la responsabilidad de adoptar medidas que eviten intimidaciones o interferencias en el ejercicio jurisdiccional.
“El volumen y la complejidad de los casos no son comparables con otras materias. Aquí se tramitan macroprocesos, con presión mediática, amenazas directas y jornadas que se extienden hasta la madrugada. No son condiciones dignas de trabajo”, concluye el documento.
- Información extra: Anticorrupción
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