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Ignacio Ortiz Salas
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El diputado del Partido Pueblo Soberano (PPSO), José Miguel Villalobos, volvió a apartarse de la línea oficialista al cuestionar la viabilidad jurídica y operativa del proyecto 25.311 que pretende que el Estado cubra los gastos legales de funcionarios policiales acusados penalmente por actos en el ejercicio del cargo.
La propuesta, presentada por la administración Chaves Robles, busca incorporar un nuevo derecho en la Ley General de Policía, para que el Estado suscriba una póliza que cubra la defensa legal y la eventual responsabilidad civil de policías que enfrenten procesos penales por actuaciones vinculadas con sus funciones policiales.
Villalobos ya se había separado de la posición de su bancada en los casos de aumento de penas y la creación de una policía especial en Recope, planteada para combatir el robo de combustible.
Durante la sesión, su compañera de bancada Kattia Calvo defendió la iniciativa y afirmó que se trata de una deuda histórica con los cuerpos policiales. Calvo indicó: “Es una deuda de treinta y dos años que tenemos con las fuerzas policiales, a quienes lamentablemente no nos alcanza el salario para asumir las defensas legales en materia penal que son bastante altos los costos y a las que nos vemos enfrentadas todos los días”.
La legisladora sostuvo que el texto fue corregido en subcomisión para precisar que la cobertura se limitaría a funcionarios que realicen funciones operativas y que hayan actuado conforme a protocolos institucionales.
Villalobos manifestó estar a favor totalmente de la idea, “pero en contra de la propuesta como está. Aquí sí que tiene errores terribles y creo que esos errores hacen imposible que funcione”.
Entre sus principales observaciones, señaló que el proyecto establece que la cobertura operará cuando los funcionarios resulten “acusados penalmente”, cuando técnicamente debería referirse a personas “imputadas”, pues la defensa legal es necesaria desde las etapas iniciales de investigación.
Además, cuestionó que la iniciativa obvia otros procesos judiciales que podrían enfrentar los funcionarios, como demandas civiles o contencioso-administrativas. Villalobos también advirtió que el texto no fija montos máximos de cobertura, ni permite estimar el impacto económico que tendría para el Estado.
Otro de los cuestionamientos se centró en las condiciones establecidas para activar el beneficio. Según el proyecto, la cobertura procedería únicamente cuando el funcionario haya actuado conforme a protocolos institucionales y respetando principios de legalidad, razonabilidad, proporcionalidad y derechos humanos. Para Villalobos, esos criterios son difíciles de verificar precisamente en la etapa en que la persona requiere asistencia legal.
“¿Cómo explica que ese disparo fue razonable, proporcional y con respeto a los derechos humanos si casualmente apenas va para juicio, apenas está investigándose?”, preguntó.
Servicios Técnicos también duda
Las observaciones del diputado coinciden parcialmente con un informe del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa sobre el texto base.
El análisis jurídico advirtió un problema de técnica legislativa debido a que la propuesta pretende adicionar un inciso i) a un artículo que ya contiene un inciso con esa numeración, lo que podría eliminar inadvertidamente un derecho vigente relacionado con el reconocimiento salarial por capacitación.
Asimismo, el informe señaló que la redacción actual podría extender el beneficio a todos los cuerpos policiales regulados por la Ley General de Policía, pese a que no todos enfrentan los mismos niveles de riesgo penal o realizan funciones operativas similares, e inclusive se encuentran adscritos a otros ministerios.
Servicios Técnicos indicó que esta amplitud genera dudas de razonabilidad y proporcionalidad, especialmente porque la cobertura podría alcanzar a más de 13.000 funcionarios policiales sin que exista una justificación diferenciada según el nivel de riesgo de cada cuerpo policial. También recordó que la Contraloría General de la República (CGR) y la Procuraduría General de la República (PGR) han sostenido que los recursos públicos no pueden utilizarse para cubrir responsabilidades personales de funcionarios públicos.
El informe también cuestionó que el proyecto no identifique una fuente de financiamiento ni incorpore estudios técnicos o actuariales que permitan calcular el costo de la póliza y su impacto sobre las finanzas públicas.
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