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Lucía Vásconez
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La contratación pública en Ecuador se mantiene como un pilar de la economía nacional, pero también como un espacio vulnerable frente al lavado de activos.
La contratación pública en Ecuador es la forma en que el Estado compra bienes, servicios y realiza obras. Este proceso lo maneja el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) para asegurar que se usen bien los recursos y haya transparencia.
Los procesos incluyen licitación, cotización, subasta inversa electrónica y compras por catálogo. Para participar, los proveedores deben estar registrados en el sistema estatal.
En 2025, este sistema movió 7 332 millones de dólares en sectores como obras, servicios y medicamentos, entre otros. Desde 2008, cuando entró en vigencia el Sistema de Contratación Pública, se han movido más de 120 000 millones de dólares.
El abogado Pablo Dávila, experto en contratación pública, advierte que el volumen de recursos que maneja el Estado convierte a este sector en un foco de riesgo. “Se trata de una materia macroeconómica que gestiona cerca de la cuarta parte del Presupuesto General del Estado”, explicó este miércoles 25 de marzo de 2026.
Por su parte, José Julio Neira, secretario de Integridad Pública, reconoció en una entrevista radial que, la contratación pública es la segunda forma más común de lavar activos en Ecuador.
“Participan como proveedores del Estado, obtienen un contrato con el gobierno y utilizan los fondos de la compra pública. Sin embargo, todos sus servicios y la adquisición de insumos se realizan en efectivo, con dinero ilícito, mecanismo mediante el cual se lava dinero en la contratación pública”, explicó Neira.
Dávila explicó que el lavado de activos en la contratación pública no busca generar ganancias, sino legitimar dinero ilícito. Según detalla, las organizaciones delictivas participan en procesos como subastas o licitaciones con el objetivo de obtener contratos que les permitan justificar recursos de origen ilegal.
En estos casos, pueden ofertar sin priorizar rentabilidad, ya que el interés no es económico, sino “blanquear” capitales. Además, el sistema actual no tiene capacidad para verificar si una empresa es legítima o está vinculada a actividades ilícitas, lo que facilita que estos actores se filtren en los procesos y utilicen los contratos como mecanismo para dar apariencia legal a su dinero, dijo.
El sistema de compras públicas adjudica contratos en función de criterios técnicos y económicos. Sin embargo, no tiene herramientas para identificar el origen de los fondos de los oferentes.
“El sistema no puede discernir si un proveedor está vinculado a actividades ilícitas”, recalca Dávila. Esta limitación se mantiene en distintos mecanismos, como subastas inversas, licitaciones o concursos de consultoría.
El Sercop, al ser consultado por el tema, ratificó que el sistema de compras públicas se rige por principios de transparencia, integridad y legalidad, de cumplimiento obligatorio. En ese marco, ejecuta inspecciones a nivel nacional al Catálogo Electrónico para verificar el apego a la normativa y fortalecer los mecanismos de control.
Además, recordó el exhorto a las entidades públicas, especialmente a los GAD, a mejorar la planificación de sus procesos de contratación. La entidad identificó inconsistencias recurrentes, sobre todo en contrataciones vinculadas a festividades, y recordó la obligación de usar el portal de Compras Públicas, así como de sustentar técnicamente cada proceso, garantizar coherencia documental y asegurar transparencia en todas las etapas.
El presidente Daniel Noboa emitió el Decreto Ejecutivo 328, que incorpora al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en ciertos procesos de contratación pública, el pasado 12 de marzo del 2026.
El CNI deberá emitir alertas de riesgo sobre personas o empresas, especialmente en contratos del régimen especial y con información reservada de la Función Ejecutiva.
Las entidades deberán enviar información completa de los participantes, incluidos beneficiarios finales, antes de adjudicar contratos.
Dávila considera que el decreto es positivo, aunque su alcance es parcial, ya que se limita a la Función Ejecutiva. Podría servir como base para futuras reformas más amplias, señaló.
Asimismo, el experto plantea fortalecer la prevención con tecnología, datos abiertos e inteligencia artificial. También pide mayor coordinación entre Sercop, Contraloría, Fiscalía y Policía, para evitar casos de lavado de activos.
Finalmente, advierte que la ley actual está desactualizada. Ecuador necesita una reforma integral que fortalezca la transparencia y reduzca los riesgos en el sistema.
Información externa: Sercop
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¿Qué es la contratación pública?
La contratación pública en Ecuador es la forma en que el Estado compra bienes, servicios y realiza obras. Este proceso lo maneja el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) para asegurar que se usen bien los recursos y haya transparencia.
Los procesos incluyen licitación, cotización, subasta inversa electrónica y compras por catálogo. Para participar, los proveedores deben estar registrados en el sistema estatal.
Contratación pública y el lavado de activos
En 2025, este sistema movió 7 332 millones de dólares en sectores como obras, servicios y medicamentos, entre otros. Desde 2008, cuando entró en vigencia el Sistema de Contratación Pública, se han movido más de 120 000 millones de dólares.
El abogado Pablo Dávila, experto en contratación pública, advierte que el volumen de recursos que maneja el Estado convierte a este sector en un foco de riesgo. “Se trata de una materia macroeconómica que gestiona cerca de la cuarta parte del Presupuesto General del Estado”, explicó este miércoles 25 de marzo de 2026.
Por su parte, José Julio Neira, secretario de Integridad Pública, reconoció en una entrevista radial que, la contratación pública es la segunda forma más común de lavar activos en Ecuador.
“Participan como proveedores del Estado, obtienen un contrato con el gobierno y utilizan los fondos de la compra pública. Sin embargo, todos sus servicios y la adquisición de insumos se realizan en efectivo, con dinero ilícito, mecanismo mediante el cual se lava dinero en la contratación pública”, explicó Neira.
Cómo operan los esquemas de lavado en la contratación pública
Dávila explicó que el lavado de activos en la contratación pública no busca generar ganancias, sino legitimar dinero ilícito. Según detalla, las organizaciones delictivas participan en procesos como subastas o licitaciones con el objetivo de obtener contratos que les permitan justificar recursos de origen ilegal.
En estos casos, pueden ofertar sin priorizar rentabilidad, ya que el interés no es económico, sino “blanquear” capitales. Además, el sistema actual no tiene capacidad para verificar si una empresa es legítima o está vinculada a actividades ilícitas, lo que facilita que estos actores se filtren en los procesos y utilicen los contratos como mecanismo para dar apariencia legal a su dinero, dijo.
Limitaciones del sistema actual
El sistema de compras públicas adjudica contratos en función de criterios técnicos y económicos. Sin embargo, no tiene herramientas para identificar el origen de los fondos de los oferentes.
“El sistema no puede discernir si un proveedor está vinculado a actividades ilícitas”, recalca Dávila. Esta limitación se mantiene en distintos mecanismos, como subastas inversas, licitaciones o concursos de consultoría.
Sercop refuerza controles en la contratación pública
El Sercop, al ser consultado por el tema, ratificó que el sistema de compras públicas se rige por principios de transparencia, integridad y legalidad, de cumplimiento obligatorio. En ese marco, ejecuta inspecciones a nivel nacional al Catálogo Electrónico para verificar el apego a la normativa y fortalecer los mecanismos de control.
Además, recordó el exhorto a las entidades públicas, especialmente a los GAD, a mejorar la planificación de sus procesos de contratación. La entidad identificó inconsistencias recurrentes, sobre todo en contrataciones vinculadas a festividades, y recordó la obligación de usar el portal de Compras Públicas, así como de sustentar técnicamente cada proceso, garantizar coherencia documental y asegurar transparencia en todas las etapas.
Decreto 328: nuevo control estatal
El presidente Daniel Noboa emitió el Decreto Ejecutivo 328, que incorpora al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en ciertos procesos de contratación pública, el pasado 12 de marzo del 2026.
El CNI deberá emitir alertas de riesgo sobre personas o empresas, especialmente en contratos del régimen especial y con información reservada de la Función Ejecutiva.
Las entidades deberán enviar información completa de los participantes, incluidos beneficiarios finales, antes de adjudicar contratos.
Un avance, pero limitado
Dávila considera que el decreto es positivo, aunque su alcance es parcial, ya que se limita a la Función Ejecutiva. Podría servir como base para futuras reformas más amplias, señaló.
La clave: prevención y reforma
Asimismo, el experto plantea fortalecer la prevención con tecnología, datos abiertos e inteligencia artificial. También pide mayor coordinación entre Sercop, Contraloría, Fiscalía y Policía, para evitar casos de lavado de activos.
Finalmente, advierte que la ley actual está desactualizada. Ecuador necesita una reforma integral que fortalezca la transparencia y reduzca los riesgos en el sistema.
Información externa: Sercop
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