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Gabriela Quiroz
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A las 19:00, cuando todavía hay movimiento en varios sectores de Quito, cada vez más propietarios de locales comerciales optan por cerrar. No es por falta de clientes. Es por miedo. El asesinato de un guardia de seguridad privada durante un asalto en la calle Irlanda, en pleno hipercentro financiero de Iñaquito, a inicios de este 2026, volvió a poner en evidencia una realidad que comerciantes y vecinos conocen desde hace tiempo: la inseguridad no distingue zonas, horarios ni giros comerciales.
Mientras en el norte los robos se ejecutan con ataques rápidos y violentos, en el sur la amenaza suele llegar antes, en forma de extorsión. En medio de una ciudad atravesada por el miedo, hay sectores que han decidido no esperar únicamente la respuesta estatal y se organizan para resistir.
Al cierre de 2025, la inseguridad se consolidó como el principal problema urbano percibido por los habitantes de Quito. Las encuestas de Quito Cómo Vamos muestran que desplazó a preocupaciones históricas: desempleo y movilidad. Hoy se mantiene como la mayor inquietud ciudadana.
Registros de la Policía, procesados por la Dinased y el Observatorio Metropolitano de Seguridad, señalan que la administración zonal Eugenio Espejo concentra una de las mayores incidencias de delitos contra la propiedad, especialmente en sectores con alta actividad comercial y nocturna como Iñaquito, La Mariscal y el eje de la av. República de El Salvador. Allí, la combinación de flujos de caja concentrados y horarios de cierre convirtió a bares, restaurantes y cafeterías en blancos de robos rápidos y violentos.
En el sur de la ciudad, en cambio, la inseguridad se expresa de otra forma: extorsiones sistemáticas que muchas veces no se denuncian. El resultado es una ciudad atravesada por el miedo, pero con respuestas barriales muy distintas frente a un mismo problema estructural.
En la González Suárez, la seguridad no depende únicamente de la presencia policial. A cualquier hora del día, motos recorren el barrio siguiendo rutas definidas por los propios vecinos. No es un operativo ocasional ni una reacción a una alerta puntual: es un sistema permanente de vigilancia comunitaria.
“En realidad en el barrio estamos organizados más de nueve años”, explica María Luisa Cordero, líder del Comité Pro-Mejoras de la González Suárez. La estructura actual de seguridad, sin embargo, se consolidó hace casi dos años, después de una seguidilla de asaltos a transeúntes, robos de vehículos y accesorios. “Vimos la necesidad porque la Policía no se daba abasto y no nos ayudaba”, dice.
El sector contaba con un chat de emergencia con la UPC, pero —según relata— las respuestas no llegaban a tiempo. “No les proveen de motos, de autos. Entonces nos vimos un poco desamparados”. La decisión fue contratar una empresa de seguridad privada con motorizados, siguiendo modelos aplicados en otros barrios del norte. Hoy, tres motos cubren un circuito que incluye más de 180 edificios, más de 100 negocios y unas 60 casas, donde viven alrededor de 6.500 personas.
La organización va más allá del patrullaje. Existen chats diferenciados para vecinos, comercios, motorizados y cuidadores de autos. “Yo soy la central de monitoreo”, dice Cordero. La reacción ante una alerta es inmediata y muchas veces basta la presencia para disuadir. “Es increíble cómo ha bajado la delincuencia”, asegura, al estimar una reducción superior al 50% de los eventos delictivos.
Un esquema similar se consolidó en la Granda Centeno. Allí, la organización barrial se activó desde 2019, cuando aumentaron los robos y la convivencia se deterioró. Aunque existía una UPC, permanecía cerrada. La respuesta fue salir a las calles: marchas semanales con antorchas, presión mediática y exigencia directa a las autoridades hasta lograr la reapertura.
Con el tiempo, el Comité Pro Mejoras formalizó su estructura, creó chats por cuadras y un canal exclusivo de emergencia con la Policía, con reglas estrictas de uso. Comerciantes y vecinos se integraron como aliados estratégicos, aportando cámaras, iluminación y vigilancia constante. La clave, según la directiva, ha sido la comunicación disciplinada, los registros periódicos de incidencias y la toma de decisiones basada en datos del propio barrio.
En el sur de Quito, la inseguridad adopta otro rostro. En barrios como Solanda, Nueva Aurora o Guamaní, los delitos contra locales comerciales no siempre se reflejan en las estadísticas de robos. La extorsión sistemática, conocida como “vacunas”, tiene altos niveles de subregistro porque muchos comerciantes optan por no denunciar por temor a represalias.
Rosario López, dirigente del Comité Central Pro Mejoras de Solanda, describe un barrio que ha cambiado “notoriamente” por el aumento de robos, microtráfico, extorsiones y asesinatos frecuentes. Aunque la organización barrial existe y mantiene una relación activa con la Policía local —con operativos, ferias de seguridad y recuperación de espacios— el miedo limita la participación comunitaria. “Los vecinos tienen miedo de acudir a las reuniones y de denunciar”, señala.
A diferencia de los barrios del centro-norte, donde la autogestión se sostiene con recursos propios y liderazgo consolidado, en Solanda el tejido social se ha visto afectado por la falta de apoyo estatal sostenido, la politización de los liderazgos y la presión de estructuras delictivas organizadas. La exigencia de más policías, cámaras, iluminación y operativos constantes sigue vigente, pero los resultados son frágiles y desiguales.
El contraste revela una ciudad partida en dos realidades: barrios donde la organización logra contener el miedo y otros donde la inseguridad sigue marcando el ritmo de la vida cotidiana. Entender por qué ocurre esta diferencia es clave para dimensionar hasta dónde puede llegar la acción comunitaria frente a un problema estructural.
La violencia que sacudió a la calle Irlanda, con el asesinato de un guardia de seguridad durante un asalto a un local comercial, volvió a poner bajo la lupa una modalidad que se repite en distintos puntos de Quito: ataques ejecutados en cuestión de minutos, con motocicletas como principal herramienta.
Según la Policía Nacional y la Secretaría de Seguridad del Municipio, las motos permiten a los delincuentes actuar con rapidez y huir por vías secundarias, lo que dificulta la respuesta policial. Esta modalidad predomina en zonas comerciales de alta afluencia, donde los horarios de apertura y cierre concentran dinero y movimiento de personas.
A esta dinámica se suma el uso de mochilas y maletas de empresas de entrega a domicilio como mecanismo de camuflaje. La Policía ha identificado que estos elementos se utilizan tanto para portar armas como para realizar labores de observación previa, especialmente en sectores como Iñaquito y Cumbayá, donde los locales cuentan con áreas de espera para repartidores.
En paralelo, el robo mediante “estruche” —la vulneración de seguridades físicas sin presencia de personas— sigue siendo uno de los delitos con mayor impacto patrimonial para los comercios. Datos del ECU 911 indican que, aunque los viernes concentran más robos en general, los asaltos a unidades económicas se registran con mayor frecuencia en las mañanas, entre las 06:00 y las 11:59, cuando los locales abren y reciben mercadería.
La inseguridad no solo se mide en denuncias o patrullajes, sino en decisiones cotidianas que transforman la vida urbana. En Quito, uno de los efectos más visibles ha sido la reducción de horarios comerciales. Establecimientos que antes atendían hasta las 22:00 o 23:00 ahora cierran entre las 19:00 y las 20:00, para reducir riesgos para empleados y clientes.
El impacto económico es directo. Según la Encuesta Mensual de Opinión Empresarial del Banco Central del Ecuador, cerca del 42% de las empresas afectadas por la inseguridad pertenecen al sector comercial. En promedio, los negocios destinan entre el 2,7% y el 3% de sus ingresos a seguridad privada, sistemas electrónicos y adecuaciones físicas, un gasto que en pequeños locales compromete seriamente la rentabilidad.
Pero el costo no es solo económico. Barrios que antes tenían vida nocturna hoy se vacían temprano; las calles pierden tránsito, los vecinos se encierran y el miedo termina reorganizando la ciudad. En ese contexto, la experiencia de los barrios que han logrado sostener actividad y cohesión social muestra que la inseguridad no afecta a todos por igual, pero sí pone a prueba los límites de lo que la organización comunitaria puede hacer cuando el problema supera al territorio.
La Policía Nacional reconoce brechas operativas, especialmente en cobertura territorial y recursos, lo que explica la dificultad para atender con rapidez todas las alertas ciudadanas. En sectores del sur, como Quitumbe, la Fiscalía ha confirmado la presencia de estructuras criminales vinculadas a organizaciones de alcance nacional, lo que eleva el riesgo para comerciantes y vecinos.
El Municipio de Quito, por su parte, sostiene que su rol es complementario. La Secretaría de Seguridad enfatiza que la protección directa y las estadísticas oficiales son competencia del Gobierno Nacional. Desde el ámbito municipal, las acciones se concentran en orden, prevención y control del espacio público, con operativos focalizados y fortalecimiento de la organización barrial.
Sin embargo, la propia Secretaría admite que la falta de una estrategia nacional articulada limita los resultados locales. Sin inteligencia e investigación lideradas desde el nivel central, los esfuerzos territoriales resultan insuficientes frente a delitos de alto impacto como el robo armado y la extorsión.
La experiencia de barrios como la González Suárez y la Granda Centeno demuestra que la organización comunitaria puede reducir delitos, recuperar espacios y devolver confianza a la vida cotidiana. Comunicación constante, liderazgo sostenido y recursos propios han marcado la diferencia frente al miedo.
Pero el contraste con sectores como Solanda evidencia también los límites de la autogestión. Cuando la inseguridad se vuelve estructural, organizada y violenta, ningún barrio puede enfrentarla solo. La seguridad barrial mitiga, contiene y disuade; no reemplaza al Estado.
Quito hoy se mueve entre esos dos extremos: comunidades que resisten y otras que sobreviven. La pregunta que queda abierta no es si la organización funciona, sino cuánto tiempo puede sostenerse sin una respuesta pública que esté a la altura del problema que ya define la ciudad.
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Mientras en el norte los robos se ejecutan con ataques rápidos y violentos, en el sur la amenaza suele llegar antes, en forma de extorsión. En medio de una ciudad atravesada por el miedo, hay sectores que han decidido no esperar únicamente la respuesta estatal y se organizan para resistir.
Por qué la inseguridad en Quito se volvió conversación diaria
Al cierre de 2025, la inseguridad se consolidó como el principal problema urbano percibido por los habitantes de Quito. Las encuestas de Quito Cómo Vamos muestran que desplazó a preocupaciones históricas: desempleo y movilidad. Hoy se mantiene como la mayor inquietud ciudadana.
Registros de la Policía, procesados por la Dinased y el Observatorio Metropolitano de Seguridad, señalan que la administración zonal Eugenio Espejo concentra una de las mayores incidencias de delitos contra la propiedad, especialmente en sectores con alta actividad comercial y nocturna como Iñaquito, La Mariscal y el eje de la av. República de El Salvador. Allí, la combinación de flujos de caja concentrados y horarios de cierre convirtió a bares, restaurantes y cafeterías en blancos de robos rápidos y violentos.
En el sur de la ciudad, en cambio, la inseguridad se expresa de otra forma: extorsiones sistemáticas que muchas veces no se denuncian. El resultado es una ciudad atravesada por el miedo, pero con respuestas barriales muy distintas frente a un mismo problema estructural.
Barrios que resisten: González Suárez y Granda Centeno
En la González Suárez, la seguridad no depende únicamente de la presencia policial. A cualquier hora del día, motos recorren el barrio siguiendo rutas definidas por los propios vecinos. No es un operativo ocasional ni una reacción a una alerta puntual: es un sistema permanente de vigilancia comunitaria.
“En realidad en el barrio estamos organizados más de nueve años”, explica María Luisa Cordero, líder del Comité Pro-Mejoras de la González Suárez. La estructura actual de seguridad, sin embargo, se consolidó hace casi dos años, después de una seguidilla de asaltos a transeúntes, robos de vehículos y accesorios. “Vimos la necesidad porque la Policía no se daba abasto y no nos ayudaba”, dice.
El sector contaba con un chat de emergencia con la UPC, pero —según relata— las respuestas no llegaban a tiempo. “No les proveen de motos, de autos. Entonces nos vimos un poco desamparados”. La decisión fue contratar una empresa de seguridad privada con motorizados, siguiendo modelos aplicados en otros barrios del norte. Hoy, tres motos cubren un circuito que incluye más de 180 edificios, más de 100 negocios y unas 60 casas, donde viven alrededor de 6.500 personas.
La organización va más allá del patrullaje. Existen chats diferenciados para vecinos, comercios, motorizados y cuidadores de autos. “Yo soy la central de monitoreo”, dice Cordero. La reacción ante una alerta es inmediata y muchas veces basta la presencia para disuadir. “Es increíble cómo ha bajado la delincuencia”, asegura, al estimar una reducción superior al 50% de los eventos delictivos.
Un esquema similar se consolidó en la Granda Centeno. Allí, la organización barrial se activó desde 2019, cuando aumentaron los robos y la convivencia se deterioró. Aunque existía una UPC, permanecía cerrada. La respuesta fue salir a las calles: marchas semanales con antorchas, presión mediática y exigencia directa a las autoridades hasta lograr la reapertura.
Con el tiempo, el Comité Pro Mejoras formalizó su estructura, creó chats por cuadras y un canal exclusivo de emergencia con la Policía, con reglas estrictas de uso. Comerciantes y vecinos se integraron como aliados estratégicos, aportando cámaras, iluminación y vigilancia constante. La clave, según la directiva, ha sido la comunicación disciplinada, los registros periódicos de incidencias y la toma de decisiones basada en datos del propio barrio.
El contraste: Solanda y el sur, entre la organización y el miedo
En el sur de Quito, la inseguridad adopta otro rostro. En barrios como Solanda, Nueva Aurora o Guamaní, los delitos contra locales comerciales no siempre se reflejan en las estadísticas de robos. La extorsión sistemática, conocida como “vacunas”, tiene altos niveles de subregistro porque muchos comerciantes optan por no denunciar por temor a represalias.
Rosario López, dirigente del Comité Central Pro Mejoras de Solanda, describe un barrio que ha cambiado “notoriamente” por el aumento de robos, microtráfico, extorsiones y asesinatos frecuentes. Aunque la organización barrial existe y mantiene una relación activa con la Policía local —con operativos, ferias de seguridad y recuperación de espacios— el miedo limita la participación comunitaria. “Los vecinos tienen miedo de acudir a las reuniones y de denunciar”, señala.
A diferencia de los barrios del centro-norte, donde la autogestión se sostiene con recursos propios y liderazgo consolidado, en Solanda el tejido social se ha visto afectado por la falta de apoyo estatal sostenido, la politización de los liderazgos y la presión de estructuras delictivas organizadas. La exigencia de más policías, cámaras, iluminación y operativos constantes sigue vigente, pero los resultados son frágiles y desiguales.
El contraste revela una ciudad partida en dos realidades: barrios donde la organización logra contener el miedo y otros donde la inseguridad sigue marcando el ritmo de la vida cotidiana. Entender por qué ocurre esta diferencia es clave para dimensionar hasta dónde puede llegar la acción comunitaria frente a un problema estructural.
Modalidades: Motos, camuflaje y robos en minutos
La violencia que sacudió a la calle Irlanda, con el asesinato de un guardia de seguridad durante un asalto a un local comercial, volvió a poner bajo la lupa una modalidad que se repite en distintos puntos de Quito: ataques ejecutados en cuestión de minutos, con motocicletas como principal herramienta.
Según la Policía Nacional y la Secretaría de Seguridad del Municipio, las motos permiten a los delincuentes actuar con rapidez y huir por vías secundarias, lo que dificulta la respuesta policial. Esta modalidad predomina en zonas comerciales de alta afluencia, donde los horarios de apertura y cierre concentran dinero y movimiento de personas.
A esta dinámica se suma el uso de mochilas y maletas de empresas de entrega a domicilio como mecanismo de camuflaje. La Policía ha identificado que estos elementos se utilizan tanto para portar armas como para realizar labores de observación previa, especialmente en sectores como Iñaquito y Cumbayá, donde los locales cuentan con áreas de espera para repartidores.
En paralelo, el robo mediante “estruche” —la vulneración de seguridades físicas sin presencia de personas— sigue siendo uno de los delitos con mayor impacto patrimonial para los comercios. Datos del ECU 911 indican que, aunque los viernes concentran más robos en general, los asaltos a unidades económicas se registran con mayor frecuencia en las mañanas, entre las 06:00 y las 11:59, cuando los locales abren y reciben mercadería.
Menos horas abiertas, más costos y barrios que se apagan
La inseguridad no solo se mide en denuncias o patrullajes, sino en decisiones cotidianas que transforman la vida urbana. En Quito, uno de los efectos más visibles ha sido la reducción de horarios comerciales. Establecimientos que antes atendían hasta las 22:00 o 23:00 ahora cierran entre las 19:00 y las 20:00, para reducir riesgos para empleados y clientes.
El impacto económico es directo. Según la Encuesta Mensual de Opinión Empresarial del Banco Central del Ecuador, cerca del 42% de las empresas afectadas por la inseguridad pertenecen al sector comercial. En promedio, los negocios destinan entre el 2,7% y el 3% de sus ingresos a seguridad privada, sistemas electrónicos y adecuaciones físicas, un gasto que en pequeños locales compromete seriamente la rentabilidad.
Pero el costo no es solo económico. Barrios que antes tenían vida nocturna hoy se vacían temprano; las calles pierden tránsito, los vecinos se encierran y el miedo termina reorganizando la ciudad. En ese contexto, la experiencia de los barrios que han logrado sostener actividad y cohesión social muestra que la inseguridad no afecta a todos por igual, pero sí pone a prueba los límites de lo que la organización comunitaria puede hacer cuando el problema supera al territorio.
Radiografía de la inseguridad en Quito
- Denuncias registradas en la Fiscalía por robos a unidades económicas en Pichincha:
- 2022: 1.627
- 2023: 1.447
- 2024: 1.149
Más del 90% de estos robos se concentran en el Distrito Metropolitano de Quito.
- El 42% de las empresas afectadas por la inseguridad pertenece al sector comercial. Los negocios destinan entre el 2,7% y el 3% de sus ingresos a seguridad privada, según la Encuesta Mensual de Opinión Empresarial, Banco Central del Ecuador (BCE).
- Los robos a locales comerciales presentan un pico en la mañana, entre las 06:00 y las 11:59, según el ECU 911 y la Policía Nacional
- En el sur de Quito, la extorsión presenta altos niveles de subregistro por miedo a denunciar.
Policía y Municipio frente a un problema mayor
La Policía Nacional reconoce brechas operativas, especialmente en cobertura territorial y recursos, lo que explica la dificultad para atender con rapidez todas las alertas ciudadanas. En sectores del sur, como Quitumbe, la Fiscalía ha confirmado la presencia de estructuras criminales vinculadas a organizaciones de alcance nacional, lo que eleva el riesgo para comerciantes y vecinos.
El Municipio de Quito, por su parte, sostiene que su rol es complementario. La Secretaría de Seguridad enfatiza que la protección directa y las estadísticas oficiales son competencia del Gobierno Nacional. Desde el ámbito municipal, las acciones se concentran en orden, prevención y control del espacio público, con operativos focalizados y fortalecimiento de la organización barrial.
Sin embargo, la propia Secretaría admite que la falta de una estrategia nacional articulada limita los resultados locales. Sin inteligencia e investigación lideradas desde el nivel central, los esfuerzos territoriales resultan insuficientes frente a delitos de alto impacto como el robo armado y la extorsión.
La organización que resiste, el problema que persiste
La experiencia de barrios como la González Suárez y la Granda Centeno demuestra que la organización comunitaria puede reducir delitos, recuperar espacios y devolver confianza a la vida cotidiana. Comunicación constante, liderazgo sostenido y recursos propios han marcado la diferencia frente al miedo.
Pero el contraste con sectores como Solanda evidencia también los límites de la autogestión. Cuando la inseguridad se vuelve estructural, organizada y violenta, ningún barrio puede enfrentarla solo. La seguridad barrial mitiga, contiene y disuade; no reemplaza al Estado.
Quito hoy se mueve entre esos dos extremos: comunidades que resisten y otras que sobreviven. La pregunta que queda abierta no es si la organización funciona, sino cuánto tiempo puede sostenerse sin una respuesta pública que esté a la altura del problema que ya define la ciudad.
- Enlace externo: Los tipos de robos más frecuentes
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