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Monserrat Cordero Parra
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Un informe de minoría elaborado por las diputadas Andrea Álvarez y Dinorah Barquero de Liberación Nacional (PLN), y Rocío Alfaro del Frente Amplio (FA), cuestiona la idoneidad en el cargo de la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Mónica Taylor.
“El examen parlamentario evidencia que su nombramiento no es idóneo y su titularidad fue más por la cercanía con el presidente de la República que por su reconocida experiencia y conocimientos en el campo correspondiente al quehacer de la CCSS”, se lee en el texto dado a conocer el pasado martes.
Taylor, quien funge como presidenta ejecutiva desde el 8 de enero del 2025, compareció ante la Comisión Investigadora de Presuntas Irregularidades en la CCSS el pasado 11 de febrero.
Para las legisladoras, esta audiencia reveló que la presidenta ejecutiva no posee formación académica en salud, administración de servicios de salud, gestión hospitalaria, salud pública o áreas afines de experiencia en el campo del quehacer de la entidad.
Tampoco cuenta con experiencia profesional previa dentro de la CCSS ni en instituciones del sector salud, salvo un cargo en el Consejo Nacional de Investigación en Salud (Conis) de naturaleza administrativa y presupuestaria, ajeno a la operación del seguro social.
El informe concluyó también que la actual presidenta ejecutiva de la CCSS no logró acreditar proyectos, responsabilidades, publicaciones o logros específicos relacionados con salud, ni demostró experiencia administrativa a nivel del sistema de salud, todo esto pese a la responsabilidad que implica el cargo de conducir una institución con más de 60.000 funcionarios, 29 hospitales, 188 áreas de salud y 1.589 Ebáis.
De acuerdo con el currículum disponible en la página web de la CCSS, Taylor posee una licenciatura en Derecho y notariado, una maestría en Derecho público y un diplomado en Derecho tributario.
Su experiencia laboral se ha desarrollado principalmente en el Ministerio de Hacienda. También se desempeñó como asesora del despacho del mandatario Rodrigo Chaves Robles, antes de su nombramiento en la institución.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), denunció desde junio anterior ante la Auditoría Interna de la Caja el posible nombramiento ilegal de Taylor en el cargo de presidenta ejecutiva.
De acuerdo con el sindicato, la Ley Constitutiva de la CCSS en su artículo 7, establece de manera expresa que no podrán formar parte de la Junta Directiva “los miembros o empleados de supremos poderes o empleados de la Caja Costarricense de Seguro Social”. El Ministerio de Hacienda forma parte del Poder Ejecutivo, el cual es uno de los supremos poderes de la República.
En su criterio, aunque Taylor se encuentra actualmente con permiso sin goce de salario, esta condición no elimina su vínculo como funcionaria del Poder Ejecutivo.
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