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Daniela Muñoz Solano
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El 2025 fue un mal año para las mujeres costarricenses y la institución encargada de protegerlas, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), no ayudó a cambiar esa realidad.
Por el contrario, su operación durante este año estuvo marcada por la pasividad ante la violencia, el despilfarro de recursos en programas que no rindieron resultados y el uso de la institución con fines políticos.
Y es que al cierre del año, de acuerdo con información del Observatorio de Género del Poder Judicial, 32 mujeres ha sido asesinadas por el hecho de ser mujeres —es decir, fueron víctimas de femicidio— y aún hay 28 casos de muertes violentas de mujeres en los cuales no se ha determinado si el género jugó un papel en las motivaciones del asesinato.
Así, lo más probable es que este año concluya con más de 40 víctimas de femicidio y se registre en los anales de la historia como el año más violento para las mujeres en la historia de Costa Rica.
Este aumento en la violencia femicida no es casual, pues desde que asumió el actual Gobierno, las estadísticas se han disparado al tiempo que crecen los reclamos por inacción de las instituciones encargadas de atender los temas de violencia, las denuncias de instrumentalización política de esas entidades y los cuestionamientos que evidencian un profundo desmantelamiento de la institucionalidad.
El 2025 deja en la historia del Instituto Nacional de las Mujeres la ejecución de un programa (Puntos Violeta) que ha costado a los contribuyentes al menos ₡535 millones y no ha generado los resultados esperados, la implementación de una cuestionable reestructuración que culminará en 2026 y que generará el cierre de la oficina donde hasta ahora se han atendido la enorme mayoría de los casos de violencia, y decenas de preguntas sobre si los recursos de la institución se están utilizando como recompensas por la presentación de denuncias contra los enemigos políticos del presidente Rodrigo Chaves.
Radiografía de arriba a abajo
Los problemas en el Inamu comenzaron desde principio del gobierno, cuando se pretendió nombrar en la presidencia ejecutiva a Cindy Quesada, quien no cumplía con los requisitos académicos que requiere el puesto. Esto llevó a que se le nombrara como ministra de la Condición de la Mujer, sin cartera, y se colocara a Adilia Caravaca en la presidencia ejecutiva quien luego fue sucedida por Yerlin Zúñiga, actual jerarca.
Quesada, sin embargo, mantuvo una oficina en las instalaciones del Instituto Nacional de las Mujeres y conocidamente fue quien lideró muchos de los procesos que ahora se cuestionan, como el programa Puntos Violeta.
La exministra renunció a su puesto en julio para aspirar por una diputación en el próximo proceso electoral y el Gobierno no se preocupó por nombrar a nadie en su lugar, de modo que el Ministerio de la Condición de la Mujer dejó efectivamente de existir en ese momento y solo quedó el Inamu, bajo el liderazgo de Zúñiga.
Además, desde sus inicios, el Gobierno anunció que en vez de atender al pie de la letra la Política Nacional de Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (Planovi), utilizaría la “Ruta de Género 2.0” que paradójicamente se enfocaría en prevenir y atender casos de acoso sexual, en un Gobierno liderado por un presidente cuestionado por acoso sexual.
Escándalo millonario y reestructuración
En mayo de este año, UNIVERSIDAD dio a conocer un informe de auditoría que reveló que la institución había gastado ₡535 millones en el programa Puntos Violeta —que se gestó en el seno de esa estrategia— “sin controles” y sin que rindiera los resultados esperados.
Según el documento, el programa tuvo problemas desde su concepción, pues se planificó mal, hubo problemas en la contratación de la empresa PsicoMed —que hasta la fecha atiende los centros— y en la ampliación de ese contrato por medio de un procedimiento “de urgencia”, además de que no ha rendido los resultados esperados y no se han verificado los efectos de los millones que se han gastado en comunicar su existencia.
El resultado de todo eso es que se gastaran casi ₡535 millones en la operación de los Puntos Violeta sin controles, más ₡392 millones en “campañas de imagen”, cuya planificación “no permite medir” si “están dando los resultados esperados”.
Además, por la mala gestión, al cierre de la auditoría sólo 9 de los 31 Puntos Violeta que prometió la exministra Cindy Quesada en 2023 estaban funcionando en la ubicación originalmente planteada.
En materia de resultados, la mayor parte (28) de los Puntos Violeta establecidos hicieron menos de 100 atenciones en los primeros 15 meses del proyecto y 8 no llegaron ni siquiera a una atención por mes, de modo que hubo una inversión enorme de recursos en mantener abiertas y con profesionales disponibles oficinas que no atienden a nadie.
La costosa iniciativa, proyecto estrella de la exministra Quesada, es para la activista y presidenta de la Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres, Sylvia Mesa, el “fracaso más contundente” del año, pues “fue una ocurrencia de la la exministra, que no llevó a nada, más que a dilapidar ₡530 y tantos millones, que no sirvió para las mujeres”.
Inacción e instrumentalización
Para Mesa, otro “contundente fracaso” de la institución ha sido “la inacción que ha tenido la administración actual para enfrentar los femicidios. La especialista dijo que la responsabilidad es justamente de la administración porque las funcionarias hacen su labor como pueden y no llevan culpa.
La experta criticó que el Inamu abandonó la estrategia del Planovi y, por ende, las actividades de atención y prevención de violencia, lo que explica justamente la escalada de violencia.
Además, dijo que han habido otros casos en que la institución pudo haber actuado y no lo hizo, como es el caso de la reglamentación oportuna o la negociación de reformas a la Ley de reparación integral para personas sobrevivientes de femicidio —que lleva tres años vigente sin aplicarse— o en los casos en que se denunció por violencia al ministro de Comunicación o al diputado conservador Fabricio Alvarado, en los que la institución guardó silencio.
“También resulta preocupante cuando actuaron defendiendo al presidente cuando no estaba dentro de sus facultades”, dijo en referencia a las múltiples ocasiones en que la institución salió en defensa del mandatario luego de que atacara a mujeres, hiciera comentarios o actos machistas o fuera señalado como alguien que incurrió en conductas sexuales impropias, aún cuando así lo evidencia el proceso que llevó a su separación del Banco Mundial.
Lo que es peor, indicó Mesa, es que “sí actúa la presidenta ejecutiva del Inamu con las denuncias contra Randall Zúñiga y, además, con el problema de que ella crea una desconfianza en las denuncias de las mujeres”.
Cabe recordar que la presidenta ejecutiva de la entidad fue señalada y enfrenta una investigación por aparentemente haber condicionado beneficios que otorga el Inamu a cambio de que mujeres presentaran denuncias de violencia sexual contra el jerarca judicial.
“Si tuviera que darle una calificación del 1 al 10, hablando de las jerarcas y no de las funcionarias, creo que la calificación tal vez llegará a 3 porque se trató de instrumentalizar el Inamu para hacer política, no para estar al servicio de las mujeres”, concluyó Mesa.
La entrada Inercia ante violencia femicida, escándalos millonarios y “manoseo” político marcaron el accionar del Inamu en el 2025 aparece primero en Semanario Universidad.
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