Incopesca presenta nuevo listado de especies acuícolas sin respaldo científico vinculante

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Ignacio Ortiz Salas

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La Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa conoció este martes 13 de enero la actualización del listado de especies de interés acuícola elaborada por la Comisión Científico-Técnica (CCT) del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), un insumo técnico que ya fue adoptado por la Junta Directiva mediante el acuerdo 183-2025, pero cuyo criterio continúa siendo de carácter asesor y no vinculante frente a futuras decisiones políticas.

El nuevo listado surge tras la controversia generada en 2023, cuando una ampliación aprobada por la Junta Directiva de Incopesca incluyó especies de vida silvestre como tortugas, corales, esponjas e iguanas dentro de las autorizadas para acuicultura, lo que provocó alertas desde universidades, organizaciones ambientales y despachos legislativos, y llevó finalmente a la derogación de ese acuerdo. Ese episodio evidenció debilidades en el proceso de toma de decisiones dentro de la institución y motivó una revisión técnica más exhaustiva.

Durante la audiencia, el coordinador de la CCT, Jesús Salvador Rodríguez, explicó que el análisis partió de una lista inicial de 264 especies, la cual fue depurada primero a 218 y finalmente a 184, tras eliminar duplicidades, errores y especies cuya inclusión no correspondía al ámbito acuícola. Estas fueron clasificadas en cuatro categorías: 88 especies consideradas aptas, 24 con restricciones, 51 que requieren más estudios técnicos y 21 catalogadas como no aptas.

“La comisión aplicó criterios técnicos y científicos como el estatus de conservación según la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza), los listados de CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres), la Ley de Protección de la Vida Silvestre, el potencial invasor de las especies y su distribución geográfica”, detalló Rodríguez ante los diputados. Añadió que el proceso incluyó consultas a universidades públicas, organizaciones no gubernamentales, entidades estatales, el Colegio de Biólogos y representantes del sector privado, así como una revisión bibliográfica especializada.

El pronunciamiento técnico comenzó a elaborarse en mayo de 2023 por instrucción de la presidencia ejecutiva de Incopesca de ese momento y fue ratificado en 2024 por la nueva conformación de la CCT, antes de ser aprobado por la junta directiva de la institución en agosto de 2025 y publicado posteriormente en el diario oficial La Gaceta.

Sin embargo, uno de los principales cuestionamientos durante la audiencia giró en torno al peso real de ese criterio técnico. La diputada independiente, Kattia Cambronero advirtió que, aunque el nuevo listado corrige errores graves del pasado, el problema de fondo persiste: la Junta Directiva puede ignorar las recomendaciones científicas si así lo decide. “Mi pregunta es si existe algún elemento legal que impida que otra administración vuelva a hacer lo mismo que ocurrió en 2023”, planteó.

El presidente ejecutivo de Incopesca, Nelson Peña Navarro, reconoció que la legislación vigente no otorga carácter vinculante a la CCT. “Según la ley actual, la comisión es asesora. Eso significa que la junta directiva puede aceptar o no sus recomendaciones”. Añadió que, a su criterio, cualquier futura incorporación de especies debería pasar por la CCT, pero admitió que esa obligación no está expresamente establecida en la normativa.

Cambronero insistió en que, tratándose de decisiones con impacto ambiental, “el criterio técnico debería prevalecer sobre el político”, y calificó a Incopesca como un “híbrido complejo” entre funciones productivas, comerciales y de protección ambiental. Señaló que esa estructura institucional genera vacíos que permiten que intereses sectoriales se impongan sobre la conservación de los ecosistemas marinos. La legisladora adelantó que impulsa una reforma legal para fortalecer el rol de la CCT y convertir sus criterios en obligatorios.

Desde la propia Comisión Científico-Técnica se reconocieron limitaciones estructurales. Sus integrantes explicaron que el órgano solo puede actuar cuando la presidencia ejecutiva o la Junta Directiva le solicitan formalmente un criterio, y que su capacidad de actuar de oficio es restringida. “La comisión depende de que se le remitan los temas a revisión”, indicaron, al tiempo que señalaron que el mecanismo ha sido poco utilizado en años recientes.

Aunque destacaron que el pronunciamiento sobre la lista acuícola fue prácticamente unánime y se basó en un proceso riguroso y prolongado. Admitieron que el carácter no vinculante de sus recomendaciones debilita la garantía de que las decisiones sobre acuicultura y pesquerías se sustenten exclusivamente en evidencia científica.

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