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Las muertes violentas de mujeres en el país evidencian un problema que trasciende los hechos individuales y expone fallas estructurales en la respuesta institucional. Las limitaciones en la investigación, la falta de personal especializado y la débil coordinación entre las instituciones encargadas de registrar, investigar y judicializar estos casos continúan dificultando el acceso a la justicia.
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