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Adrián Z. Rivero
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Un informe de la Auditoría Interna del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) advierte que la institución podría estar haciendo un mal uso de la potestad de declarar información como “confidencial” e inclusive apunta a la posibilidad de que se haya convertido en una “herramienta de gestión política”.
Así consta en el oficio ADV-05-2025, que consiste en un servicio preventivo de advertencia sobre la gestión de la confidencialidad.
“La confidencialidad podría estar siendo utilizada no como mecanismo de protección de secretos industriales, sino como herramienta de gestión política”, señala el documento, como una de las consecuencias que estarían generando la gestión actual de la confidencialidad.
El informe también dice que la confidencialidad podría estar siendo utilizada como una estrategia de contención, un mecanismo de “pausa” para evitar comunicaciones oportunas y una limitación para revelar información de interés público.
“Esta Auditoría Interna identificó patrones recurrentes de inconsistencias jurídicas, técnicas y de gobernanza, cuya materialidad permite determinar que el uso del régimen de confidencialidad presenta debilidades sistémicas que requieren atención inmediata”, señala el texto.
De acuerdo con el documento, la instancia auditoria encontró “prácticas que podrían comprometer la seguridad jurídica y la publicidad de la información pública”, tales como motivación insuficiente o genérica en las declaratorias de confidencialidad, extensiones automáticas, aplicación de confidencialidad a información ya divulgada, declaratorias sin advertencia técnica de la Auditoría, brechas de gobernanza documental, opacidad indebida, entre otras.
Por ejemplo, el ente auditor cita una declaratoria del 9 de abril de 2024, en la cual se acordó establecer como confidencial la información relacionada con la gestión operativa de la División de Gestión de Red y Mantenimiento. Sobre este caso, se apunta que existen problemas como falta de especificidad, ausencia de prueba de daño o motivación insuficiente, entre otros.
En el marco de este informe, la Auditoría analizó las declaratorias de confidencialidad emitidas por el Consejo Directivo del ICE entre 2021 y 2025.
Entre los hallazgos también se encontró que se clasificaron informes completos como confidenciales, se establecieron plazos arbitrarios sin motivación reforzada y se aplicó la confidencialidad a temas no sujetos a competencia.
“Estas inconsistencias configuran riesgos extremos en materia de legalidad y transparencia, distorsionan el control interno, la rendición de cuentas y exponen a la Institución a riesgos de nulidad de actos administrativos y restricciones indebidas al acceso público”, señala el servicio preventivo.
El ente auditor señaló que la confidencialidad no es un “mecanismo discrecional”, sino una “excepción calificada”, que requiere fundamento legal expreso, motivación reforzada e identificación precisa del dato reservado, además de que debe ser proporcional y temporalmente limitada.
“La gestión institucional debe evitar interpretaciones amplificadas, automáticas o por analogía que restrinjan el acceso a la información pública más allá de lo permitido por la ley”, indica el documento.
Aunque este análisis por la Auditoría no implica instrucciones o directrices operativas, indica que está efectuado para “apoyar la reflexión institucional y fortalecer la gobernanza de los procesos e información sujetos a confidencialidad”.
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