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Adrián Z. Rivero
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Un “valor agregado” de capacidad de transporte de datos, ofrecido temporalmente y sin costo, por la empresa Trans Americas Fiber (TAF) es lo que permitirá al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) garantizar la conectividad del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) durante las próximas elecciones nacionales.
Así se desprende del oficio 9205-17-2026, en el que varios funcionarios de la División de Desarrollo y Construcción de la Red (DDCR) del ICE piden a la gerente de Telecomunicaciones, Leda Acevedo, su aval para aceptar ese “valor agregado” ofrecido por TAF y alertan de las consecuencias que tendría rechazar el ofrecimiento.
“El ICE cuenta con capacidad suficiente para atender su operación ordinaria; sin embargo, el contexto de las elecciones presidenciales representa un escenario extraordinario y no previsible, caracterizado por un incremento significativo en la demanda de conectividad y tráfico de datos. Este comportamiento excepcional exige medidas adicionales para garantizar la continuidad y estabilidad del servicio”, señala el documento.
En la carta se explica que podría existir “un riesgo operativo durante el periodo electoral”, en el que el ICE está obligado a brindar servicios al TSE, debido a que el nuevo cable submarino —llamado TAM-1 y adjudicado también a TAF— no estará disponible hasta finales de enero de 2026.
Los cables submarinos son utilizados para el transporte internacional de datos y están conformados por fibra óptica que viaja entre países por debajo del mar, según explicó a este medio el ingeniero y exviceministro de Telecomunicaciones, Teodoro Willink.
El experto destacó que su funcionamiento se puede comparar con el de una autopista, en la cual, si hay un fallo técnico o falta capacidad, entonces se satura el tráfico y obliga a tomar vías alternas.
“El hecho de que un cable submarino se caiga no solamente hace que se carguen los demás cables o medios para salir del país, sino que también hace que el tráfico interno en Costa Rica se vuelva más lento”, advirtió el ingeniero y agregó que esto también aumenta la vulnerabilidad ante ataques informáticos.
ICE manifestó preocupación
Aunque en el oficio dirigido a la gerente se señala que la capacidad adicional de 200 Gbps (gigabits por segundo) es una propuesta de TAF, en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) la empresa dejó claro que el ofrecimiento surgió a partir de “las preocupaciones manifestadas por las Direcciones de Infraestructura y de Operaciones de ICE”.
“En realidad la preocupación fue manifestada por ICE”, confirmó a UNIVERSIDAD el director comercial de TAF, Mario Montero, quien señaló que la coordinación se ha llevado, sobre todo, con Adolfo Arias, jefe de la DDCR, si bien anotó que, en menor medida, ha participado también el jefe de la División de Gestión de Red y Mantenimiento (DGRM), Óscar Romero, o representantes de su grupo.
“Fue una preocupación que ellos (el ICE) manifestaron y, nosotros, en virtud de la envergadura del proyecto y lo que representa en términos de largo plazo para la conectividad del país, dijimos ‘bueno, sería realmente una desgracia que vaya a pasar algo durante las elecciones’ y entonces ofrecimos ese valor agregado”, explicó Montero.
El director comercial señaló que el proyecto de TAM-1 “es muy complejo”, por lo cual la nueva capacidad no estará disponible antes de las elecciones y, por ello, decidieron apoyar al ICE con esa capacidad adicional de 200 Gbps, sin costo y por un mes (del 15 de enero al 15 de febrero de 2026): “Nos parecía un tema muy importante para el país, en general, y obviamente estamos conscientes de que algo puede pasar”, dijo.
El representante de TAF dijo que por recomendación de su equipo legal prefirieron hacer todo el trámite a través de Sicop para que quedara como parte del expediente público y así garantizar que hubiera transparencia: “Nuestra empresa es muy estricta en estas cosas, como debe ser, y todo lo documentamos”, añadió.
Graves riesgos, pero sin aval
En el oficio 9205-17-2026, donde se pide a la Gerencia de Telecomunicaciones su aval a la propuesta de TAF, se indica que servirá para asegurar “la continuidad del servicio sin afectar las operaciones actuales del ICE” y para garantizar el cumplimiento del Código Electoral, que obliga a la entidad a poner sus servicios a disposición del TSE en las elecciones.
“La propuesta asegura que el ICE puede fortalecer la transparencia y la confianza en el desarrollo de las elecciones, asegurando que la infraestructura de telecomunicaciones respalde de manera segura y eficiente la transmisión de información crítica”, dice el documento.
El oficio también dice que la capacidad adicional permitirá que “la transmisión de resultados preliminares y oficiales se den sin riesgo de interceptación, alteración o pérdida de datos” y que el refuerzo es “fundamental para evitar impactos” que podrían afectar a la ciudadanía, a autoridades del TSE, medios de comunicación y plataformas digitales que “dependen de la conectividad para informar y coordinar el proceso electoral”.
En caso de no aceptar el ofrecimiento, se detalla, entre otras cosas, que esto “podría aumentar el riesgo asociado a congestión, degradación del servicio o interrupciones que puedan afectar la transmisión de información esencial para autoridades, medios de comunicación y plataformas digitales”.
“La propuesta fortalece la transparencia y la confianza en el desarrollo de las elecciones, asegurando que la infraestructura de telecomunicaciones respalde de manera segura y eficiente la transmisión de información crítica”, es una de las conclusiones del texto.
Pese a la importancia de la propuesta, no consta en Sicop que la gerente haya dado su aval o que alguien más lo hiciera, pese a que en el sistema se indica que esta “se da por aceptada de acuerdo con el oficio 7110-29-2026”.
Ese último oficio citado lo firma Arias (el jefe de la DDCR) pero dice que “no resulta necesario emitir aval alguno”. “El contratista cuenta con plena autonomía para ejecutar, a lo interno de su negocio, las gestiones técnicas y operativas necesarias para asegurar la conectividad, tanto en términos de capacidad como de diversidad, y atender el volumen de tráfico requerido, con el fin de mantener en óptimas condiciones la capacidad ofrecida conforme a los términos de la oferta original”, señala ese documento.
Desde el 22 de enero, UNIVERSIDAD envió consultas al TSE para saber si estaba al tanto de la situación y que se refiriera sobre el tema, no obstante, al cierre de edición no se obtuvo respuesta.
Asimismo, se enviaron preguntas al ICE desde el 23 de enero, pero hasta la fecha tampoco ha respondido. Lo que el Instituto sí hizo fue sacar un comunicado de prensa ese mismo día, en el que asegura que se “garantiza la provisión de conectividad segura, estable y confiable” al TSE y que para ello puso a su disposición “infraestructura dedicada, segregada y protegida, que opera bajo estrictos estándares de seguridad, control y resiliencia”.
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