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Vinicio Chacón Soto
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Esta mañana José Miguel Gómez Chavarría, director del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) y Román Chavarría, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de esa instancia, comparecieron ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa para abogar por la aprobación de dos proyectos de ley que buscan actualizar la legislación de acuerdo con requerimientos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
El proyecto 25.129 busca reformar la Ley de Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso No Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo (No. 7786) para, entre otras cosas, incluir a “las personas físicas o jurídicas que se dediquen a la subasta para la compra y venta de ganado en pie”, entre quienes según el artículo 15 bis, deben cumplir con obligaciones como la identificación de clientes o “los controles sobre los riesgos de legitimación de capitales o financiamiento del terrorismo que pudieran surgir con respecto del surgimiento de nuevas tecnologías en nuevos productos y nuevas prácticas comerciales”.
Por otra parte, el proyecto 25.208 también modifica esa ley y además la Ley Reguladora del Mercado de Valores (No. 7732), entre otras cosas para eliminar un tope al crecimiento del gasto corriente de las superintendencias y el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif).
Gómez Chavarría dijo que “estamos totalmente de acuerdo” con los dos proyectos, y se refirió específicamente al tema de “las subastas” en el expediente 25.129, pues “en estas actividades se realiza lo que es la facilidad del dinero físico y por el contrario, lo que se debe de realizar es cerrar ese tipo de portillos, ¿para qué? Para evitar efectivamente que se haga algún tipo de legitimación o lavado de capitales”.
También destacó una reforma a su artículo 25 para introducir “la obligación de congelar inmediatamente operaciones sospechosas para evitar la fuga de capitales”.
Román Chavarría, de la UIF, dijo que estos proyectos de ley “cierran las brechas del de los señalamientos y observaciones que nos hizo el GAFI” en 2015, cuando “fuimos evaluados como país y estuvimos en un altísimo riesgo de estar incluidos en lista de país no cooperante, de estar incluidos en lista gris por las deficiencias tanto en materia regulatoria como en temas de efectividad”.
“Ya estamos pasando prácticamente diez años y la evaluación está ya en proceso. Ya estamos nosotros armando los cuestionarios de evaluación y tenemos que dar cuenta del cierre de brechas regulatorias en esta materia”, añadió.
De manera particular se refirió a la pretensión en el proyecto 25.129 respecto a las organizaciones sin fines de lucro de “quitarles rigurosidad sacándolas de ser sujetos obligados en el artículo 15 bis y dejando algunas especificaciones técnicas, porque el GAFI lo que manda a establecer es la regulación específica con riesgos de financiamiento al terrorismo y no necesariamente lavado de dinero”.
Dijo que ello se debe a que esas organizaciones sin fines de lucro en Costa Rica “muchas veces” son “generadoras de empleo, de desarrollo comunal y además estas organizaciones también cierran brechas donde el Estado no llega”.
Respecto al proyecto 25.208, destacó que establece la creación de un Centro de Información Conozca a su Cliente (CICAC), una plataforma que aseguró permitirá “una buena práctica a nivel del país de unificar todas las diligencias y las políticas Conozca a su cliente del sistema financiero, para aplicarlo en una sola dimensión global y a través de eso, además de garantizar la protección a la integridad del sistema financiero, se permite corroborar y cruzar información de personas que, por ejemplo, tratan de mentir o presentar documentación falsa para acceder al sistema financiero e introducir fondos ilícitos”.
Las intervenciones de las diferentes diputaciones tras la exposición inicial de esos funcionarios se orientaron más a aclarar dudas concretas que a cuestionar los objetivos del proyecto. La diputada frenteamplista Priscilla Vindas alertó que “en el último texto que se ha conversado estaríamos sacando de la discusión el tema del ganado”.
Tras hacer la salvedad de que evidentemente a esa actividad se dedican muchas personas de bien, reconoció que “no deja de preocuparme en la otra cara de la moneda”, pues remitió a que en la justificación del proyecto de ley. En efecto, en ese texto se apunta que la UIF documentó entre 2022 y 2023 que, “a través de la cría y venta de ganado, se movieron millones de dólares sin que pudiera determinarse el origen lícito de este”.
El Director del ICD expresó que comprende la preocupación de quienes se dedican a esa actividad de manera lícita, pero afirmó que “el problema es que cuando se hacen estos negocios y son en estas finalidades: no es uno, son un montón de animales que compran y que las sumas oscilan en millones de colones”.
La entrada ICD pide aprobar dos leyes para controlar mejor el lavado de dinero:»se movieron millones de dólares» en trasiego de ganado sin justificación aparece primero en Semanario Universidad.
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