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José Alejandro Sánchez
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La Fiscalía Adjunta contra la Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial y el el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dirigió desde la madrugada de este martes el operativo más amplio en la historia con una movilización de 1.500 funcionarios como parte del caso Riverside para desarticular una presunta organización dedicada al tráfico nacional e internacional de drogas y a la legitimación de capitales.
La diligencia incluyó 97 allanamientos simultáneos en cinco provincias del país, entre inmuebles vinculados con la estructura investigada, oficinas municipales y módulos de tres centros penitenciarios. Hasta el momento, el Ministerio Público (MP) reporta 41 personas detenidas, a las que se suman 18 imputados que ya se encontraban privados de libertad.
En el operativo participaron más de 100 fiscales, agentes del OIJ y otros cuerpos policiales de apoyo. Las acciones también contaron con colaboración de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, conocida como DEA, como parte de los esfuerzos de cooperación internacional contra estructuras de criminalidad organizada transnacional. También contó con el apoyo de cuerpos como Fuerza Pública, la Unidad Especial de Intervención (UEI), la Policía Municipal, Policía de Control Fiscal y Policía de Migración.
Michael Soto, director interino del OIJ, quien calificó el operativo como “el más significativo” en la historia del OIJ y del Poder Judicial, explicó que la operación incluyó la intervención de 97 propiedades y 141 estructuras.
Operación desde el Caribe Sur y presuntos vínculos con Colombia
Soto indicó que el nombre Riverside responde a la forma en que habría operado la organización, “a la orilla de un río” y también en zonas cercanas al mar. De acuerdo con el director interino del OIJ, la estructura operaba principalmente en Limón y presuntamente trasegaba droga desde Colombia hacia la costa del Caribe Sur, donde era almacenada para luego distribuirse en el resto del país.
El expediente del caso Riverside se tramita bajo el número 24-000911-0063-PE, el cual de acuerdo con el Ministerio Público, entre las personas imputadas figuran cuatro hijos de Edwin López, identificado como presunto líder de la organización y extraditado en marzo a Estados Unidos. Del total de allanamientos, al menos 27 inmuebles estarían relacionados con él.
Soto agregó que, tras la extradición de López Vega, alias “Rata”, la estructura habría continuado operando bajo coordinación de su familia, principalmente de sus hijos. También señaló que el grupo tendría relación con una organización colombiana conocida como “Los Costeños”, dedicada a la exportación de cocaína y marihuana.
Entre los puntos allanados, el OIJ reportó seis hoteles, cuatro residencias lujosas de alquiler por plataformas digitales, un restaurante, un gimnasio, un redondel, una cancha de fútbol cinco y varias fincas donde las autoridades pretendían decomisar cabezas de ganado. Soto también indicó que dos policías penitenciarios fueron detenidos, bajo sospecha de facilitar teléfonos a López Vega cuando se encontraba privado de libertad.
A las personas investigadas se les atribuyen, en distintos grados de participación, delitos como tráfico nacional e internacional de drogas, tráfico de armas, tenencia de explosivos, introducción de drogas a centros penitenciarios, legitimación de capitales y asociación ilícita. La investigación, según la Fiscalía, ha permitido acreditar decomisos superiores a 500 kilogramos de cocaína y 200 kilogramos de marihuana.
Como parte de la cobertura del caso, La Nación informó que una de las viviendas allanadas se ubica en Cahuita, Limón, y estaría vinculada con Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”. Ese medio reportó que en la propiedad se encontraron pinturas, fotografías y cartas presuntamente enviadas desde el módulo de Máxima Seguridad de La Reforma.
La Nación también informó que el OIJ vincula con la organización a dos exfutbolistas profesionales, uno de apellido Scoby, quien ya habría sido detenido, y otro de apellido Corrales, pendiente de captura. Según esa publicación, las autoridades no han detallado cuál habría sido el supuesto papel de ambos dentro de la estructura investigada.
El caso Riverside se suma a otros procesos recientes contra presuntas estructuras criminales. El Poder Judicial confirmó que, en el caso conocido como Turbo, el Juzgado Penal Especializado en Delincuencia Organizada impuso un año de prisión preventiva contra 11 personas investigadas por presuntos delitos de extorsión cobratoria agravada, tráfico nacional e internacional de drogas, legitimación de capitales y asociación ilícita.
En ese caso, la prisión preventiva rige del 17 de junio de 2026 al 17 de junio de 2027. Según la comunicación judicial, la medida fue ordenada por peligros de fuga y continuidad delictiva.
La entrada Histórico operativo de OIJ y Fiscalía movilizó 1.500 funcionarios para desarticular la red vinculada al extraditado Edwin López alias «Pecho de Rata» aparece primero en Semanario Universidad.
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