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Pablo Deheza
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La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el 25 de noviembre de 1999 como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer con el fin de denunciar la violencia que se ejerce sobre estas en todo el mundo y reclamar políticas en todos los países para su erradicación. La violencia de género se ha convertido en la primera causa de muerte de las mujeres a nivel mundial; miles son asesinadas cada año por el solo hecho de serlo, tal es así que en la actualidad se le ha designado el término de feminicidio. Estos asesinatos vienen a constituir el último eslabón de una cadena de múltiples y variadas formas de violencia, como violaciones, abusos, golpes, desprecio, humillación, sumados a una serie de malos tratos cuyas formas de manifestación son sutiles y consideradas como prácticas «normales».
Latinoamérica presenta altos índices de violencia de género y es la región donde se presentan más feminicidios: alrededor de 60 000 al año. Según ONU Mujeres, una de cada tres en el mundo sufre violencia física o sexual a manos de un compañero sentimental. El informe de 2013 publicado por la OMS/OPS refiere que la violencia contra la mujer llega a causar daños irreversibles, no solo para la víctima sino también para su entorno familiar y la sociedad en su conjunto. Ante ello, innumerables instituciones le han dedicado espacio y tiempo a la prevención e intervención de esta problemática.
La Organización de Naciones Unidas (ONU), en 1995, incluyó entre sus objetivos estratégicos la lucha contra la violencia hacia las mujeres; declaró a la violencia de pareja como una prioridad internacional para los servicios de salud porque afecta de manera negativa el bienestar general de las mujeres e impide que participen plenamente en la sociedad, afecta a sus familias, a la comunidad en la que viven y al país en su conjunto. Según esta institución, la violencia supone costos altísimos, desde una mayor atención sanitaria y gastos legales hasta pérdidas de productividad.
En Bolivia, las estadísticas muestran que los índices de denuncias sobre violencia de pareja son significativos. Según el informe de OMS/OPS de 2013 sobre violencia contra la mujer en América Latina y el Caribe, el país ocupa el primer lugar en violencia física contra la mujer y el segundo lugar en violencia sexual, especialmente en las edades de 15 a 49 años.
La demanda contra la violencia hacia las mujeres es parte de un proceso complejo y dialéctico en el que se articula el conocimiento científico respecto a la teoría de género y desarrollo (abstracto) y las demandas de las mujeres (lo concreto). En efecto, a principios del siglo XX las principales demandas de estas actoras sociales fueron: acceso a la educación y participación política a través del derecho al voto. En los años 70 y 80 del siglo pasado se logró el respeto a la diferencia, derecho a la igualdad. Los acuerdos internacionales a través de la Conferencia de Nairobi (1985) y la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing (1995) contribuyeron a diseñar una Plataforma de Acción Mundial (PAM) con el fin de que los Estados institucionalicen el género desde una perspectiva integral, con base en algunos componentes como: contrarrestar los mecanismos que generan desigualdad, implementar políticas de carácter integral, atender la multicausalidad de diferencia de género y espacios de formación sobre género a los servidores públicos.
Con relación a la violencia contra las mujeres, los Estados deben implementar no solo leyes, sino también estrategias de carácter transversal, que incluyan programas dirigidos a deconstruir modelos de comportamiento socioculturales que atentan contra los derechos humanos universales, así como orientar esfuerzos para eliminar el hostigamiento sexual y prácticas que afectan a la calidad de vida de las mujeres. Para ello es importante el compromiso político y capacitación en género a quienes administran la justicia, gestionar recursos financieros y movilizar medios comunitarios para actividades relacionadas con la eliminación de la violencia, institucionalizar la investigación y actualización de datos estadísticos con el fin de indagar y hacer seguimiento a las causas y consecuencias de la violencia, conocer de manera urgente las causas que promueven el tráfico de mujeres y niñas para fines de explotación sexual a través de diferentes espacios y redes sociales.
A principios del siglo XXI se han realizado investigaciones sobre las experiencias de gestión de género en el Estado con el objetivo de analizar los mecanismos, estrategias y políticas públicas orientadas a mayor legitimación e institucionalización del enfoque de género. Virginia Guzmán (2003) identifica algunas de las principales dificultades que se enfrentaron para impulsar la institucionalización de género en los estados latinoamericanos: la contradicción entre la magnitud de las tareas asignadas, las atribuciones y recursos limitados que el Estado destina para impulsar políticas y estrategias de equidad de género; la amplia brecha entre la concepción y comprensión que tienen las y los integrantes de las oficinas, de las autoridades y funcionarios del resto de los sectores del Estado; y la distancia entre los discursos de las autoridades y sus prácticas, son las piedras en el camino que todavía dificultan la gestión estatal.
A lo expuesto, la agenda institucional de género tiene mayor riesgo de no ser efectiva por las siguientes razones que tienen que ver con la legitimidad, más allá de la legalidad: en primer lugar, cuando los problemas y demandas de la ciudadanía no son explícita y racionalmente aceptados por los que tienen el poder de decisión; en segundo lugar, cuando los problemas, la interpretación y las alternativas de solución no están sujetos a un debate y un proceso de retroalimentación en espacios públicos; y en tercer lugar, las posibilidades de acuerdo se reducen cuando los temas son movilizados por actores o dirigentes sociales o políticos que posiblemente tienen un respaldo legal pero no forman parte de sus prácticas ni de su compromiso político.
En síntesis, la violencia contra las mujeres es un problema social que debe ser abordado por el Estado desde una perspectiva integral, que debe crear estrategias orientadas a contrarrestar los mecanismos que generan desigualdad, especialmente referidas al ejercicio de los derechos humanos universales y atender la multicausalidad de la violencia. La institucionalidad de género es clave. Es responsabilidad de la sociedad política y la sociedad civil generar espacios de reflexión y debate para lograr políticas y estrategias que partan de la realidad efectiva, para pensarla, compartirla y luego regresar a ella, con el fin de transformarla.
The post Hacia una sociedad con menos violencia contra las mujeres appeared first on La Razón.
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Latinoamérica presenta altos índices de violencia de género y es la región donde se presentan más feminicidios: alrededor de 60 000 al año. Según ONU Mujeres, una de cada tres en el mundo sufre violencia física o sexual a manos de un compañero sentimental. El informe de 2013 publicado por la OMS/OPS refiere que la violencia contra la mujer llega a causar daños irreversibles, no solo para la víctima sino también para su entorno familiar y la sociedad en su conjunto. Ante ello, innumerables instituciones le han dedicado espacio y tiempo a la prevención e intervención de esta problemática.
La Organización de Naciones Unidas (ONU), en 1995, incluyó entre sus objetivos estratégicos la lucha contra la violencia hacia las mujeres; declaró a la violencia de pareja como una prioridad internacional para los servicios de salud porque afecta de manera negativa el bienestar general de las mujeres e impide que participen plenamente en la sociedad, afecta a sus familias, a la comunidad en la que viven y al país en su conjunto. Según esta institución, la violencia supone costos altísimos, desde una mayor atención sanitaria y gastos legales hasta pérdidas de productividad.
En Bolivia, las estadísticas muestran que los índices de denuncias sobre violencia de pareja son significativos. Según el informe de OMS/OPS de 2013 sobre violencia contra la mujer en América Latina y el Caribe, el país ocupa el primer lugar en violencia física contra la mujer y el segundo lugar en violencia sexual, especialmente en las edades de 15 a 49 años.
La demanda contra la violencia hacia las mujeres es parte de un proceso complejo y dialéctico en el que se articula el conocimiento científico respecto a la teoría de género y desarrollo (abstracto) y las demandas de las mujeres (lo concreto). En efecto, a principios del siglo XX las principales demandas de estas actoras sociales fueron: acceso a la educación y participación política a través del derecho al voto. En los años 70 y 80 del siglo pasado se logró el respeto a la diferencia, derecho a la igualdad. Los acuerdos internacionales a través de la Conferencia de Nairobi (1985) y la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing (1995) contribuyeron a diseñar una Plataforma de Acción Mundial (PAM) con el fin de que los Estados institucionalicen el género desde una perspectiva integral, con base en algunos componentes como: contrarrestar los mecanismos que generan desigualdad, implementar políticas de carácter integral, atender la multicausalidad de diferencia de género y espacios de formación sobre género a los servidores públicos.
Con relación a la violencia contra las mujeres, los Estados deben implementar no solo leyes, sino también estrategias de carácter transversal, que incluyan programas dirigidos a deconstruir modelos de comportamiento socioculturales que atentan contra los derechos humanos universales, así como orientar esfuerzos para eliminar el hostigamiento sexual y prácticas que afectan a la calidad de vida de las mujeres. Para ello es importante el compromiso político y capacitación en género a quienes administran la justicia, gestionar recursos financieros y movilizar medios comunitarios para actividades relacionadas con la eliminación de la violencia, institucionalizar la investigación y actualización de datos estadísticos con el fin de indagar y hacer seguimiento a las causas y consecuencias de la violencia, conocer de manera urgente las causas que promueven el tráfico de mujeres y niñas para fines de explotación sexual a través de diferentes espacios y redes sociales.
A principios del siglo XXI se han realizado investigaciones sobre las experiencias de gestión de género en el Estado con el objetivo de analizar los mecanismos, estrategias y políticas públicas orientadas a mayor legitimación e institucionalización del enfoque de género. Virginia Guzmán (2003) identifica algunas de las principales dificultades que se enfrentaron para impulsar la institucionalización de género en los estados latinoamericanos: la contradicción entre la magnitud de las tareas asignadas, las atribuciones y recursos limitados que el Estado destina para impulsar políticas y estrategias de equidad de género; la amplia brecha entre la concepción y comprensión que tienen las y los integrantes de las oficinas, de las autoridades y funcionarios del resto de los sectores del Estado; y la distancia entre los discursos de las autoridades y sus prácticas, son las piedras en el camino que todavía dificultan la gestión estatal.
A lo expuesto, la agenda institucional de género tiene mayor riesgo de no ser efectiva por las siguientes razones que tienen que ver con la legitimidad, más allá de la legalidad: en primer lugar, cuando los problemas y demandas de la ciudadanía no son explícita y racionalmente aceptados por los que tienen el poder de decisión; en segundo lugar, cuando los problemas, la interpretación y las alternativas de solución no están sujetos a un debate y un proceso de retroalimentación en espacios públicos; y en tercer lugar, las posibilidades de acuerdo se reducen cuando los temas son movilizados por actores o dirigentes sociales o políticos que posiblemente tienen un respaldo legal pero no forman parte de sus prácticas ni de su compromiso político.
En síntesis, la violencia contra las mujeres es un problema social que debe ser abordado por el Estado desde una perspectiva integral, que debe crear estrategias orientadas a contrarrestar los mecanismos que generan desigualdad, especialmente referidas al ejercicio de los derechos humanos universales y atender la multicausalidad de la violencia. La institucionalidad de género es clave. Es responsabilidad de la sociedad política y la sociedad civil generar espacios de reflexión y debate para lograr políticas y estrategias que partan de la realidad efectiva, para pensarla, compartirla y luego regresar a ella, con el fin de transformarla.
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