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Pablo Deheza
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Bolivia vive hoy un momento de máxima tensión constitucional, económica e institucional, que no llega a una ruptura del orden establecido por la Constitución de 2009, pero sí exige pensar cambios profundos usando los propios mecanismos de reforma que ella prevé. No se trata de abandonar el orden jurídico, sino de atravesar una etapa crítica en la que la sociedad cuestiona la legitimidad y funcionalidad del pacto constitucional vigente y se plantea reformarlo desde dentro. En el caso boliviano, la crisis multidimensional —fragmentación política, parálisis del Órgano Judicial, cuestionamiento al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y desconfianza ciudadana— empuja a una reflexión de fondo sobre la reforma de la Carta Magna, sin romperla.
La Constitución Política del Estado, en su artículo 411, distingue dos caminos: la reforma total y la reforma parcial. La primera requiere la convocatoria a una Asamblea Constituyente mediante referendo y tiene por objeto modificar las bases mismas del Estado. La segunda permite introducir cambios puntuales (por ejemplo, en el diseño del Órgano Judicial, el TCP o el régimen económico) a través de una ley de reforma aprobada por dos tercios de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), obligatoriamente sometida a referendo constitucional aprobatorio. En el contexto actual de polarización y Congreso fragmentado, la reforma parcial aparece como el camino más viable para desbloquear el sistema sin abrir una disputa fundacional de todo el orden constitucional. Gobernar deja de ser sinónimo de imponer mayorías y pasa a significar pactar con responsabilidad, diseñar una agenda de Estado compartida y renunciar a la tentación de usar las instituciones como botín partidario.
En paralelo, la situación económica es delicada: caída de exportaciones, escasez de divisas, presión sobre las reservas internacionales netas, déficit fiscal y pérdida de confianza en la moneda y en el mercado interno. Informes de centros de estudio y organismos especializados advierten que, sin reformas estructurales y sin restablecer la confianza, la economía corre riesgo de entrar en un ciclo de estancamiento con alta conflictividad social. En este marco, la inversión extranjera directa se convierte en pieza central para reactivar sectores como hidrocarburos, minería y litio, pero solo llegará si hay reglas claras, estabilidad macroeconómica y seguridad jurídica efectiva.
La seguridad jurídica es el puente entre la reforma económica y la reforma institucional. Supone tres garantías básicas: que las reglas no cambien de manera arbitraria, que los contratos se respeten y que los conflictos se resuelvan por jueces independientes o por mecanismos de solución de controversias previamente acordados. Esto ha llevado a que muchos inversionistas perciban a Bolivia como una jurisdicción riesgosa, donde el Estado concentra demasiadas facultades, los tribunales carecen de independencia plena y las reglas sobre jurisdicción son rígidas respecto del arbitraje y conciliación internacionales, en el marco de tratados ratificados por Bolivia.
Al mismo tiempo, los artículos vinculados a la política económica y al régimen de recursos naturales pueden ser reformados para pasar de un esquema de «propiedad y control absoluto» a uno de rectoría regulatoria del Estado, que permita asociaciones competitivas, reconozca la recuperación de la inversión y una rentabilidad razonable y garantice, en paralelo, la protección del interés público y el medio ambiente.
La seguridad jurídica no solo importa para el capital extranjero: es una demanda urgente de la sociedad boliviana. El deterioro del Órgano Judicial y la pérdida de credibilidad del Tribunal Constitucional Plurinacional son factores clave de la crisis actual, porque afectan tanto la protección de los derechos como la confianza en el cumplimiento de las reglas de juego. Sin embargo, ambos sufren problemas comunes: selección politizada de autoridades, falta de carrera judicial robusta, debilidad presupuestaria y sentencias que, en algunos casos, han sido percibidas como instrumentos para extender mandatos o habilitar reelecciones más allá de los límites constitucionales.
Una reforma parcial orientada a la seguridad jurídica debería articular tres bloques de cambios, agrupando artículos y evitando un diseño innecesariamente complejo.
En el plano institucional, se propone que la Constitución incorpore una regla clara de asignación presupuestaria mínima para el Órgano Judicial, no inferior a un porcentaje fijo del Presupuesto General del Estado del 3% del PGN, con prohibición de recortes discrecionales por parte del Órgano Ejecutivo. Ello exige ajustar las normas que definen la independencia judicial y la organización del sistema, de modo que la autonomía económica, financiera, presupuestaria y administrativa quede constitucionalmente blindada. Esto se articula con reformas posteriores a la Ley 025 y a la legislación orgánica, pero requiere un anclaje constitucional claro para evitar regresiones.
La experiencia de elección por voto popular de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional ha mostrado serias deficiencias: baja participación, desconocimiento ciudadano de las candidaturas y fuerte influencia de la preselección política en la ALP respecto de las altas autoridades judiciales y constitucionales.
Se debe establecer un sistema de doble filtro:
Este esquema reduce la injerencia partidaria directa, garantiza un nivel mínimo de calidad técnica y mantiene un componente democrático indirecto a través del control parlamentario.
El TCP debe recuperar el rol de garantía imparcial de la Constitución y no de facilitador de proyectos hegemónicos. Para ello, la reforma constitucional puede:
Un TCP independiente y previsiblemente orientado por la Constitución aumenta la confianza interna, reduce el uso estratégico del litigio y mejora la percepción externa del país en materia de Estado de Derecho.
La reforma tiene que establecer funciones de autogobierno del Consejo de la Magistratura y determinar que sus miembros sean designados por los miembros del Órgano Judicial para asegurar su autonomía.
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La Constitución Política del Estado, en su artículo 411, distingue dos caminos: la reforma total y la reforma parcial. La primera requiere la convocatoria a una Asamblea Constituyente mediante referendo y tiene por objeto modificar las bases mismas del Estado. La segunda permite introducir cambios puntuales (por ejemplo, en el diseño del Órgano Judicial, el TCP o el régimen económico) a través de una ley de reforma aprobada por dos tercios de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), obligatoriamente sometida a referendo constitucional aprobatorio. En el contexto actual de polarización y Congreso fragmentado, la reforma parcial aparece como el camino más viable para desbloquear el sistema sin abrir una disputa fundacional de todo el orden constitucional. Gobernar deja de ser sinónimo de imponer mayorías y pasa a significar pactar con responsabilidad, diseñar una agenda de Estado compartida y renunciar a la tentación de usar las instituciones como botín partidario.
En paralelo, la situación económica es delicada: caída de exportaciones, escasez de divisas, presión sobre las reservas internacionales netas, déficit fiscal y pérdida de confianza en la moneda y en el mercado interno. Informes de centros de estudio y organismos especializados advierten que, sin reformas estructurales y sin restablecer la confianza, la economía corre riesgo de entrar en un ciclo de estancamiento con alta conflictividad social. En este marco, la inversión extranjera directa se convierte en pieza central para reactivar sectores como hidrocarburos, minería y litio, pero solo llegará si hay reglas claras, estabilidad macroeconómica y seguridad jurídica efectiva.
Seguridad jurídica e inversión
La seguridad jurídica es el puente entre la reforma económica y la reforma institucional. Supone tres garantías básicas: que las reglas no cambien de manera arbitraria, que los contratos se respeten y que los conflictos se resuelvan por jueces independientes o por mecanismos de solución de controversias previamente acordados. Esto ha llevado a que muchos inversionistas perciban a Bolivia como una jurisdicción riesgosa, donde el Estado concentra demasiadas facultades, los tribunales carecen de independencia plena y las reglas sobre jurisdicción son rígidas respecto del arbitraje y conciliación internacionales, en el marco de tratados ratificados por Bolivia.
- Reconocer que las cláusulas arbitrales válidamente pactadas y los laudos dictados conforme a esos tratados tienen eficacia obligatoria, preservando al mismo tiempo límites claros para no vaciar de contenido la soberanía jurisdiccional del Estado.
- Precisar que las normas de tratados de inversión y de solución de controversias, debidamente ratificados, se aplican con preferencia frente a las leyes, asegurando coherencia con el principio de supremacía de los tratados ya establecida para derechos humanos.
Al mismo tiempo, los artículos vinculados a la política económica y al régimen de recursos naturales pueden ser reformados para pasar de un esquema de «propiedad y control absoluto» a uno de rectoría regulatoria del Estado, que permita asociaciones competitivas, reconozca la recuperación de la inversión y una rentabilidad razonable y garantice, en paralelo, la protección del interés público y el medio ambiente.
Institucionalidad y gobernabilidad
La seguridad jurídica no solo importa para el capital extranjero: es una demanda urgente de la sociedad boliviana. El deterioro del Órgano Judicial y la pérdida de credibilidad del Tribunal Constitucional Plurinacional son factores clave de la crisis actual, porque afectan tanto la protección de los derechos como la confianza en el cumplimiento de las reglas de juego. Sin embargo, ambos sufren problemas comunes: selección politizada de autoridades, falta de carrera judicial robusta, debilidad presupuestaria y sentencias que, en algunos casos, han sido percibidas como instrumentos para extender mandatos o habilitar reelecciones más allá de los límites constitucionales.
Una reforma parcial orientada a la seguridad jurídica debería articular tres bloques de cambios, agrupando artículos y evitando un diseño innecesariamente complejo.
Financiamiento del Órgano Judicial
En el plano institucional, se propone que la Constitución incorpore una regla clara de asignación presupuestaria mínima para el Órgano Judicial, no inferior a un porcentaje fijo del Presupuesto General del Estado del 3% del PGN, con prohibición de recortes discrecionales por parte del Órgano Ejecutivo. Ello exige ajustar las normas que definen la independencia judicial y la organización del sistema, de modo que la autonomía económica, financiera, presupuestaria y administrativa quede constitucionalmente blindada. Esto se articula con reformas posteriores a la Ley 025 y a la legislación orgánica, pero requiere un anclaje constitucional claro para evitar regresiones.
Meritocracia
La experiencia de elección por voto popular de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional ha mostrado serias deficiencias: baja participación, desconocimiento ciudadano de las candidaturas y fuerte influencia de la preselección política en la ALP respecto de las altas autoridades judiciales y constitucionales.
Se debe establecer un sistema de doble filtro:
- Preselección técnica a cargo de un Consejo de notables integrado por organizaciones de la sociedad civil, mediante concursos públicos de méritos, exámenes, entrevistas y evaluación integral de idoneidad profesional, ética y psicológica.
- Designación final por la Asamblea Legislativa Plurinacional, con mayoría calificada (dos tercios), entre las ternas o listas remitidas, en un plazo perentorio, con mecanismos de designación automática si el Legislativo incumple.
Este esquema reduce la injerencia partidaria directa, garantiza un nivel mínimo de calidad técnica y mantiene un componente democrático indirecto a través del control parlamentario.
TCP como garantía de límites
El TCP debe recuperar el rol de garantía imparcial de la Constitución y no de facilitador de proyectos hegemónicos. Para ello, la reforma constitucional puede:
- Exigir requisitos reforzados de especialización en Derecho Constitucional y trayectoria profesional, académica y ética intachable para acceder al cargo de magistrado constitucional.
- Establecer mandatos largos, pero no indefinidamente renovables, con renovaciones parciales que eviten la captura simultánea del tribunal por una sola fuerza política.
- Incorporar cláusulas que impidan reinterpretaciones que anulen límites materiales claros de la Constitución (como la alternancia y el respeto a los resultados de referendos), indicando que el TCP no puede, mediante sentencia, vaciar de contenido decisiones populares o límites expresos de mandato.
Un TCP independiente y previsiblemente orientado por la Constitución aumenta la confianza interna, reduce el uso estratégico del litigio y mejora la percepción externa del país en materia de Estado de Derecho.
Consejo de la Magistratura
La reforma tiene que establecer funciones de autogobierno del Consejo de la Magistratura y determinar que sus miembros sean designados por los miembros del Órgano Judicial para asegurar su autonomía.
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