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Fabiola Pomareda García
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La Federación Ecologista (Fecon), que agrupa a asociaciones, grupos y colectivos ecologistas de todo el país, hizo un llamado a salir a votar “en contra del continuismo extractivista, contaminante y machista” y “a hacerle frente al autoritarismo, la erosión de la institucionalidad democrática y la depredación ambiental promovida por el oficialismo”.
“La continuidad que representa Laura Fernández implicaría más retrocesos en materia ambiental como los que ha impulsado el actual gobierno de Rodrigo Chaves. Consideramos que su Partido Pueblo Soberano y sus aliados, representan una seria amenaza a la independencia de los poderes de la República, a los derechos fundamentales de la población costarricense (sobre todo de las mujeres) y a la participación activa y visible de las personas en los movimientos sociales”, se lee en el pronunciamiento emitido el jueves.
“Todos estos elementos son imprescindibles para la defensa de los territorios, las Áreas Silvestres Protegidas, la Zona Marítimo Terrestre, los ecosistemas frágiles, el derecho al agua, los ríos, las semillas, las comunidades y la vida en general, por lo que es necesario cuidarlos ante la amenaza del continuismo”, señaló la Fecon.
La Federación hizo un llamado “a los movimientos estudiantiles, de mujeres, de la diversidad, indígenas, campesinos y todas las fuerzas vivas de este país”, para que independientemente de los resultados electorales del domingo, se mantengan alertas, organizados y articulados.
“Hoy más que nunca es necesario fortalecer nuestros espacios y construir propuestas comunes ante los retos nacionales y globales que enfrentamos como sociedad y desde los movimientos sociales”, afirmaron.
Principales retrocesos en esta administración
La Federación hizo un recuento de lo que consideró los principales retrocesos en materia socioambiental de la administración Chaves Robles.
Mencionó el aumento de los niveles permitidos de plaguicidas en el agua para consumo humano por parte del Ministerio de Salud, que significó “la desprotección del agua y los ecosistemas que dependen de ella, sino también de la salud pública en Costa Rica”.
También citó el debilitamiento de la participación social en temas ambientales, poniendo como ejemplo el decreto ejecutivo N 44020-MAG, que excluyó sin consulta previa a la Red de Coordinación en Biodiversidad de la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad (CTNBio), comisión que tramita permisos de liberación de organismos transgénicos en el país.
Asimismo, la Fecon denunció el “manejo irregular de la institucionalidad ambiental”, citando que una de las causas penales que acumula el presidente de la República Rodrigo Chaves es el expediente 24-000041-0033-PE, que investiga su participación y la del ministro de Ambiente, Franz Tattenbach, en un posible tráfico de influencias y otras irregularidades en el otorgamiento de permisos para tala de árboles en terrenos que son parte del Refugio de Vida Silvestre Mixto Gandoca-Manzanillo, en una propiedad vinculada al empresario Allan Pacheco Dent.
Otra crítica de la Fecon es la “permisividad con el aleteo de tiburón”, en particular la captura, comercialización y exportación del tiburón martillo, a pesar de que una resolución de la Corte Suprema de Justicia reconoce a los tiburones como vida silvestre, lo que prohíbe su captura con fines comerciales.
Por otra parte, mencionaron el impulso del proyecto de ley 23.414, que consideran como un “debilitamiento profundo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y el avance de la privatización del Sistema Eléctrico Nacional (SEN)”, así como el proyecto de ley 24.717, para autorizar la exploración y explotación de la minería de oro a cielo abierto en el distrito de Cutris.
“Desde el movimiento ecologista conocemos las experiencias de otros países de la región que han privatizado sus sistemas eléctricos y han centrado el foco de la generación eléctrica en torno al lucro de las empresas y sabemos que esos procesos van de la mano con el aumento de proyectos eléctricos que tienen un fuerte impacto en los ríos, comunidades y territorios”, se lee en el comunicado.
Por último, denunciaron el aumento de la violencia hacia defensores ambientales y de derechos humanos, como múltiples casos de violencia hacia personas defensoras del territorio, incluyendo amenazas de muerte, “que se suman a la peligrosidad de desarrollar trabajo ecologista en territorios cada vez más afectados por la presencia del crimen organizado que ha sido totalmente desatendido, y aparentemente promovido, por este gobierno”.
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