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Jorge R. Imbaquingo
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El Gobierno de Ecuador anunció que promoverá reformas legales al sector eléctrico luego de que la Corte Constitucional declarara inconstitucional una norma que permitía delegar, de forma excepcional, servicios de energía eléctrica a empresas privadas por razones de interés público.
El pronunciamiento oficial se produjo en un contexto marcado por tensiones entre el Ejecutivo y el máximo tribunal del país, según informó EFE.
La decisión judicial se conoció el 11 de diciembre y generó una reacción inmediata del presidente Daniel Noboa, quien cuestionó el alcance del fallo y lo calificó como una decisión de carácter político que afecta la estabilidad energética del país.
En su resolución, la Corte Constitucional declaró inconstitucional el numeral 1 del artículo 25 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Esa disposición facultaba al Estado a delegar a empresas privadas, de manera excepcional, la participación en actividades del sector eléctrico cuando fuese necesario para satisfacer el interés público, colectivo o general.
El tribunal consideró que esa causal era demasiado general y no permitía identificar escenarios concretos que justifiquen la excepcionalidad de la delegación, tal como exige la Constitución. En consecuencia, determinó que la norma vulneraba los principios de seguridad jurídica y control estatal.
Tras conocerse el fallo, el Ministerio de Ambiente y Energía anunció que impulsará una propuesta de reforma legal para definir de manera técnica, clara y verificable las condiciones bajo las cuales el Estado podrá delegar de forma excepcional servicios eléctricos a privados.
La cartera de Estado señaló que el objetivo es brindar certeza jurídica a los proyectos futuros y fortalecer el control público sobre el sistema. Además, anticipó que se promoverá una reforma estructural del marco normativo y regulatorio del sector eléctrico.
El Ministerio indicó que la reforma buscará fortalecer la planificación, la transparencia, la calidad del servicio, la inversión responsable y la transición energética del país. La iniciativa apunta a consolidar un sistema eléctrico más eficiente y resiliente, sin cerrar la puerta a la participación privada bajo reglas claras.
Según el Ejecutivo, este proceso permitirá mejorar la gobernanza del sector y garantizar que las decisiones estratégicas se adopten con criterios técnicos y de largo plazo, en un contexto de creciente demanda energética.
Horas antes del anuncio ministerial, el presidente Daniel Noboa criticó duramente la decisión de la Corte Constitucional. En su cuenta de X, el mandatario afirmó que el fallo responde a un cálculo político y no a un análisis jurídico aislado.
“A esto nos enfrentamos todos los días. Es negar empleo, energía y estabilidad a las familias ecuatorianas”, escribió. Más tarde, publicó fotografías de los nueve jueces constitucionales y cuestionó quiénes votaron a favor de la prohibición de concesionar energía a privados.
Pese a la declaratoria de inconstitucionalidad, el Estado aún podrá delegar servicios eléctricos a privados en casos específicos. La sentencia permite la delegación cuando el servicio no pueda ser cubierto por empresas públicas o mixtas, o cuando se trate de proyectos que utilicen energías renovables no convencionales.
El Ministerio de Ambiente y Energía precisó que la decisión judicial no impide el desarrollo de proyectos en el sector eléctrico, ya que sus efectos son hacia el futuro y no afectan las delegaciones realizadas con anterioridad.
Este pronunciamiento se produce en medio de alertas por la ausencia de lluvias en las cuencas que alimentan a las principales hidroeléctricas del país. No obstante, el Gobierno ha descartado que esta situación derive en apagones como los registrados en 2024, cuando los cortes de energía alcanzaron hasta 14 horas diarias.
De acuerdo con EFE, el Ejecutivo sostiene que las reformas anunciadas buscan evitar nuevos episodios de crisis energética y asegurar la continuidad del servicio eléctrico, en un escenario donde la planificación y la inversión se han vuelto claves para la estabilidad del sistema.
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El pronunciamiento oficial se produjo en un contexto marcado por tensiones entre el Ejecutivo y el máximo tribunal del país, según informó EFE.
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La decisión judicial se conoció el 11 de diciembre y generó una reacción inmediata del presidente Daniel Noboa, quien cuestionó el alcance del fallo y lo calificó como una decisión de carácter político que afecta la estabilidad energética del país.
El alcance de la sentencia
En su resolución, la Corte Constitucional declaró inconstitucional el numeral 1 del artículo 25 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Esa disposición facultaba al Estado a delegar a empresas privadas, de manera excepcional, la participación en actividades del sector eléctrico cuando fuese necesario para satisfacer el interés público, colectivo o general.
El tribunal consideró que esa causal era demasiado general y no permitía identificar escenarios concretos que justifiquen la excepcionalidad de la delegación, tal como exige la Constitución. En consecuencia, determinó que la norma vulneraba los principios de seguridad jurídica y control estatal.
- No deje de leer: Daniel Noboa cuestiona fallo de la Corte Constitucional sobre concesiones eléctricas en Ecuador
Respuesta del Ejecutivo
Tras conocerse el fallo, el Ministerio de Ambiente y Energía anunció que impulsará una propuesta de reforma legal para definir de manera técnica, clara y verificable las condiciones bajo las cuales el Estado podrá delegar de forma excepcional servicios eléctricos a privados.
La cartera de Estado señaló que el objetivo es brindar certeza jurídica a los proyectos futuros y fortalecer el control público sobre el sistema. Además, anticipó que se promoverá una reforma estructural del marco normativo y regulatorio del sector eléctrico.
- Más del tema: ¿La Corte Constitucional frenó la inversión privada en energía?; así responde a cuestionamientos
Reforma estructural en agenda
El Ministerio indicó que la reforma buscará fortalecer la planificación, la transparencia, la calidad del servicio, la inversión responsable y la transición energética del país. La iniciativa apunta a consolidar un sistema eléctrico más eficiente y resiliente, sin cerrar la puerta a la participación privada bajo reglas claras.
Según el Ejecutivo, este proceso permitirá mejorar la gobernanza del sector y garantizar que las decisiones estratégicas se adopten con criterios técnicos y de largo plazo, en un contexto de creciente demanda energética.
Críticas del presidente Noboa
Horas antes del anuncio ministerial, el presidente Daniel Noboa criticó duramente la decisión de la Corte Constitucional. En su cuenta de X, el mandatario afirmó que el fallo responde a un cálculo político y no a un análisis jurídico aislado.
“A esto nos enfrentamos todos los días. Es negar empleo, energía y estabilidad a las familias ecuatorianas”, escribió. Más tarde, publicó fotografías de los nueve jueces constitucionales y cuestionó quiénes votaron a favor de la prohibición de concesionar energía a privados.
Lo que sí permite el fallo
Pese a la declaratoria de inconstitucionalidad, el Estado aún podrá delegar servicios eléctricos a privados en casos específicos. La sentencia permite la delegación cuando el servicio no pueda ser cubierto por empresas públicas o mixtas, o cuando se trate de proyectos que utilicen energías renovables no convencionales.
El Ministerio de Ambiente y Energía precisó que la decisión judicial no impide el desarrollo de proyectos en el sector eléctrico, ya que sus efectos son hacia el futuro y no afectan las delegaciones realizadas con anterioridad.
Contexto energético y sequía
Este pronunciamiento se produce en medio de alertas por la ausencia de lluvias en las cuencas que alimentan a las principales hidroeléctricas del país. No obstante, el Gobierno ha descartado que esta situación derive en apagones como los registrados en 2024, cuando los cortes de energía alcanzaron hasta 14 horas diarias.
De acuerdo con EFE, el Ejecutivo sostiene que las reformas anunciadas buscan evitar nuevos episodios de crisis energética y asegurar la continuidad del servicio eléctrico, en un escenario donde la planificación y la inversión se han vuelto claves para la estabilidad del sistema.
- Enlace extra: Crisis energética 2024.
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